Alejandro Rubín de Celis

“¿Cómo un desarrollador va a querer destruir el medio ambiente? Imagínense los hijos de ese desarrollador, las hijas, sus nietos (…) ¿Tu fuistes el que permitistes que se destruyera el cerro que es el símbolo de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo, que ya no está, y tú eras presidente municipal, y tú eras gobernador…? (…) ¡Imagínense cuánta vergüenza!” (sic).

Con estas expresiones emitidas en la conferencia mañanera del 15 de agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conminaba implícitamente a constructores inmobiliarios y autoridades a evitar que se causen más daños a la Sierra de San Miguelito (SSM) en San Luis Potosí.

López Obrador manifestó en esa ocasión que no se trataba sólo de emitir un decreto para catalogar a la SSM como Área Natural Protegida (ANP) –en lo que ya se está trabajando, según, dijo–, sino de buscar consensos y acuerdos con los interesados, en este caso con los desarrolladores y ejidatarios.

La gran pregunta es: ¿atenderán los empresarios y las autoridades locales el llamado del presidente y aceptarán que se declaren como ANP 2 mil 69 hectáreas proyectadas para la edificación de un lujoso fraccionamiento en la Comunidad de San Juan de Guadalupe? Hay un gran margen de duda si no es que escepticismo en muchas mentes. ¿Por qué?

Los constructores han comprado tierras a ejidatarios a precios de ganga y han construido grandes complejos residenciales y toda clase de edificios para instituciones y empresas, en lo que constituye el más grande negocio inmobiliario en los últimos 25 años. En su ambición desmedida, se han apoderado de tierras en la Garita Jalisco, El Aguaje, Capulines, Terrero y parte del ejido de San Juan de Guadalupe.

En aras de satisfacer intereses particulares, autoridades estatales y municipales, durante esas dos décadas y media, facilitaron todos los permisos de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo, lo que permitió a los fraccionadores hacer grandes negocios a costa de la pobreza de ejidatarios y comuneros, al mismo tiempo que dañaron parte de un importante pulmón y zona de recarga de los acuíferos de la ciudad.

“Oye abuelo, oye papá, ¿tú fuistes –me estaban comentando, me estaban diciendo, me estaban cuestionando en la escuela–, el que acabastes con un bosque que había en San Luis Potosí?” (sic). Era el ejemplo que ponía AMLO para cuestionar la moralidad de los desarrolladores ante hipotéticos cuestionamientos de sus descendientes. Pues está claro que a esos empresarios, que han acabado ya con una parte de la sierra que colinda con la ciudad, poco o nada les ha importado lo que digan o piensen sus hijos, sus nietos o cualquiera de sus seres queridos.

“¡Imagínense cuánta vergüenza!”, remarcó el presidente. Pues esos fraccionadores no han mostrado el más mínimo pudor, y sí en cambio su voracidad pasando por encima del interés general.

En referencia a las autoridades y con el ejemplo de lo que pasó con la destrucción del Cerro de San Pedro a cargo de una compañía canadiense, con dedicatoria para las autoridades actuales, López Obrador volvía a formular preguntas de hipotéticos descendientes, pero ahora de autoridades: “¿Tú fuistes el que permitistes que se destruyera el cerro que es el símbolo de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo, que ya no está, y tú eras presidente municipal, y tú eras gobernador…?” (sic). “¡Imagínense cuánta vergüenza!”

Pues los ex gobernadores Fernando Silva Nieto y Marcelo de los Santos tampoco mostraron algo de vergüenza y permitieron el saqueo y la destrucción del cerro, que dejó en la miseria y el desamparo a sus habitantes, y daños irreversibles al medio ambiente.

¿Serán capaces los desarrolladores de renunciar a un nuevo y tentador negocio ante el llamado presidencial? ¿Dará marcha atrás el gobernador Juan Manuel Carreras a la afectación de 490 hectáreas para construir una vía alterna a la Zona Industrial como se lo han solicitado grupos ambientalistas, y atender así la consigna de AMLO de que la Sierra de San Miguelito “no se toca”?

Si los fraccionadores desatienden el llamado presidencial –que es lo más seguro– ¿Soportará el alcalde Xavier Nava sus embates y presiones, o bien está de acuerdo con el proyecto –aunque lo ha negado en todo momento– y promoverá discrecionalmente que el Cabildo autorice el cambio de uso de suelo en tierras de San Juan de Guadalupe?

Hay un ingrediente que contribuye a mantener las dudas sobre cómo actuará particularmente el gobernador del estado: se llama opacidad. Juan Manuel Carreras acaba de firmar un convenio de colaboración con el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Roberto Aviña, para la conservación de la SSM, que se difundió con fines propagandísticos pero no informativo, razón por la que su contenido no se ha hecho público.

Tampoco se sabe si en los documentos y estudios que ha aportado el gobierno estatal a la federación están consideradas el total de las 81 mil 565 hectáreas que componen la sierra, o sólo la 63 mil 783 que contempla el Estudio Técnico de Factibilidad que elaboró el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICyT), y entre las cuales presuntamente no están las 2 mil 69 hectáreas proyectadas para el fraccionamiento Las Cañadas, según han denunciado los grupos ambientalistas.

La Presidencia de la República, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –en especial su titular, Víctor Manuel Toledo– y la Conanp, deben estar muy atentos a este caso porque está latente la posibilidad del engaño y la manipulación con el fin de imponer un proyecto inmobiliario que causaría enormes daños a la ciudad y su ecosistema.