Por Victoriano Martínez
Si se piensa en una posible intervención de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en casos como el proyecto de un gran desarrollo industrial en mil 888.9 hectáreas en el Ejido La Pila, con opciones a extenderse en una mucho mayor superficie, se esperaría que se tratara de estudios para evaluar la conveniencia del proyecto sobre cuestiones sustentables en beneficio de todos.
Planteado de otro modo: se esperaría que sus estudios evaluaran, por ejemplo, qué tanto un proyecto así afecta o no derechos agrarios, provoca perjuicios de carácter ambiental, o tiene efectos negativos sobre el abasto de agua potable a los habitantes de la mancha urbana, que son temas que han sido señalados por los ejidatarios que se oponen a vender sus tierras.
¿Hasta dónde investigadores de las distintas facultades relacionados con temas de derecho, ciencias ambientales y cuestiones de desarrollo urbano y otras afines tienen obligación, sea profesional o moral, de realizar ese tipo de estudios como contribución a resolver conflictos en proceso dentro de la sociedad de la que es llamada la Máxima Casa de Estudios?
¿De qué manera podrían contribuir para aportar claridad en la resolución del conflicto y evitar que éste se convierta sólo en una confrontación de posturas en la que pareciera que sólo se trata de dirimir intereses encontrados, sin tomar en cuenta si existen o no daños colaterales que pudieran afectar a toda la población?
¿La UASLP se ha mantenido ajena al tema? Aparentemente sí, porque de manera formal e institucional no se conoce un trabajo o investigación que se haya plateado la situación que enfrentan desde 2018 los ejidatarios de La Pila.
No obstante, en torno a lo que se pretende desarrollar como el parque industrial más grande de América Latina aparece un personaje que conecta el proyecto con las autoridades municipales, pero también con la UASLP: Benjamín Fidel Alva Fuentes, a quien además ubican como cercano al grupo Valoran, principal promotor del desarrollo industrial en el Ejido La Pila.
Durante la administración municipal de Xavier Nava Palacios, Alva Fuentes se desempeñó como sub director de Planeación en el IMPLAN, cuando éste instituto encabezó los trabajos para elaborar los programas municipales de desarrollo urbano en los que, coincidentemente, se cambió el uso de suelo a la superficie hoy en disputa, que facilita el parque industrial.
Desde el 1 de octubre de 2021, Alva Fuentes ocupa el cargo de director general de Gestión Territorial y Catastro en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
En los últimos meses de 2021, un grupo de estudiantes de la Facultad del Habitat fue reclutado para desarrollar diversos proyectos, entre los que se encontraba un parque urbano dentro del territorio del Ejido La Pila.
Entre los estudiantes invitados para desarrollar el proyecto se encontraba una persona descendiente de uno de los ejidatarios de La Pila que se sorprendió al ver que parte de las parcelas de su padre se contemplaban para un uso del que no tenían conocimiento ni para el que se les había pedido consentimiento.
“Ahora resulta que nuestras tierras son parte del proyecto Parque Urbano 2021 y que será un sub centro de la zona industrial”, expuso ante el grupo de ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras.
De aquellas reuniones, los estudiantes rescataron una imagen satelital en la que se ubica el parque urbano que debían desarrollar como proyecto con el encabezado “Parque Urbano Delegación La Pila. El Reto 2021”.
Los estudiantes ubicaron como promotor del proyecto a Alva Fuentes, con el apoyo de algunos profesores del Habitat, y –en el caso de la persona descendiente de ejidatarios– aquello le provocó una indignación por considerar que se trató de un acto en el que se aprovechaba la infraestructura y el personal de la UASLP para un proyecto que beneficiaría a los empresarios sobre sus tierras.
El caso podría configurar una participación informal y no institucional de la UASLP y sus recursos humanos en la contribución al desarrollo de un proyecto que, podría estar plenamente justificado como un ejercicio académico, pero con unas aristas que repercutirían en beneficio de un grupo y en perjuicio de los ejidatarios.
¿Hasta dónde las autoridades universitarias están obligadas a cuidar que se den ese tipo de proyectos en sus facultades? ¿Hasta dónde la UASLP debe contar con mecanismos que favorezcan una actividad con un sentido más universal como guía para favorecer desarrollar un conocimiento al servicio del bien común como fin último y no sólo para un sector?
