Adriana Ochoa
El asesinato de la empresaria Sandra Revilla Olavarrieta ha desatado en San Luis Potosí una bochornosa danza de culpas tan inútil como estúpida.
El gobernador señala como responsable al ayuntamiento, porque el alcalde capitalino no asiste a las reuniones de seguridad semanales y no se coordina con la Guardia Civil Estatal. Y el presidente municipal de San Luis Potosí, ex comisionado de la extinta Policía Federal, le responde que irá a esas citas cuando dejen de ser una pasarela de reportes sin ton ni son y se presente una estrategia, si es que la hay.
El crimen ocurrió el Día de las Madres en el negocio de la empresaria, una comercializadora de mármoles ubicada en una vialidad de jurisdicción estatal, el Periférico de la capital potosina. Dos sujetos en motocicleta llegaron cuando recién había abierto el establecimiento y uno de ellos disparó a la mujer. La Fiscalía asegura que hay varias líneas de investigación porque no se llevaron el dinero que traía. Con que la Fiscalía no incurra en la tentación frecuente de suponer que el robo o no robo como móvil de un asesinato atenúa la gravedad del delito.
Amigos, familiares y organizaciones ciudadanas y empresariales han convocado a una marcha para este domingo, para exigir justicia y seguridad. Ivett Larrea, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo San Luis, expresó preocupación del sector empresarial ante el clima de violencia e inseguridad. Ella misma ha sido víctima de un asalto con arma de fuego en el que por fortuna no resultó herida.
Este asesinato no es un hecho aislado de inseguridad. En función del beneficio propagandístico que pueda tocar, autoridades se van a las cifras, sus cifras, y a los comparativos drásticos. Sí, San Luis no es Sinaloa ni Colima, pero tampoco es paraíso para vivir o desarrollar un negocio, lo dicen no sólo los índices de las percepciones de inseguridad y el costo promedio de 27 mil 924 pesos por persona que genera la violencia criminal en la entidad, según el Índice de Paz México (IPM) 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
San Luis Potosí es en este índice una entidad de mediana tabla, en el lugar 17 y con un costo de inseguridad por encima del promedio nacional. Y no es regocijándose de la ausencia de la entidad entre los estados peor evaluados como se le va a dar tranquilidad a la población que ve la acción del crimen sobre sus patrimonios, sus seres queridos y su comunidad.
La inseguridad y el miedo limitan la libertad de las personas el desarrollo económico. Las personas socialmente más vulnerables son las más perjudicadas por la coacción criminal, porque la violencia no afecta a todos de igual modo; ni tampoco todos tienen la misma capacidad para afrontarla. Gobiernos que se llenan la boca de un supuesto enfoque al pueblo y a los más pobres deberían tenerlo claro. La marcha convocada para este domingo no es sólo tema de empresarios y empresarias, tampoco de un segmento social en particular.
Preocupa la falta de coordinación entre distintos niveles de autoridad, preocupa que no haya idea para encuadrar y optimizar esa participación multinivel (estrategia, pues) y preocupa aún más la clara intención de eludir la responsabilidad que evidentemente les compete.
La cereza y topping de crema al pastel indigerible de pretextos son el reclutamiento forzoso de agentes de la Guardia Civil del Estado como militantes del Partido Verde, el partido de Ricardo Gallardo Cardona, y el contexto de un secretario estatal de Seguridad, antes titular de la Fiscalía, en campaña para magistrado del Poder Judicial del Estado.
Las denuncias de afiliación obligada al PVEM fueron hechas por los propios policías y recogidas con evidencias gráficas por Astrolabio, en nota de Desiree Madrid. La Guardia Civil no es la única dependencia estatal a donde el desmecatado partido del gobernador ha obligado a la afiliación a los servidores públicos. ¿Qué clase de gobierno obliga a los encargados de velar por la seguridad ciudadana a pertenecer a un partido político? Uno que, además de autoritario, exhibe el nivel de frivolidad con el que aborda el motivo que convoca para este domingo a los ciudadanos en las calles.
Probablemente hasta crean que la población es lo suficientemente zorimba para normalizar que se coaccione a policías para que se inscriban como “cuadros políticos” del partido oficial. Y del funcionario encargado de la Seguridad en el Estado, tan pronto a far tutto, obvio que ya priorizó hace tiempo sus aspiraciones a magistrado “carnal” sobre las responsabilidades de su actual cargo.
Mientras el gobierno se enreda en disputas y maniobras políticas, los ciudadanos a vivir con el miedo de un asalto, las empresas y comercios como blanco de la delincuencia y la impunidad campeando a sus anchas porque de poco denunciar es ir a perder miserablemente su tiempo.
Dejen de lado las excusas. La seguridad no es un juego, un escalón transitorio para otro cargo más apetecible ni un asunto de culpas, sino una obligación que debe cumplir con eficacia y transparencia. No se producirán soluciones de largo plazo si no se afrontan los desafíos más allá de los niveles de gobierno y los proyectitos políticos. Y no habrá forma de coordinar esfuerzos cuando se huye de toda responsabilidad, no se es capaz de debatir y mucho menos de actuar conjuntamente frente a sus desafíos comunes.
San Luis Potosí merece un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. La danza macabra de las culpas debe terminar, y dar paso a una gestión madura, multinivel, honesta y comprometida.
ROLLOS SUELTOS
¿DE QUIÉN? Fuerzas federales revientan un laboratorio de metanfetaminas en la Zona Industrial, en un espacio que antes fue ocupado por la Comisión Estatal del Agua primero, y luego por una empresa de farmaquímica que se incendió y luego fue sancionada por autoridades ambientales. Prácticamente el predio está en zona estatal para establecimiento de empresas. ¿Ya sabemos quién les abrió la puerta para que se instalaran?
MOVILIDAD CRIMINAL. Se relaja la obligatoriedad de portar placas en las motocicletas y se facilitan para los delincuentes motorizados el desplazamiento de arribo y fuga en sus fechorías. Por las placas empieza el control y hace tiempo que no se atende con puntualidad.
