Las deudas del ayuntamiento capitalino

Por Victoriano Martínez

Desde el pasado 9 de septiembre, el tesorero del Ayuntamiento de San Luis Potosí adelantó el panorama que el alcalde Xavier Nava Palacios presentará el próximo sábado en su primer informe sobre la deuda de la administración capitalina: se logró reducirla de mil 403 millones 460 mil 240 pesos a 814 millones 823 mil 970 pesos.

Una reducción de 588 millones 636 mil 270 pesos, que representan un 41.94 por ciento de la deuda que recibieron en octubre de 2018.

No obstante, en materia de pasivos, Nava Palacios tendrá que saldar en su primer informe otro tipo de deuda para con la ciudadanía: mayor transparencia al exponer las situaciones irregulares que en materia financiera le dejó la anterior administración, así como las medidas tomadas no sólo para corregir el desorden, sino también para no dejar impune lo sancionable.

Han sido tan pocas las denuncias en contra de los ex funcionarios gallardistas a pesar de haber reportado públicamente mil 843 observaciones y tan poco el impulso para evitar que prevalezca la impunidad que, a casi un año de administración, el gobierno de Nava Palacios le queda a deber mucho a los potosinos.

Con ese anticipo de datos en materia de deuda, se abre una ventana a información sobre la que necesariamente tendrían que deslindarse algunas responsabilidades, como por ejemplo, por los 233 millones 982 mil 761 pesos de pasivos que la administración saliente les ocultó y poco a poco tuvo que detectar la actual.

Entre ellos se encuentran los 37 millones 804 mil 180 pesos a Interapas, 14 millones 161 mil 460 pesos por una olla recta (sea lo que sea) adquirida tres días antes de que terminara la anterior administración, 18 millones 47 mil pesos de aportaciones y amortizaciones al Infonavit, 52 millones 653 mil 517 pesos por otros créditos fiscales por adeudo con el Infonavit.

También una deuda por 36 millones 323 mil 875 pesos a la empresa Red Recolector por recolección de basura y 65 millones de pesos más por el caso de la luminarias con Panavi.

Hasta tendría que aclararse un caso presentado con cierto toque de chascarrillo por el secretario General, Sebastián Pérez, al informar sobre la denuncia por el caso Sandra Sánchez Ruiz: ¿Se habrán pagado los más de tres millones de pesos que estaban registrados como deuda a la proveedora fantasma de medicamentos?

Más allá de lo irónico que resultaba el registro de ese presunto adeudo, el punto es que también tendría que informarse con claridad cuántas deudas y por cuánto estaban registradas por situaciones similares a las del caso Sandra Sánchez Ruiz.

Una ventaja para la ciudadanía ante lo que el tesorero Rodrigo Portilla Díaz adelanta sobre estos datos que aparecerán en el primer informe es que si ya se conoce esta información, se abre la expectativa de que en su informe, Xavier Nava Palacios habrá de despejar las dudas que surgen y –sobre todo– anunciará alguna medida efectiva contra la impunidad que hasta hoy ha prevalecido.

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