María Ruiz
Los procesos familiares pueden convertirse en largos periodos de espera para las madres y padres que buscan resolver una disputa ante los tribunales, pero detrás de cada expediente hay una realidad que corre a otro ritmo: la de niñas, niños y adolescentes que continúan creciendo mientras las personas adultas esperan acuerdos, audiencias, convivencias o resoluciones.
Ese fue uno de los principales llamados de Red Libres, una articulación de organizaciones civiles que trabajan por una vida libre de violencia sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes, durante una rueda de prensa realizada este viernes frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Claudia Cuéllar, abogada y defensora de los derechos humanos de las infancias, sostuvo que cuando un procedimiento se prolonga no solamente se retrasa la solución de un conflicto entre personas adultas. También puede modificarse la vida cotidiana de una niña, un niño o un adolescente: sus vínculos familiares, sus cuidados, sus rutinas y su desarrollo.
“El tiempo de un expediente no transcurre igual que el tiempo de una niña o un niño: cada día cuenta para su desarrollo, sus cuidados y sus vínculos familiares”, señaló.
La reflexión parte de una pregunta que, de acuerdo con Cuéllar, debe permanecer presente incluso cuando existen recursos, cambios de juzgado o controversias legales: ¿qué está ocurriendo con la niña, niño o adolescente mientras el procedimiento continúa?
“No son expedientes. No son pruebas. No son instrumentos de negociación ni estrategias para dañar a la otra parte. Son personas titulares de derechos”, sostuvo.
Cuéllar también planteó que tampoco significa asumir automáticamente que una madre o un padre tiene derecho a una convivencia sin límites. Cuando existe un riesgo para una niña, niño o adolescente, explicó, las autoridades deben investigarlo, valorarlo y establecer las medidas necesarias.
El punto, dijo, es que cualquier restricción o demora debe analizarse permanentemente desde una pregunta distinta a la disputa entre adultos: qué necesita y qué protege a la niña, niño o adolescente involucrado.
Meses para una convivencia, alimentos que siguen sin acuerdo
Las abogadas que participaron en la conferencia señalaron que las demoras no son únicamente una percepción de las familias, sino una situación que enfrentan durante la tramitación de distintos asuntos.
Alejandra Rivera, abogada postulante, afirmó que existen niñas, niños y adolescentes que tienen que esperar entre tres y cuatro meses para que se regularice una convivencia o para que se resuelvan cuestiones relacionadas con alimentos.
“Estamos hablando de que son niños, niñas y adolescentes que tienen que esperar hasta tres, cuatro meses para que se pueda regularizar una convivencia en Cecofam, que puedan obtener alimentos, que también es una cuestión bastante importante”, señaló.
Explicó que, ante la falta de acuerdos oportunos en los juzgados familiares, las litigantes han tenido que acudir a la justicia federal para solicitar suspensiones de plano.
Según Rivera, estas determinaciones permiten que algunos asuntos sean atendidos con mayor rapidez, pero consideró que las familias no deberían tener que recurrir constantemente a otra instancia para conseguir que un asunto que involucra derechos de niñas, niños y adolescentes sea atendido de manera inmediata.
“No es un golpeteo al tribunal, es simplemente que también se nos apoye o se les apoye con personal a los juzgados familiares porque ya están con un rezago del rezago del rezago y esto no termina”, sostuvo.
La abogada incluso planteó que el Poder Judicial debería considerar la posibilidad de abrir otro juzgado familiar para atender la carga de trabajo.
Como ejemplo de las demoras, relató:
“Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos y es fecha que sigo hablando y hablando y el juez me dice que ya va a salir y no sale”.
También cuestionó que algunos acuerdos puedan tardar uno o dos meses en emitirse después de que se presenta una promoción y pidió a las nuevas personas juzgadoras actuar conforme a los plazos y criterios que rigen los procedimientos.
“Yo lo único que pido es que hagan su trabajo”, expresó.
El litigio también debe mirar a la infancia
Cuéllar puso también el foco en la responsabilidad de quienes participan en los procesos judiciales.
En los conflictos familiares, dijo, puede ocurrir que las personas adultas utilicen el propio proceso como parte de la confrontación, mientras las necesidades de las niñas y los niños quedan desplazadas.
Por ello, sostuvo que las abogadas y abogados también deben preguntarse qué efecto tiene cada estrategia procesal en la vida de las infancias.
“No quiero convivir” es una de las expresiones que, señaló, pueden aparecer dentro de estos conflictos. Pero frente a ello, dijo:
“Depende de también cómo nosotros como abogados nos conduzcamos con ética, que nos conduzcamos con las cosas que realmente son ciertas y que busquemos el interés superior de los niños y las niñas”.
Por ello llamó a no perder de vista que el conflicto jurídico pertenece a las personas adultas, pero las consecuencias pueden recaer sobre niñas, niños y adolescentes.
La abogada también señaló que Red Libres continuará realizando acciones de visibilización cada día 25 frente al Poder Judicial para acompañar estos casos y colocar en el debate público las distintas formas de violencia que afectan a las infancias.
Un expediente puede cambiar, pero la infancia sigue avanzando
Uno de los planteamientos centrales de Red Libres es que la existencia de un recurso judicial, un amparo o un cambio de juzgado no detiene el desarrollo de una niña o un niño.
Mientras un expediente pasa de una instancia a otra, se presentan promociones o se espera una resolución, las infancias continúan creciendo.
En un bebé, señaló la red, esto implica considerar cuestiones tan concretas como su alimentación, cuidados cotidianos, desarrollo físico y emocional y los vínculos con sus progenitores y familia extensa, además de las consecuencias que puede tener una separación prolongada.
“Su corta edad y su imposibilidad de expresar verbalmente lo que necesita no pueden convertirlo en invisible dentro del expediente”, planteó Red Libres en su posicionamiento.
La red recordó que la legislación mexicana reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y que existen herramientas para que quienes imparten justicia incorporen la perspectiva de infancia en los asuntos que los afectan.
La exigencia, por tanto, no se centra únicamente en que los juzgados resuelvan más rápido. También implica que durante todo el procedimiento se determine qué medidas pueden proteger los derechos de las infancias mientras el litigio continúa.
Durante la rueda de prensa, Adriana Luna Martínez expuso el caso de sus hijos, Emiliano y Nicolás, para mostrar cómo un procedimiento judicial puede modificar la vida cotidiana de una familia.
Relató que en 2023 fue declarada en rebeldía dentro de un procedimiento que, según afirmó, desconocía porque nunca tuvo conocimiento de la demanda. En 2026, dijo, su hijo fue sustraído y posteriormente encontró una sentencia definitiva mediante la cual el padre obtuvo la custodia.
Luna Martínez afirmó que actualmente el juzgado cuarto únicamente le permite convivir con su hijo durante 60 minutos en Cecofam.
“Esa infancia que le va a robar el juez cuarto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le va a devolver ese abrazo?”, cuestionó.
Más allá de su propia situación, la madre centró su reclamo en las consecuencias que los procesos tienen para las infancias.
“Detrás de este expediente hay muchos niños, niñas, adolescentes que quieren una convivencia sana. No se trata de mamá, papá. Se trata de los niños. ¿Qué estamos haciendo con los niños?”, expresó.
Luna Martínez manifestó:
“Espero vuelva a casa y no sea en dos años, sea pronto”.
