Por Victoriano Martínez
¿Qué tan importante es para los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que los entes públicos cumplan con sus obligaciones de transparencia?
O dicho de otro modo: ¿qué tanto les interesa a los comisionados de la CEGAIP que la población cuente con una vía para conocer la información pública que todas las dependencias están obligadas por ley a difundir de oficio a través de internet?
Por mucho que proclamen que “en la CEGAIP, creemos en una Transparencia Proactiva que empodera a la ciudadanía”, con sus actos acreditan que no hacen nada por que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones de transparencia, mucho menos harán algo por que apliquen los “5 pasos para una transparencia proactiva efectiva” que ni ellos aplican.
No es novedad que la CEGAIP exhiba la forma en que trabaja a favor de la opacidad en la administración pública, pero tras el anuncio en su primer informe trimestral al Congreso del Estado en el que asumen como un reto evitar la desaparición de ese organismo autónomo, que confirmen esa línea resulta contradictorio.
“Resulta crucial consolidar a nivel local un órgano garante que continúe siendo pilar de transparencia y rendición de cuentas”, escribió José Gerardo Navarro Alviso en el texto introductorio de ese primer informe trimestral.
“Desde la CEGAIP, asumimos con responsabilidad este reto histórico, seguros de que San Luis Potosí puede y debe ser un modelo de liderazgo en esta nueva etapa para el país”, agregó.
Un modelo de liderazgo en el que obligar a los servidores públicos a cumplir con sus obligaciones de transparencia no es prioritario, sino todo lo contrario, otorgarles las mayores facilidades para que retrasen el conocimiento público de la información que por ley debe estar disponible para cualquier persona en los primeros diez días de cada mes.
“Para el caso de los Sujetos Obligados se hace de su conocimiento que por acuerdo de Presidencia con fecha 12 de junio de 2025, se determinó ampliar el plazo, del jueves 12 al lunes 16 de junio de 2025, para la carga de la información en la Plataforma Estatal de Transparencia correspondiente al mes de mayo de 2025”.
Con ese aviso, a las dos de la tarde de este jueves 12 de junio, la presidencia de la CEGAIP (Navarro Alviso) aplazó el ejercicio de un derecho que tiene cualquier persona y le facilitó a los sujetos obligados el cumplimiento fuera del plazo de la difusión de la información pública a la que están obligados.
“Las Obligaciones de Transparencia deberán actualizarse los primeros diez días naturales de cada mes reportando información del mes inmediato anterior”, establecen los Lineamientos Estatales para la difusión, obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas en la fracción III del numeral Séptimo.
De acuerdo con el aviso le presidente de la CEGAIP, el plazo ya se había ampliado al 12 de junio y ahora lo posterga para el día 16.
El aparente motivo: la página Web y la Plataforma Estatal de Transparencia se quedaron sin conexión por las condiciones climatológicas a partir de las tres de la tarde del miércoles 11 de mayo, un día después de vencido el plazo para cumplir las obligaciones de transparencia.
Ni la Ley de Transparencia ni los lineamientos facultan al presidente de la CEGAIP para aplazar el cumplimiento de un derecho como el de acceso a la información pública. Es más, esa facultad tampoco aparece en la Ley ni para el pleno de la CEGAIP. ¿Cuál es el fundamento legal para que Navarro Alviso se arrogue esa facultad?
Las facilidades que da la CEGAIP a los sujetos obligados para que sean opacos con las obligaciones de transparencia no para ahí. La inmensa mayoría de los formatos con los que se supone deben publicar la información no contienen la información requerida por ley y constituyen una simulación de cumplimiento tolerada por los comisionados.
Tanto resulta un mecanismo de ocultamiento de información, que lo utilizan como una forma de evadir entregar información a los solicitantes de información.
Mientras la CEGAIP les ampliaba el plazo para cumplir con sus obligaciones de transparencia, por ejemplo, los Servicios de Salud respondieron a la solicitud con folio 241230325000154 sobre su relación de egresos que “la información que solicita se encuentra publicara en la Plataforma Estatal de Transparencia en cumplimiento al artículo 84 I B”.
José Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando y quien solicitó esa información, pronto se percató que en los espacios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de este año no se encontró la información con la afirmación “no se genera”.
Un elemento más que muestra que para la CEGAIP poco importa que la población tenga acceso a la información contemplada en las obligaciones de transparencia, en claro incumplimiento a su obligación de “vigilar y requerir el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 84 a 96 de la presente Ley” (artículo 34, fracción XXV). Ejemplos como ese sobran.
¿De verdad la CEGAIP tomó como un reto crucial “consolidar a nivel local un órgano garante que continúe (¡!) siendo pilar de transparencia y rendición de cuentas”?