Por Victoriano Martínez
El 23 de diciembre de 2018, Victor Saldaña, entonces primer síndico municipal, presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito con el que afirmó que se denunciaba la simulada compra de medicamentos a la fantasmal Sandra Sánchez Ruiz con lo que el Ayuntamiento se sumaba a “esta batalla que fue comenzada por la ciudadanía”.
Nueve días antes, la autoridad municipal había presentado un informe sobre la detección de mil 843 irregularidades en la administración 2015-2018, encabezada por Ricardo Gallardo Juárez.
El emblemático caso Sandra Sánchez Ruiz habría sido la primera denuncia de todas las que de aquel informe se pudieron desprender, de no ser porque el documento presentado por Saldaña no cumplía las formalidades de una denuncia, al extremo de que ni siquiera acreditó la personalidad que tenía como síndico.
Tres años después, otra vez desde la sindicatura se da una aparente pifia, aunque en esta ocasión con una innegable sospecha de intenciones e intereses oscuros atrás de la acción. Solicitaron y lograron la aprobación del Cabildo para “que podamos desistirnos y/o convenir dentro de juicios o procedimientos…”.
Enseguida enumeran los de índole laboral, carpetas de investigación, en procesos penales el otorgamiento del perdón, juicios civiles, amparo, mercantiles, agrarios, en materia de justicia administrativa, medios de impugnación y en general cualesquiera en que el Ayuntamiento de San Luis Potosí sea parte.
La Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML) le da, en el artículo 75, a los síndicos “la representación jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que éste sea parte”, pero de ninguna manera abre la posibilidad de que se les otorgue esa facultad totalmente discrecional.
“El Síndico no puede desistirse, transigir o comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de bienes, sin autorización expresa que para cada caso le otorgue el Ayuntamiento”, restringe el artículo 76 de la LOML.
El acuerdo tomado por el Cabildo el pasado viernes, a solicitud de los representantes jurídicos, no puede anular una disposición legal que sólo puede ser modificada por el Poder Legislativo.
Así lo hayan acordado en la sesión del viernes, si los síndicos se desisten, transigen o se comprometen “sin autorización expresa que para cada caso le(s) otorgue el Ayuntamiento”, que está representado como cuerpo colegiado por el Cabildo (artículo 12), incurrirán en una violación a la LOML.
Entre las intenciones cantadas sobre “carpetas de investigación” que se puede prever un ilegal desistimiento se encuentra la denuncia por la obra pagada no ejecutada en Fray Diego de la Magdalena, en El Saucito, retomada como parte del anunciado con bombo y platillo programa Vialidades Potosinas.
La violación a la Ley Orgánica de Municipio Libre no es la única inconsistencia del acuerdo promovido por los representantes jurídicos y aprobada por el Cabildo, dado que los delitos por los que la anterior administración presentó denuncias, aportó pruebas e hizo del conocimiento de las fiscalías generales Estatal y General hechos con apariencia de delito que se persiguen de oficio.
En todos los casos, se trata de delitos denunciados por presuntos hechos de corrupción, contemplados en el Título Décimo Sexto del Código Penal del Estado, que advierte en el último párrafo del artículo 318: “Los delitos previstos en el presente Titulo se perseguirán de oficio”.
Si al autorizar a los síndicos para desistimientos y perdones, de manera ilegal y general, se tenía en consideración cualquiera de las 11 denuncias presentadas en el anterior trienio –si se toma en cuenta que el alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró que ya no les correponden–, de llegar a hacerlo incurrirían en una doble falta legal.
La sesión del pasado viernes, además de exhibir un Cabildo de regidores y síndicos levantadedos al más viejo estilo priísta, los proyectó como los menos indicados para la defensa de los intereses del municipio y, en consecuencia, traidores a la representación popular que obtuvieron el 6 de junio.
Mención especial merece el único y tímido voto en contra del regidor Alfredo Lujambio Cataño, quien por su condición de haber sido reelecto además de que ocupó la alcaldía de manera interina, era el más obligado a la defensa de los intereses municipales, especialmente en aquellos de los que formó parte en la promoción de acciones para que hechos de corrupción no quedaran impunes.
Una traición a la representación popular en la que la mayor carga no deja de recaer en Galindo Ceballos quien, por ser el alcalde, figura como quien encabeza un menosprecio a la defensa del patrimonio municipal, una selectiva búsqueda por sancionar presuntos actos de corrupción, puesta al servicio de personajes ante los que hoy le conviene ser sumiso.
