Por Victoriano Martínez

Podría resultar un dato anecdótico, pero por el tema del que se trata y en el que el tiempo cuenta –aun con la contingencia del coronavirus Covid 19 de por medio–, las suspensiones de plazos en los trámites gubernamentales aplazaron las definiciones de los planes de Ordenamiento Territorial y Centro de Población hasta el 19 de mayo y el 4 de junio.

Estamos a 22 días de que se cumpla un año del inicio de los incendios que pusieron en la atención de los habitantes de la ciudad a la Sierra de San Miguelito y uno de los efectos del Covid19 llevará a que, durante el mismo periodo de riesgos por el fuego, se den las determinaciones que establecerán el grado de protección contra la rapiña urbanizadora que se le dé a la Sierra.

Si algo ha provocado el Covid19 es poner en pausa los asuntos que antes de su llegada eran considerados importantes y hasta urgentes.

Desde esta semana que termina, la recepción de planteamientos en la consulta del Plan de Ordenamiento quedó cerrada en tanto que la correspondiente al Centro de Población se suspendió para reanudarse el 19 de abril, justo el día que se cumple un año del inicio de los incendios.

Los doce días hábiles en los que aún la ciudadanía podía ingresar documentos para manifestar su postura a favor de la protección de los servicios ecológicos que le presta la Sierra de San Miguelito a la ciudad se repondrán del 19 de abril al 7 de mayo. Hasta entonces podrá verse de nueva cuenta la movilización de los defensores de la Sierra de San Miguelito.

Lo que sería ingenuo pensar que quedó suspendida es la presión que seguramente no han dejado de ejercer los desarrolladores inmobiliarios sobre las autoridades para lograr las autorizaciones para urbanizar la Sierra, dado que es algo que siempre se ha dado lejos de los reflectores, en privado.

¿Por qué habría de creerse que la contingencia frenó esos embates, cuando en realidad les da a ganar un tiempo en el que, ventaja adicional, están suspendidas las agendas públicas?

Los presidentes de juntas de mejoras que procuraban sesiones con autoridades para presentar sus inquietudes, los habitantes de distintas colonias de la ciudad que tenían planteamientos que presentar, se han visto obligados a suspender esas posibilidades y podrán reanudarlas cuando termine la contingencia.

Nunca como en estos casos es cuando resulta de la mayor pertinencia –y urgencia– el cumplimiento lo más completo posible de la fracción XII del artículo 84 de la Ley de Transparencia estatal, que obliga a difundir de oficio “la agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas”, sobre todo aquellas que –aunque las consideren privadas– son para tratar asuntos públicos.

Una publicación que debiera hacerse con una semana de anticipación y no con un mes de retraso como estableció la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en sus lineamientos. A toro pasado, e incompletas, la información de las agendas pierde la oportunidad y pertinencia que se establecen en la Ley.

El periodo para que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) responda a los planteamientos recibidos en la consulta y realice las adecuaciones a los dos planes será, para el de Ordenamiento Territorial, del 20 de abril al 19 de mayo, y en el caso del de Centro de Población del 8 de mayo al 4 de junio.

El 24 de mayo del año pasado, en la Plaza de los Fundadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la consigna “la Sierra de San Miguelito no se toca”. A un año de ese pronunciamiento, el primer paso en el logro de ese objetivo está por verse.