Por Victoriano Martínez
En este país prácticamente nadie duda de que quien entra a administrar recursos públicos pronto comienza a conocer las mañas de su antecesor, las copia o hasta las mejora y, en la inmensa mayoría de los casos, termina por encubrirlo de manera cómplice.
Quien deja el cargo también pronto se da cuenta de que su sucesor incurre en las mismas prácticas, las mejora, innova con otras y le sigue los pasos o hasta lo supera. Tampoco dice nada porque en eso está su tabla de impunidad.
Si quien entra pretende adoptar públicamente estándares de mayor honradez, la primera prueba que resulta difícil de superar es denunciar y no dejar impune a su antecesor, so pena de ser visto como encubridor.
La cadena de encubrimiento entre los últimos alcaldes de la capital, con el apoyo de una Auditoría Superior del Estado muy condescendiente, es un claro ejemplo de ese entrelazamiento de complicidades que garantiza impunidad.
Una práctica que está presente en toda la administración pública.
Una práctica que quedó expuesta este jueves tras la manifestación de un grupo de personas, presuntamente independientes, en defensa de la actual oficial mayor del Congreso del Estado y en contra de su predecesora.
Independientemente de los manifestantes y la relación que pudieran tener con alguna de las protagonistas, los señalamientos entre Marcelina Oviedo, oficial mayor actual, y Beatriz Benavente, ex oficial mayor y hoy diputada, perfila el papel que quien entra a un cargo público y quien sale de él debieran asumir: la defensa del interés de la sociedad y el buen uso del erario.
Quien entra, revisar que el papel de su antecesor se haya apegado a las mejores prácticas y de no ser así, señalarlo para que haya las correcciones y resarcimientos necesarios. Quien sale, ser vigilante de quien lo sucede para cuidar que se dé ese mismo apego y, de no darse, señalarlo.
Ambos, o ambas en este caso, con la mirada puesta en el mejor uso del erario y no en un juego de presiones en el que se disputa ver quién prevalece, en un duelo de fuerzas en el que, quien esté mejor posicionada, se anotará una victoria en la que poco importa el interés público.
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado ha determinado la destitución de Marcelina Oviedo. Aún falta la determinación del Pleno, por ser un cargo en que la JUCOPO hace la propuesta, pero debe ser aprobado por la mayoría en sesión plenaria, según el artículo 172 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Merecida o no, la pregunta es ¿en qué beneficia a la sociedad que la disputa Benavente-Oviedo haya llevado a la destitución del eslabón más débil?
Si durante cinco meses y medio en el cargo, Oviedo no marcó la diferencia, o no tuvo el apoyo suficiente del grupo de diputados que la llevó al cargo para hacerlo, sólo lo sabrá ella y quienes la apoyaron para su nombramiento.
Lo que hoy queda, tras la determinación de la JUCOPO, es el intercambio de elementos de sospecha entre las dos últimas oficiales mayores, pero también en quien sustituya a Oviedo porque llegará con el peso de la sospecha que arriba a prolongar la cadena de encubrimiento.
