Adriana Ochoa
Una carpeta de denuncia por tortura, entre otras 265 cuyo destino no está claro para el Instituto Federal de Defensoría Pública, abrió la sospecha de una fiscalía fantasma en San Luis Potosí, creada en el papel para simular la atención a las denuncias de tortura, abusos policiacos y otros excesos.
El 30 de marzo de 2023, la pasada Legislatura anunció en tonos gloriosos una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí: se creaba la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta nueva fiscalía tendría plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación, persecución y acusación de los hechos delictivos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Pero la historia no comenzó con la creación benevolente de Congreso, sino más atrás, obligado el Legislativo potosino por el fallo de un juez federal. El 31 de diciembre de 2021, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, presentó un amparo exigiendo la creación de una Fiscalía Especializada en Tortura, una deuda pendiente desde 2017 por ordenamiento federal.
La promoción de amparo se dirigía al fiscal general, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, por conducta omisa ante la obligación de crear la fiscalía estatal anti tortura, competente para conocer de los actos de tortura o malos tratos cometidos en perjuicio de un denunciante de San Luis Potosí atendido por la Defensoría Federal.
El Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí otorgó el amparo el 20 de abril de 2022. La sentencia fue clara: el Congreso, el Gobernador y la Fiscalía General de San Luis Potosí debían iniciar el proceso legislativo para crear esta fiscalía especializada autónoma, con personal capacitado y recursos propios.
Además, la nueva fiscalía tendría que asumir la investigación de todas las denuncias de tortura presentadas a partir del 25 de diciembre de 2017, por la larga omisión con respecto del ordenamiento federal. El motor de la Defensoría Federal fue un caso específico de tortura que a esa data se encontraba en la entonces Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Torturas, de la Fiscalía General del Estado.
El mandato del juez extendió la obligación de atender otros 264 expedientes para asegurar que las víctimas tuvieran acceso a una justicia especializada y que no quedaran en el limbo.
Con base en los reportes de cumplimiento presentados por el Congreso, la Fiscalía General, el Gobierno del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 10 de abril de 2025, el juez tercero de distrito declaró que la sentencia de amparo “habíasido cumplida”.
La Defensoría Pública Federal no tardó en impugnar esa sentencia e interpuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, el 7 de mayo de 2025.
El Congreso, la Fiscalía General y la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí, había informado al juez federal que se dotó de recursos a la nueva fiscalía anti tortura: su presupuesto oficial de este año es de 13 millones 626 mil 987 pesos y 63 centavos.
La Defensoría Pública Federal puso en duda lo del presupuesto asignado y pidió comprobantes, pero el tribunal no consideró fundada su exigencia para los fines del fallo protector. Gobierno y Fiscalía General incluso presentaron un nombramiento del titular de la fiscalía (que no se ha hecho público), fotografías del local asignado y de mobiliario adquirido, así como documentos de arrendamiento y compra, respectivamente.
Si embargo, el tribunal coincidió con la Defensoría en la falta de pruebas sobre el personal capacitado que la fiscalía anti tortura contrató para su operación, o por lo menos pruebas del transferencia del personal de la extinta Unidad contra el Delito de Trata y Tortura a la nueva entidad .
“La Fiscalía General del Estado indicó que desarrolló los procesos que corresponden para la contratación de personal — ministerios públicos, policías, peritos, etcétera—; pero no hay certeza de que las personas seleccionadas se incorporaron a tal dependencia”.
En febrero pasado, ante la falta de información sobre el trabajo realizado por la fiscalía anti tortura, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, el diputado morenista Cuauhtli Badillo Moreno, ofreció a la prensa investigar: “Vamos a ver qué avance tiene, cuántas denuncias tiene, qué avance han tenido estas denuncias, y con esos parámetros, podemos asumir una postura sobre el tema”, declaró. No se sabe hasta ahora, cinco meses después, qué datos encontró el diputado.
En su resolución, el tribunal destaca que la simple designación de un fiscal, el arrendamiento de un inmueble y la adquisición de mobiliario, resultan insuficientes si no hay capital humano.
“La designación de un Fiscal Especializado, arrendar un inmueble y equiparlo resulta fútil, sin demostración de que hay personal para lograr el objetivo para el que se ordenó crear esa oficina”, concluye.
Más preocupante aún, el tribunal subraya la falta de evidencia documental sobre la transferencia de las 265 carpetas de investigación que se encontraban en la extinta Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tortura a la nueva Fiscalía Especializada. ¿Dónde están esos expedientes? ¿Qué ha sido del caso entre esos 265 que originó este largo proceso?
El señalamiento de esta omisión es grave. La incertidumbre sobre estas investigaciones deja a las víctimas en un estado de vulnerabilidad. ¿Lo entiende en su justa dimensión el gobierno de Gallardo?
En la página web, hasta ayer, la Fiscalía General del Estado no consideraba al nuevo titular de la fiscalía anti tortura, si es que lo hay, en el listado y promoción de los servicios de las fiscalías especializadas, con fotografía y nombre de los titulares de cada una de ellas. Simple: no están.
Tampoco hay certeza sobre la ubicación de la fiscalía: un día la ubican en Tancanhuitz, por inexplicable criterio de descentralización; otro día una convocatoria en X para denunciar abusos y tortura llama a acudir a una casa en las Lomas y en otro contenido marcan que atienden en Independencia, en el barrio de San Miguelito, donde opera la Fiscalía en Delitos Electorales.
Por unanimidad, el Tribunal Colegiado en Materia Penal ha revocado el acuerdo que daba por cumplida la sentencia de amparo. El Juzgado Tercero de Distrito deberá ahora requerir a las autoridades para que demuestren que la Fiscalía Especializada cuenta con personal suficiente y capacitado. Asimismo, se les exige que presenten evidencia de la transferencia de las carpetas de investigación, especialmente la del caso específico mencionado en el amparo.
Esta resolución es un recordatorio de que la justicia no se satisface con declaraciones, sino con acciones concretas y verificables. La creación de una fiscalía es un paso, pero su operatividad y la garantía de que las víctimas serán atendidas son la verdadera medida del cumplimiento.
No basta con aparentar que se cumple. La justicia, en este caso, exige más que formalidades.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
