Por Victoriano Martínez
La historia sobre el uso del Código Penal para intimidar e inhibir el ejercicio de la libertad de expresión aún tiene muchos episodios que darán de qué hablar, desde pifias en el proceso legislativo hasta chicanadas desde la Fiscalía General del Estado para dilatar la posible liberación de Cristian Herrera, director de Código Rojo en Ciudad Valles.
“3891(17). Ciudadanos, escrito con propuesta que deroga disposiciones del Código Penal Local. (turno: a Comisión Primera de Justicia)”, así aparece reportada la iniciativa de Artículo Ciudadano y ciudadanos en el apartado de correspondencia de particulares en el orden del día de la sesión del Congreso del Estado del 16 de junio (página 2).
Al mandarla al apartado de correspondencia se le quita a la propuesta ciudadana su carácter de iniciativa que se turna para ser dictaminada por la comisión correspondiente para tener el carácter de un mero escrito en el que la comisión será la que determine si se le trata como iniciativa o no.
Se trata de la primera vez que en una sesión ordinaria del Congreso del Estado se le da ese trato a las iniciativas ciudadanas (aparecen tres en la propuesta de orden del día para esa sesión), pues apenas 14 días antes (página 5) un par de iniciativas ciudadanas aparecieron como tales en el orden del día y desde la Gaceta Parlamentaria, documento en el que debió incluirse la iniciativa de Artículo 19.
¿Acaso a partir de esa sesión se le dará ese trato a las iniciativas que presente la ciudadanía? De por sí siempre se le da un trato discriminatorio a las iniciativas ciudadanas que mayoritariamente suelen ir a la congeladora, que la comisión a la que se turno las revise como mera correspondencia implica dilación y el riesgo de que simplemente se dé una respuesta que no implique dictaminarla para ser votada por el Pleno.
Ambas consecuencias son graves. ¿Cuánto se puede tardar la determinación del tipo de trato que le dará a esa “correspondencia” la comisión a la que se turnó? ¿Cuánto podrá dilatar una respuesta que no la trate como iniciativa para que luego tenga que ser replanteada?
Y son graves porque exhiben la intención de los legisladores de mantener la vigencia de los tres delitos incorporados con la Ley Serrano que, por los últimos acontecimientos, han dejado ver que las autoridades estatales están dispuestas no sólo a usar esos tres tipos penales, sino todo lo que en el Código Penal les sirva para ese mismo fin.
Si el caso de Juan Pablo Moreno Rodríguez y su hijo, de la Revista La Noticia, reveló la utilización de cualquier delito sancionado por el Código Penal para intimidar a los periodistas, esta semana se dio un hecho preocupante: balearon la fachada de la casa de Antonio Meza Rojo y le dejaron una cabeza de cochino con el mensaje “bájale a tu contenido”.
“Yo no quisiera acusar directamente al gobernador Ricardo Gallardo ni a su esposa, la senadora Ruth González, como ya lo hicieron algunos compañeros porque yo no tengo elementos aún para hacerlo, pero lo que sí te puede decir es que los hago responsables de cualquier otro ataque a la integridad física de mi familia, de un servidor, de mi equipo y de sus familiares”, dijo al ser entrevistado por Luis Cárdenas, de Grupo Fórmula.
En el caso de Cristián Herrera, de Código Rojo Ciudad Valles, quien se encuentra recluido en el Penal de La Pila, el caso escala en la exhibición de las autoridades como interesadas en prolongar su actitud represiva: la inasistencia del representante de la FGE a una audiencia de revisión de las medidas cautelares provocó su suspensión.
“Cristian decidió hoy declararse en huelga de hambre, no por cuestiones al interior del penal, no por cuestiones de su internamiento, sino por la represión de que está siendo objeto por parte del gobierno del estado al momento de que a través de su alcance impide que los fiscales hagan el trabajo que les corresponde que es atender las audiencias”, informó su abogado Juan de Dios Villalón en transmisión en vivo con Anahí Torres.
Tras informar sobre el inicio de la huelga de hambre de Cristian Herrera, la Revista La Noticia anunció que hoy a las diez de la mañana, para cuando se reprogramó la audiencia cancelada ayer, a la defensa del vallense se sumará la abogada Natalia Castillo Vera “que pugnará por su salida inmediata”,
Capítulos de una historia que deja ver la intención dilatoria por parte de las autoridades para prolongar la vigencia, si no es que mantenerla indefinidamente, para mantener el uso del instrumento intimidador e inhibidor de la libertad de expresión.
