Por Victoriano Martínez
Si algo alarmó a la población tras el incendio que se registró en la empresa Polímeros Nacionales fue la incertidumbre sobre la calidad del aire que se respiró esa noche en la ciudad ante la deficiente y propagandística reacción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Pero hay señales aún más alarmantes que la gigantesca humareda provocada por el incendio en la zona industrial del pasado 8 de abril: una contaminación persistente que se da en distintos rumbos de la ciudad sin una respuesta efectiva de las autoridades, a pesar de que se les denuncie.
El caso de la zona norte de la capital, entre fraccionamientos como Paseo de las Arboledas, Villas de Jacarandas y colonias aledañas presentado en este portal, aunque no puede considerarse el único en la ciudad, ni por la forma en que operan los contaminadores, ni por la falta de reacción de las autoridades.
En esa misma zona, habitantes de las colonias Alborada, Amanecer, La Brisa, Villas de Jacarandas, Morales Saucito y zonas aledañas preparan una denuncia colectiva por posibles violaciones a derechos humanos ambientales.
Señalaron varias alternativas como destinatarios de sus denuncias: la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De las cuatro, ya una fijo postura: Sonia Mendoza Díaz, titular de la SEGAM, dijo no tener conocimiento específico del caso al momento de ser consultada, y reconoció la existencia de múltiples tiraderos clandestinos en la ciudad, y aclaró que se trata de manejo de residuos cuyo control le corresponde a la autoridad municipal.
Algo así como “no conozco ese caso, pero no es ninguna novedad, ocurre por todos lados, pero a nosotros ni nos toca… y háganse bolas”.
Quizá no le toque el manejo de residuos, pero lo que corresponde al monitoreo de la calidad del aire no deja de ser su responsabilidad, y si este se ve afectado por un mal manejo de residuos, es a la SEGAM a quien le compete prevenirlo, controlarlo y advertir a la población sobre sus riesgos.
Fue notoria la irresponsabilidad de apresurarse a hablar de buena calidad del aire tras el incendio en Polímeros Nacionales que provocó alarma pública, que poco o nada puede esperarse de Mendoza Díaz y de Gallardo Cardona ante la grave contaminación que hoy denuncian en colonias populares del norte de la ciudad.
Invierten más en proyectar propagandísticamente que todo está bien que en contar con equipos de monitoreo adecuados y suficientes para prevenir cualquier contingencia ambiental, para la que no dudan en regatear recursos.
Hace un año, Mendoza Díaz descartó invertir en restablecer la aplicación móvil que advertía sobre la calidad del aire vía celulares, porque lo que analizaban era la inversión en el mantenimiento de las cuatro insuficientes y descontinuadas estaciones de monitoreo.
“¿Para qué quiero una página (la app) que funcione si las salas de monitoreo no están operando?”, expresó. Como si con tener los datos en las estaciones de monitoreo bastara y fuera innecesario un sistema de comunicación de riesgos que la población tome precauciones.
Una postura en la que además da a entender que existen limitaciones presupuestales para algo tan trascendente cuando en 2025 contó con 111 millones 411 mil pesos captados por el impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, según el informe financiero del cuarto trimestre.
Un impuesto cuyo ingreso se afirmó que sería destinado, entre otras cosas, a fortalecer el monitoreo ambiental. El documento señala que a principio de año se estimó un ingreso por 96 millones 556 mil pesos, pero al cierre se captaron 14 millones 855 mil pesos más. Un 15.4 por ciento más.
Si hay presupuesto y hasta se cuenta con una vía para recaudarla con ese fin específico, lo que parece faltar es que Gallardo Cardona y Mendoza Díaz tengan verdadera intención de cumplir con sus obligaciones y no antepongan sus presunciones y aspiraciones.
