Por Victoriano Martínez
Toda simulación deja indicios de su falsedad. En la sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de hoy le darán continuidad al anuncio hecho por su presidente, el diputado José Luis Fernández Martínez, con el que dejó expuesta la intención de aparentar un ejercicio de parlamento abierto en la discusión de la iniciativa que crea la Guardia Civil.
Los cuatro pilares de un verdadero parlamento abierto son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y probidad. Se trata de elementos que no están del todo ausentes en la legislación que rige al Congreso del Estado. En el anuncio de Fernández Martínez queda claro que se incumplen y hasta resultan ser una concesión que se da por su voluntad.
Fernández Martínez informó que las comisiones dictaminadoras acordaron publicar las iniciativas en atención al “principio de máxima difusión”. El principio de máxima publicidad es una de las principales bases de la Ley de Transparencia que los obliga a publicar esos documentos. Acordar hacerlo es confesar que incumplen la ley y se atribuyen dar concesiones que no tienen.
Peor aún. La publicación de las iniciativas también es una obligación que les marca su propia Ley Orgánica. Una obligación que llevan desde el 7 de enero sin cumplir, es decir, no han publicado las iniciativas recibidas después de esa fecha, incluida las que anuncia como graciosa concesión. Se trata de una muestra de la falta de transparencia como pilar del parlamento abierto.
La rendición de cuentas no es posible si no está precedida por acciones de transparencia, además del establecimiento de mecanismos que permitan a la población recurrir a la posibilidad de una relación de control hacia el desempeño de los diputados. Se trata de dos condiciones ausentes en la LXII Legislatura.
Con relación al tercer pilar del parlamento abierto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo dedica un capítulo en el Título Décimo, cuyo incumplimiento de sus disposiciones es el mejor indicador de la falta de voluntad real y, en consecuencia, lo hueco del anuncio de Fernández Martínez.
“El Congreso del Estado podrá contar con un Consejo de Apoyo Legislativo, integrado por destacados conocedores de las diversas ramas profesionales; que apoyará el trabajo legislativo del Congreso del Estado de manera honorífica y que durará el término de una Legislatura”, dice el artículo 139 de la Ley Orgánica.
Mejor oportunidad para demostrar la voluntad de un parlamento abierto que atienda a los intereses de la población con especialistas para cada materia no pueden tener, por lo que su desaprovechamiento sólo los exhibe como simuladores de un trabajo verdaderamente enfocado al interés general.
“La seguridad pública es el tema que más nos preocupa, por lo tanto, nosotros como Congreso queremos que esta iniciativa represente a todos los sectores, que nos represente a todos, para poderla llevar a un dictamen y poderla votar en el pleno”, son palabras de Fernández Martínez que a la luz de la falta de un compromiso real no son más que demagogia.
Con falta de transparencia, de mecanismos para la rendición de cuentas y una auténtica apertura a la participación ciudadana, la ausencia de ética y probidad en el ejercicio parlamentario resulta una consecuencia lógica.
Las determinaciones que se tomen este día en la Junta de Coordinación Política tendrán que ser de tal alcance que hagan, además de posible, creíble, que se remontarán las cuatro deficiencias presentes ante el anuncio de un ejercicio de parlamento abierto en torno a la iniciativa para cambiar el nombre a la secretaría y a la dirección de Seguridad Pública y crear la Guardia Civil.
Para colmo: ¿Qué van a someter a consulta si en la iniciativa no existen cambios de fondo y la mayor parte de las modificaciones tienen que ver con la denominación de las corporaciones? Una larga colección de déficits en el cumplimiento de sus funciones que pretenden disimular con un presunto ejercicio de parlamento abierto, cuyo principal reto es que demuestren su autenticidad.
