Desiree Madrid
Personas jubiladas del Poder Judicial de San Luis Potosí se manifestaron este miércoles frente a la Ciudad Judicial para exigir que se aplique a sus pensiones el incremento salarial de 3.5 por ciento autorizado para trabajadores del Gobierno del Estado, así como el pago de los retroactivos correspondientes.
Integrantes de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí denunciaron que llevan 28 días sin respuesta a una solicitud de reunión presentada el 1 de octubre ante las autoridades judiciales. El objetivo, señalaron, era abrir una mesa de diálogo para plantear sus demandas.
En un manifiesto fechado este 28 de octubre, acusaron al Órgano de Administración Judicial de mantenerlos sin información sobre la regularización de sus pensiones, pese a que el aumento salarial fue autorizado desde el 10 de agosto para trabajadores del Gobierno estatal.
“Para las autoridades actuales nos hemos vuelto ‘invisibles’”, expresaron los jubilados, quienes cuestionaron que la institución encargada de impartir justicia no haya atendido su petición de diálogo.
La asociación sostuvo que la falta de respuesta vulnera su derecho de petición y acusó a las autoridades de prolongar el proceso sin fijar una fecha para el encuentro solicitado. También rechazó que la falta de presupuesto sea una justificación para mantener pendientes los ajustes salariales.
El reclamo incluye la actualización de los tabuladores generales de sueldos, su publicación en el Periódico Oficial del Estado y la comunicación correspondiente a Pensiones del Gobierno estatal, con el propósito de que el incremento se refleje en los ingresos de quienes se retiraron del servicio judicial.
Los manifestantes advirtieron que el retraso tiene consecuencias económicas para personas que, por su edad, enfrentan enfermedades crónicas y otras limitaciones. Señalaron que resulta injustificado tener que movilizarse cada año para exigir el reconocimiento de sus prestaciones.
En el documento, la asociación hizo un llamado a la consejera presidenta del Órgano de Administración Judicial, Mónica Lárraga Sáinz, a la consejera Berenice de la Rosa Reynoso y al consejero José Alfredo Salazar Hernández, para que atiendan sus demandas.
La agrupación, presidida por Ana Luisa Morales Lara, anunció que mantendrá las movilizaciones y los plantones, además de emprender acciones legales, hasta que se cubran los incrementos y retroactivos que reclama.
“¡Justicia que tarda no es justicia!”, concluye el manifiesto de los jubilados, quienes exigen que el aumento salarial autorizado para 2026 también se traduzca en una actualización efectiva de sus pensiones.
