Instituciones de Salud acumularon 84 quejas por violación a derechos humanos en 2019 en SLP

Antonio González Vázquez

Las dependencias y entidades públicas del Gobierno Federal en San Luis Potosí cerraron el 2019 con 148 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Encabezan la lista el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud.

Con 58 quejas, que equivalen al 39.18 por ciento, se colocó en primer lugar el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De las quejas en contra del IMSS, 52 corresponden a clínicas y hospitales ubicados en la capital del estado; dos a Ciudad Valles y, con una, las de los municipios de Coxcatlán, Matehuala, Santa María del Río y Tampacán.

Otra institución del sector de la salud que le sigue al IMSS en cuanto a quejas acumuladas en su contra es el ISSSTE, que sumó al término del año pasado 24 quejas que representan el 16.21 por ciento del total de las quejas.

Asimismo, 22 de las quejas contra el ISSSTE se relacionan con presuntas violaciones a los derechos humanos de los derechohabientes en clínicas y hospitales ubicados en la capital del estado, una del municipio de Cárdenas y la otra de Ciudad Valles.

La Secretaría de Salud tiene a su vez dos quejas en su contra, ambas, radicadas en la capital potosina.

Lo anterior supone que las tres principales instituciones de seguridad social del Gobierno Federal sumaron 84 quejas de las 148.

Entre los principales motivos de queja destacan: prestar indebidamente el servicio público, negligencia médica, omitir suministrar medicamentos, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social e incluso, omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, las instituciones encargadas de proporcionar servicios de salud, son las más que incurren con mayor frecuencia en actos violatorios de los derechos humanos de sus derechohabientes.

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