Por Victoriano Martínez
Desde que a finales del siglo pasado algunos organismos empresariales del país, principalmente la COPARMEX en el Estado de Nuevo León, intentaron evaluar el trabajo de los diputados, el principal problema lo representó la metodología que, basada en criterios de productividad del sector privado, incentivaron prácticas legislativas viciadas.
Una de estas prácticas que se mantiene de manera vergonzosa se le conoce como iniciativitis, que es la presentación indiscriminada de iniciativas sólo por aparentar mucho trabajo legislativo, así se lleven propuestas al pleno del Congreso del Estado de forma ridícula como en una misma sesión presentar modificaciones a una misma ley pero separarla en once iniciativas, una por artículo.
O los casos en los que se propone cambiarle el género a el, o la, orden del día de las sesiones, o simplemente ajustar la denominación de un ente porque, cuando hicieron la reforma que lo modificó, la flojera legislativa impidió que realizaran el trabajo de impacto regulatorio, que tiene como protección generalmente el artículo segundo transitorio (puede variar el número).
Tan difícil resulta evaluar a los legisladores, que los ejercicios que se han dado en ese sentido suelen mostrar más las buenas intenciones de quien los pone en práctica, pero se topan con tal perversión entre los personajes que se asumen como legisladores con tan nula vocación para serlo, que rápidamente encuentran como aparentar para salir favorecidos en la evaluación.
Si presentar muchas iniciativas les da puntos a favor, crean la diarrea legislativa y promueven iniciativas basura. Que Congreso Calificado incorpore algunos esquemas de ponderación, no logra controlar la diarrea porque en tanto tiene como base el número de iniciativas presentadas, la carrera no deja de ser a ver quién presenta más.
Resultado: una diarrea legislativa sin freno y, si la ponderación favorece a unos y perjudica a otros, la salida fácil de descalificar al evaluador. Finalmente, hay evaluaciones que revelan más la intención del evaluador, que enfocarse en una descripción del evaluado.
Congreso Calificado presentó este lunes su primera evaluación a los integrantes de la LXIII Legislatura. El mejor calificado con 7.1 y el peor con 2.95. Sólo uno con calificación aprobatoria y una diferencia con el segundo lugar de 2.65. El más bajo promedio de las calificaciones de los 27 al iniciar una Legislatura: 1.56.
Para este ejercicio se presentan algunas novedades que, dicho está, reflejan la buena intención del evaluador, pero al mismo tiempo apuntan a la simulación con la que seguramente se enfrentará.
Indicador nuevo: Propuesta legislativa de alto impacto, que por cada nueva ley da dos puntos a quien la propuso y hace lo mismo por cada propuesta de reforma constitucional. Para las adiciones de un título o capítulo nuevo a una ley existente da un punto. La buena intención: que se trabaje en iniciativas de mayor trascendencia.
Simulación previsible: si en los últimos 15 años se han aprobado 32 nuevas leyes, en la diarrea legislativa es previsible que comiencen a proliferar propuestas de nuevas leyes, la Constitución será sometida a un manoseo y se propondrán títulos y capítulos ridículos en todas las leyes con tal de obtener esos dos puntos.
La LXIII Legislatura podría volverse la primera legislatura de las muchas nuevas leyes y la que más le haga cambios a la Constitución, así sólo sea por aparentar para mejorar su calificación.
Indicador nuevo: Vinculación con la ciudadanía. Si el diputado cuenta con una página oficial, vías de contacto e información actualizada con un mes de antigüedad máximo, se gana un punto, y otro si mantiene abiertas, actualizadas y responde de manera habitual las preguntas de la ciudadanía en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.}
La buena intención: una mayor interacción de los diputados con la ciudadanía en la que se pueda conocer de primera mano su trabajo. Un “conoce a tu diputado” puesto en manos de los propios diputados, que debería incentivar mayor responsabilidad.
Simulación previsible: contratar a un community manager, aprovechar las plataformas para una promoción personalizada e incorporar hacia finales del trimestre los datos sobre su propia diarrea legislativa como mera simulación para tratar de obtener esos dos puntos en juego.
Un detalle en la evaluación presentada este lunes: Congreso Calificado sólo reconoce la publicación de las declaraciones patrimoniales 10 diputados, cuando en el formato correspondiente al mes de noviembre en la Plataforma Estatal de Transparencia aparecen con declaraciones patrimoniales de inicio ¡32 diputados!
En esa relación no aparecen los diputados Rubén Guajardo Barrera y Héctor Ramírez Konishi, por ser reelectos, pero tampoco aparece José Antonio Lorca Valle, a quien Congreso Calificado reporta como que sí la publicó. El exceso de diputados muestra un error de identificación en los cargos de funcionarios administrativos en el reporte.
Si algo siempre va a estar presente en este tipo de ejercicios de evaluación a los legisladores es que difícilmente empatará la buena intención que pudieran tener los evaluadores con la necesidad de los diputados por aparentar lo que poca voluntad tienen de ser realmente. El resultado esperado termina en lo opuesto porque de los simuladores sólo se puede esperar que busquen aparentar.
