Por Victoriano Martínez

Desde el pasado 29 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria le cerraron el paso a proyectos inmobiliarios en terrenos comunales y ejidales como los de la Sierra de San Miguelito.

Con esa fecha, la Dirección Jurídica y de Representación Agraria emitió una opinión en la que concluyó –a consulta expresa sobre el desarrollo inmobiliario en 2 mil 69 hectáreas en San Juan de Guadalupe– que en predios bajo esos regímenes sólo se pueden formar sociedades civiles o mercantiles para  transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales.

Al proceso de declaratoria federal como Área Natural Protegida iniciado después de que el 24 de mayo, en la Plaza de los Fundadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque la Sierra de San Miguelito “no se toca”, cinco días después se sumó una opinión oficial que también resulta un freno a la depredación inmobiliaria de esa zona.

A pesar de ese panorama, el pasado 28 de agosto, ante el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como parte de los talleres de planeación estratégica, se presentaron cuando menos tres proyectos que, además de constituir un atentado a la ecología, contravienen la ley que impide ese tipo de sociedades inmobiliarias.

En aquella reunión, con miras a elaborar el Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y Plan de Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí, se presentaron proyectos de urbanización promovidos por empresas como Desarrollos del Pedregal, Proyecto Cañadas (Espacios en el Horizonte) y Gran Peñón en parte de la Sierra de San Miguelito.

Desde que el 24 de mayo López Obrador se pronunció a favor de la SSM, incluso con la advertencia de que ya no podría ocurrir un atentado ecológico como el que se dio con el Cerro de San Pedro, los desarrolladores inmobiliarios se han visto más activos en promover sus proyectos dentro de la Sierra.

No les han importado el tema ecológico y los daños irreversibles para la ciudad, especialmente el incremento en los riesgos de inundaciones, sino que –al estar imposibilitadas las sociedades inmobiliarias– también muestran que poco les importa trabajar dentro de la legalidad.

En un régimen como el mexicano, es posible que se atente contra la ecología dentro de la legalidad, por paradójico que resulte; pero que a ese tipo de aberraciones se agregue hacerlo por encima de la ley sólo muestra un grado más en la ambición de privilegiar el negocio por encima del bien general.

Si los empresarios inmobiliarios insisten en asociarse con los comuneros de San Juan de Guadalupe, y esto sólo puede darse para transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, tal vez deban hacer a un lado sus proyectos urbanizadores y cambiar de giro.