Estela Ambriz Delgado
A casi un año de haber sufrido un terrible ataque de su ex pareja, en el que le arrancó el 80 por ciento del labio inferior, Katia no solamente vive con miedo de ser agredida de nuevo por Hernán N., –quien fue puesto en libertad por el juez Carlos Alberto Ávalos Hernández, al considerar que sus lesiones fueron “mínimas” y sólo ameritaban el pago de la atención médica que recibió– además aún es acosada por su agresor e inclusive es víctima de violencia digital por el juzgador y su esposa.
Katia Balderas Nava fue víctima de una agresión brutal por parte de quien fue su pareja; tuvo que pasar días con su labio cercenado a la espera de que cediera la infección que se suscitó, costearse una cirugía de reconstrucción debido a la falta personal en el sistema de salud, pasar por el lento periodo de recuperación, y tratar de seguir adelante con su vida, a pesar de las afectaciones psicológicas por los hechos.
En su búsqueda de justicia, debió pasar por toda la tramitología necesaria para dar seguimiento a la denuncia que su madre presentó y hacer su declaración cuando apenas si podía hablar. Sin embargo, la decisión de un juzgador sin perspectiva de género la ha dejado en un estado de vulnerabilidad, que la mantiene en un ánimo de temor e impotencia debido a que su agresor sigue con su vida normal en libertad.
Hernán N. continúa acosándola, intentó demandarla porque al darse a conocer su caso, personas ajenas a ambos comenzaron a señalarlo en redes sociales y hasta la fecha no ha realizado ningún pago de lo que Katia desembolsó por su operación.
A esta situación se suma, que ante la inconformidad que ella ha manifestado por la decisión del juez Ávalos Hernández, este y su esposa Iraidés Ochoa han comenzado a violentarla digitalmente al seguir sus publicaciones y burlándose de las que lo mencionan, posiblemente porque esto afecta a la campaña de él como candidato a juez especializado en oralidad penal en las próximas elecciones del Poder Judicial.
Los antecedentes de agresión
La relación de Katia y Hernán inició en 2020 como en su mayoría, con un buen trato y detalles, pero después de un año se dio la primera agresión: le rompió su celular y comenzó a golpearla a puño cerrado, por lo que ella lo dejó y presentó una denuncia. Sin embargo, ante las amenazas de él, decidió dejar un tiempo la ciudad, y se fue a Guadalajara.
“Yo fui y metí esa demanda, pero como él me amenazó, me empezó a decir de que ya sabía dónde vivía, que me iba a matar, que iba a matar a mi familia, muchas cosas, entonces sí continué con la demanda y me dijeron que había una orden de restricción, pero yo por miedo me tuve que ir de aquí”.
Después de unos meses, ella regresó a San Luis Potosí y, casualmente, Hernán comenzó a trabajar cerca de la casa de los padres de Katia y también volvió a contactarla con el argumento de que estaba en terapia psicológica y quería pedir perdón a quienes había hecho daño.
Aunque le enviaba algunos mensajes donde decía extrañarla, volvió a manifestar celos por publicaciones de ella en donde mostraba obsequios o salía con otro hombre, a tal punto que Katia tuvo que cancelar el número que utilizaba para su trabajo como enfermera geriátrica y con el que llevaba más de diez años.
Inclusive un par de semanas antes de la segunda agresión, unas amigas le comentaron mientras estaba en una fiesta por el cumpleaños de una de ellas, que Hernán la estaba siguiendo, pues vieron que pasó unas ocho veces y volteaba hacia donde se encontraban.
Las amenazas se cumplieron
El 29 de septiembre del 2024, Katia y una conocida asistieron a un bar, al que posteriormente también llegó Hernán con un amigo, y decidieron unirse a la mesa de ellas. Aunque no se encontraba del todo cómoda con la situación, no le dio mucha importancia porque ya estaba poniéndose de acuerdo con otra amiga para encontrarse en otro sitio, pero quien la acompañaba los invitó a su casa a cenar y accedió por cortesía.
No obstante, después de un tiempo Katia manifestó que ya se retiraba, lo que molestó a Hernán y le dijo “ah sí, pues seguramente ya te vas te vas a ir de puta, como siempre, nunca cambias, siempre vas a ser igual”, y su amigo intervino diciéndole que se calmara y la dejara ir.
Katia se levantó llevando su bolso y dijo que iría al sanitario, pero al salir se fue directo por un pasillo hasta la calle; justo cuando llegó a la puerta, Hernán la alcanzó y comenzó a insultarla y golpearla.
“Me agarró del cabello, me empezó a azotar en la pared y me tiró una primer mordida aquí en el ojo derecho, aquí por el pómulo (…) ahí sí me lo pude quitar, lo empecé a aventar y también le empecé a pegar y después me empezó a pegar con el puño en la cara, en la cabeza; me dio patadas también en las piernas, y ahí fue cuando me dio la mordida más certera, porque me agarró en el labio, yo intentaba quitármelo, pero me dolía. Entonces ahí ya no pude hacer más, solamente vi cuando me jaló todo el labio completo, se me quedó viendo y lo escupió al piso y se fue corriendo”.
Al escuchar los gritos, la joven que la había invitado a su casa salió, pero en cuestión de segundos el ataque fue perpetrado, Hernán salió corriendo y más adelante se subió a un automóvil blanco, presumiblemente de su acompañante.
Katia se trasladó como pudo al IMSS de Cuauhtémoc, en donde la revisaron y le dijeron que era aproximadamente el 80 por ciento del labio lo que le había mutilado el agresor. Las enfermeras le dijeron que tenía que esperar alrededor de unos tres días para que hubiera algún cupo para cirugía, pero ella no quería esperar por mucho tiempo, pues su herida ya se había infectado.
Por ello prefirió acudir a una clínica privada, donde tuvo que estar en observación y esperar a que se quitara la infección, suministrándole antibióticos. Mientras, el cirujano estudiaba cómo reconstruiría su labio, dado que su agresor le arrancó la parte mas gruesa, dejando prácticamente sólo las orillas.
La decepcionante búsqueda de justicia
La operación duró alrededor de cinco horas y tuvo que quedarse otros días más en observación. Una semana después de haber sido dada de alta, ya que pudo comenzar a hablar, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a tomar su declaración y hacerle una evaluación psicológica. La primera que declaró fue su madre, quien presentó la denuncia.
Luego de casi tres meses en los que Hernán seguía en su casa como si nada hubiera sucedido y ella permanecía encerrada y con temor, personal de la Fiscalía le avisó el 28 de diciembre que ya tenían la orden de aprehensión en contra de su agresor; lo aprehendieron el 31 de diciembre de 2024.
Ese mismo día en la noche le enviaron a Katia una notificación para citarla a audiencia el 1 de enero de 2025, pero no asistió porque no se encontraba en condiciones físicas ni psicológicas para enfrentar a su agresor, por lo que sólo asistió su abogado, quien le informó que Hernán no quiso manifestar nada ni tenía defensa legal.
El 2 de enero le notificaron que la siguiente audiencia sería el día 6 del mismo mes para dictarle sentencia, lo que le pareció bastante inusual por la rapidez con que estaba sucediendo. Ella asistió y pudo percatarse de que Hernán pidió al juez Ávalos Hernández más tiempo para que llegara su abogado particular, lo que finalmente nunca sucedió, pero aplazó la audiencia unas horas más.
A pesar de que su abogado y otra persona de la Fiscalía comenzaron a apelar los argumentos del juez, y señalarle que había el antecedente de una demanda en 2021, este la desestimó debido a que “ya tenía mucho y estaba vencida” por no seguir adelante con el proceso.
Después, al revisar su historial clínico, como en el documento no refería como tal a una mutilación del labio sino que hablaba de una reconstrucción del labio inferior, y además consideró que ella se veía bien, el juez Ávalos calificó sus lesiones como mínimas y determinó que Hernán no era un riesgo para ella, porque cuando un agresor le hacía daño a una víctima como una mutilación, era para hacer ver mal a la persona ante la sociedad, y no era su caso.
El juez consideró que la única pena necesaria para que el agresor pagara, era resarcir económicamente lo que Katia gastó en hospitalización y su cirugía en un periodo de tres meses, además de que podría continuar con su proceso en libertad. Pese a que su defensa quiso apelar, Ávalos no tomó en cuenta sus señalamientos.
Aunque le dijeron que le enviarían una orden de restricción, nunca le dieron más que las medidas cautelares consistentes en que, una vez al mes, una patrulla de la Guardia Civil Estatal acuda a su domicilio a verificar que se encuentre bien y llamadas de manera regular con el mismo fin.
Sin embargo, al enviarles videos para informar que el agresor la ha seguido, argumentan que no son una prueba fehaciente porque no se aprecia su rostro, aunque se puede observar que el mismo vehículo pasa tres o cuatro veces seguidas y se escucha que una persona le advierte que es Hernán, para que se meta a su domicilio.
Asimismo, cuenta con mensajes que le envió en donde le decía que lo perdonara y que la amaba, así como otros donde le reclama una supuesta difamación y la amenazó con demandarla porque, presuntamente, unos desconocidos fueron a amedrentarlo a su domicilio; su hermana también le escribió mensajes en ese sentido, pero en la Fiscalía le dicen que no se puede considerar acoso.
Después de la tormenta… las secuelas
Esta situación afectó a Katia en diversos aspectos de su vida comenzando por lo laboral, ya que atendía a tres pacientes y tuvo que suspender un tiempo su servicio. Al retomar sus labores, dejó de trabajar por la tarde, pues temía estar sola en la calle al llegar la noche y trasladarse a su casa.
De igual forma, se vio afectada psicológicamente: por un tiempo dejó de comer, no quería salir, no quería hacer nada, solamente estar encerrada en su cuarto.
“Yo me veo al espejo y sí me noto mucho la diferencia, la gente me dice, ‘Ay, no, se te ve muy bonito, se te ve bien’ , pero yo no me veo así. Yo digo, ‘no, es que este no era mi labio, no soy yo’. No me siento bien, no me gusta, sí es difícil”.
Tras el ataque, Katia se ha vuelto mucho más desconfiada y vive vigilante de su entorno; siempre que sale a la puerta de algún lugar, voltea a todos lados para verificar que no esté su agresor, e inclusive por medios digitales debe ignorar mensajes que provengan de cuentas desconocidas, pues piensa puede ser Hernán tratando de contactarla.
“Sí me da miedo que lo vaya a ver en la calle y me quiera hacer algo, no sé, pues sí está difícil (…). En realidad sí le tengo miedo y si digo ‘no puede ser que una persona que te llegue a dañar tanto así, una mutilación, algo tan fuerte, todavía pueda seguir en la calle’”.
A pesar de ser una mujer fuerte, al haber superado esta situación y seguir adelante, vive con temor: antes de que fuera mutilada, su agresor le decía que quería “terminar con eso”, lo que ella interpreta como que quiere terminar con su vida o dañarla más, de tal forma que si quede una afectación más visible.
“Me compré un taser, pero pues creo que no me servía de mucho, la verdad. Porque me imagino que no va a llegar a cuando yo lo esté viendo así de frente o algo, a lo mejor me va a llegar por atrás, desprevenida, no sé, así como es él”.
Luego de que su caso se hizo mediático al salir en un noticiero televisivo a nivel nacional, personal de la Secretaría General del Gobierno del Estado se comunicó con ella y la canalizaron al Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), donde le asignaron una abogada.
Entre las acciones que realizaron, se apeló la decisión del juez y, como resultado, la Segunda Sala de la Unidad de Gestión de Segunda Instancia, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinó modificar el auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley penal tipifica como violencia familiar reiterada y de lesiones cometidas contra la mujer por razón de género, por lo que se citará próximamente a una audiencia en la que se buscará reclasificar el delito.
Total ausencia de perspectiva de género
Al respecto de este caso y la determinación tomada por el juez Carlos Ávalos, la abogada penalista y experta en política criminal, Claudia Espinosa Almaguer, puntualiza que en hechos de violencia contra las mujeres, los jueces están obligados a integrar la perspectiva de género, ya que es un deber para todos los operadores en sus respectivas intervenciones.
“Aquí por ejemplo, la Ley [General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia] dice que debió aplicar una metodología para identificar, cuestionar y valorar la discriminación sexual, develada en la saña con que se produjo la lesión, en el contexto de una relación violenta, porque eso está claro en la relatoría de la víctima y en su cuerpo al presentar una mutilación en su boca que es parte su cara y de su imagen”.
De igual forma, indicó que, de acuerdo con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares que se pueden aplicar para asegurar la presencia del imputado —pero también para garantizar la seguridad de la víctima—, van desde obligarlo a presentarse periódicamente, prohibir la salida de un espacio determinado, impedirle acercarse o comunicarse, separarlo del domicilio y sí, la prisión preventiva, sea oficiosa o justificada.
Por otra parte, la abogada precisó que cuando la autoridad no reconoce que el hecho es relevante, no se da el acceso a la justicia o se cuida de la integridad de la mujer durante el proceso, la violencia puede continuar fuera de los juzgados y empeorar, sumado a que debilita enormemente el empuje con el que las víctimas atraviesan los procesos.
Indicó que desde la creación de la LGAMVLV se ha explicado que la vida y la libertad de las mujeres es clave para comprender el deber de actuación judicial, pues las decisiones judiciales omisas o laxas contra la violencia que padecen está presente en todos los países.
En este sentido puso como ejemplo las penas disminuidas a violadores en España gracias a la ley de “Solo sí es sí”, al igual que sucedió en Francia con los agresores de Giselle Pelicot, o el tiempo que le tomó a la sobreviviente Carmen Sánchez obtener una sentencia por tentativa de feminicidio en el Estado de México: más de una década.
“Ya no les falta capacitación, sencillamente no quieren porque la justicia está severamente arraigada en creencias machistas y patriarcales como lo es la gran mayoría de los ámbitos del Derecho”.
Respecto al las interacciones que el juez Ávalos y su esposa han tenido en las redes sociales de Katia, la experta señaló que los actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación se reconocen en la LGAMVLV como violencia digital.
Añadió que el uso de particulares en el contexto de acoso, o cualquier conducta que constituya un delito o falta administrativa, le compete al Consejo de la Judicatura, pero los supuestos de la Ley Orgánica son insuficientes.
“¿Nos hace sentido que esta violencia en el ámbito digital sea una reacción ante una denuncia pública sobre la actuación de quien imparte justicia? La víctima se queja de que se le dijo en audiencia y cito: ‘que en las fotos no se veía que era como tal una mutilación’, ‘una mutilación es para tú dejar desfigurada a una persona, para hacer que esa persona ya no se viera bonita, que no se viera bien, no luciera para la sociedad’, mientras la decisión la dejó en un estado de indefensión y vulnerabilidad personal”.
Espinosa Almaguer concluyó que este tipo de prácticas no resultan extrañas para el movimiento feminista, pues es lo común, pero cuestionó si el Poder Judicial quiere seguir siendo un referente de decisiones misóginas. Si este está dispuesto a sostener la omisión y negligencia de sus operadores, deberá igual de aceptar la crítica que hacen las víctimas.
“Estamos en un país feminicida”.
