Por Victoriano Martínez
Para la ciudad, este año que hoy comienza será el año en el que el destino de la Sierra de San Miguelito se defina entre dos frentes: los desarrolladores inmobiliarios que han tomado como su principal arma los programas de desarrollo urbano y los activistas ambientales que presionan para que se agilice el proceso para que se le declare Área Natural Protegida federal.
Dos visiones desde la perspectiva de los particulares que convierten a la Sierra en blanco de objetivos antagónicos: los desarrolladores privilegian el uso de los recursos naturales para obtener un lucro desmedido que los convierte en depredadores, en tanto que los ecologistas promueven la salvaguarda de los servicios ecológicos que le presta a la ciudad.
Una disputa que ha alcanzado sus niveles más álgidos en un año como el que acaba de terminar que, con los estragos provocados por la pandemia, dejó claro que la vieja normalidad –con su poco respeto a las áreas naturales– nos trajo la Covid-19 y pretender retomarla con esa misma actitud de depredación ecológica difícilmente provocará situaciones diferentes.
Científicos han advertido que la invasión de los espacios naturales a través de la urbanización han modificado la relación entre las especies y provocados mutaciones que hacen surgir especímenes como el virus SarsCov2, provocador de la pandemia Covid-19.
Pero esa no es la única situación que, en la práctica, lleva la disputa entre urbanizar o no la Sierra de San Miguelito a una disyuntiva entre atentar o no contra la vida de quienes habitamos el valle de San Luis Potosí. Hoy es relevante por la pandemia que aún persiste.
La otra gran razón son los servicios ecológicos (control de escorrantías, recarga de mantos acuíferos, pulmón para la ciudad, etc.) que las áreas ya indebidamente urbanizadas han mostrado sus efectos, por ejemplo, con la ampliación de las zonas de riesgo de inundación o escenas como las de 2016, cuando un aguacero arrastró a una persona en la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez.
No resulta exagerada la identificación de los dos frentes en disputa: los desarrolladores como depredadores que pretenden un lucro desmedido aun a costa del interés general, y los defensores de la Sierra como quienes anhelan que la ciudad no se ponga en riesgo.
Una lucha dispar en la que un frente ostenta tal poder económico que se alía con el poder político formal o lo presiona para contar con instrumentos legales que le permitan sus actos depredadores aunque, con tal desesperación, que recurren a maniobras de presiones públicas tan burdas como las protagonizadas por los dirigentes de la Coparmex y la UUZI.
Tan dispar es la lucha por la protección de la Sierra de San Miguelito, que los grandes medios y la propia autoridad municipal sólo dan voz a los intereses depredadores y acallan los pronunciamientos no sólo de activistas, sino de habitantes de un importante número de colonias y fraccionamientos que se ven directamente afectados con las inundaciones.
Tal ha sido la presión empresarial, que es inminente que en este inicio de año se dé la aprobación –con tintes de madruguete– de los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP), cual si la urgencia fuera que esa aprobación definiera el apoyo empresarial a la candidatura del alcalde con licencia.
Si aprobar los programas requiere que previamente se desahoguen al menos tres suspensiones de amparo y un proceso de análisis de los documentos inconcluso, cumplir un calendario impuesto por los empresarios, que usan falsos argumentos de afectación a la industria de la construcción de viviendas, tendría que sujetarse a cumplir con la legalidad y a privilegiar el interés general.
Por cierto, constructores de vivienda que presionan para comenzar a edificar la estructura de la planeación urbana… ¡por el techo! Al menos así se los advirtió el abogado Jorge Chessal Palau en su colaboración de esta semana en periódico Pulso con el encabezado La prisa es mala consejera en el que describe con claridad los cimientos que deben sostener los PMOTDU y PMDUCP:
“El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, tiene que ser congruente con el programa estatal y el programa estatal tiene que ser congruente con los programas nacionales, de manera que si no hay un programa nacional, el programa estatal quedaría sin sustento y, de la misma manera, si no hay un programa estatal, el municipal estaría afectado en su legalidad, de aprobarse a ultranza”.
La advertencia de Chessal Palau es que acelerar el proceso sin cumplir la formalidad constitucional sobre la que existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en la controversia constitucional 31/2010, al final dejaría sin efecto todo el trabajo hasta hoy realizado con los programas de desarrollo urbano.
En esa lucha dispar, el otro frente sólo cuenta en el ámbito local con algunos despachos de abogados que, vía amparos, buscan que los programas se ajusten a la legalidad y, en el ámbito federal, con apelaciones directas a las autoridades de la Semarnat para promover que se avance en la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito.
Ya las 37 comunidades y ejidos que abarca la Sierra de San Miguelito han sido informadas y consultadas por la Semarnat y no existe oposición a la declaratoria de ANP.
En los próximos días se dará a conocer la convocatoria para la Consulta para la Declaratoria de Área Natural Protegida, abierta a la población en general, que pondrá nuevamente en el centro de atención a la Sierra, especialmente la necesidad de protegerla de los grandes intereses económicos depredadores.
La urgencia empresarial por la aprobación de los programas de desarrollo urbano, al grado de hacer a un lado el respeto a la legalidad, es anticiparse al avance de la declaratoria de ANP para iniciar sus desarrollos inmobiliarios antes de que resulten inviables.
Una carrera en la que, para el 6 de enero los empresarios prevén tomar ventaja y aprovechar que la Semarnat prevé que en seis meses se concluyan los trabajos para la declaratoria de ANP. Seis meses que los depredadores ecológicos buscan tener para comenzar su labor de urbanización que se convierta en derechos adquiridos que en realidad serían daños irreversibles.
