Por Victoriano Martínez
Las autoridades y organismos creados para la atención a las víctimas nunca han sido capaces de anteponer en su actuación el interés de quien vio afectados sus derechos humanos esenciales porque viven enfocados en sus trámites burocráticos y en su propia imagen que, en el actual gobierno, lo que más resulta notorio es que hasta al gobernador le estorban los dolientes.
Como mandatario, Ricardo Gallardo Cardona rescató de sus etapas de anteprecandidato, precandidato y candidato el recurrente argumento –aunque ahora evitó el término guerra sucia– de descalificar los señalamientos sobre su actuación como algo de carácter político y de “grilla”.
“Eso ya es otra cosa, no son ni los familiares, los familiares nosotros tenemos comunicación con ellos, más bien es un tipo de gente que busca ya grilla y tema político”, expresó Gallardo Cardona mientras frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) el padre de Chuyita protestaba por la falta de información sobre el caso de su hija asesinada.
Al margen de la agresión directa que representa la declaración del mandatario en contra el padre de la víctima, la forma en que se ha manejado el caso de Chuyita Rodríguez en Villa de Arista deja ver que es muy posible que replique todos los vicios que Amnistía Internacional (AI) ha identificado en la atención a casos de feminicidio.
De entrada, el manejo del cuerpo de la víctima abre amplias sospechas sobre pérdida de evidencias, o por lo menos su ocultamiento a la familia y la posibilidad abierta de su manipulación, que es el primero de los puntos que identifica AI.
Tanto el padre de Chuyita como sus tíos han descrito la forma en que las autoridades los han ignorado, al grado de que fue hasta después de la manifestación frente a la FGE cuando la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estableció contacto con ellos, conforme reconoció su titular Miguel Ángel García Amaro. Maltrato hacia los familiares, el segundo punto de AI.
Dos puntos que abren paso a considerar que en el inicio de la investigación las autoridades incurrieron en el tercero: una falta de claridad para la atención sobre el caso con perspectiva de género.
Tres puntos que parecieran formar parte de una especie de anti-protocolo común de los dos anteriores gobiernos y el actual, con la agravante de que en el caso de Chuyita la descalificación a la protesta de la familia se dio abiertamente por el titular del Poder Ejecutivo.
Un anti-protocolo que quedó plenamente acreditado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Karla Pontigo Lucciotto, en el que se ordenó la reposición de la investigación que, por cierto, atrajo la Fiscalía General de la República por existir conflicto de interés de José Luis Contreras Ruiz, titular de la FGE, quien fue parte del grupo que entonces obstruyó la justicia.
Antecedentes que hoy se ven replicados al nivel más alto de la autoridad estatal, quien además aprovecha –con una interpretación muy a su manera– para enarbolar la iniciativa de su bancada en al Congreso Federal para una reforma constitucional que permita la pena de muerte en tres delitos: violación cuando el agresor asesine a su víctima, feminicidios y asesinato de menores de edad.
“Eso podría quedar legislado y asentado en el Código Penal Local, la gente necesita que no nada más los agresores vayan a la cárcel, sino que se les van a quitar los genitales para que no sigan violando más gente”, fue la aportación estilo Gallardo Cardona como respaldo a la iniciativa del diputado federal del PVEM, Arturo Escobar.
Un día después ya matizó y mencionó el tema como una “castración química que se haría a todos los violadores”, aunque con sus excepciones porque hasta entre esas “bestias” hay diferencias. “No he mencionado el caso de Alejandro N., porque no guarda comparación (…) en el último caso que tuvimos de Chuyita, ahí hubo un asesinato, a ese tipo de bestias son a las que me refiero”.
Todo un espectáculo declarativo que tanto en la forma (posturas efectistas con toque populista-propagandista) como en el fondo (presuntas iniciativas legislativas locales) evaden la responsabilidad en las omisiones en que incurre la autoridad ante los feminicidios, también señaladas por Amnistía Internacional a partir de la resolución de la SCJN en el caso Karla Pontigo.
Si las autoridades no incurrieran en graves omisiones en la prevención de la violencia contra las mujeres, en la atención a los casos de mujeres violentadas y en las investigaciones que se dan en torno a las agresiones y hasta feminicidios de las que son víctimas, quizá habría menos podredumbre como la que Gallardo Cardona quiere erradicar con pena de muerte y capar a violadores.
