Durante un mes, la Ley Serrano ha resistido lo que casi ninguna polémica local consigue: permanecer instalada en la conversación pública. Entre acusaciones, detenciones, filtraciones y versiones contradictorias, muchas preguntas siguen sin respuesta. Una de ellas: ¿dónde estuvo la inteligencia artificial?
Blakely Morales
Es viernes 5 de junio del 2026 por la mañana, el cielo sigue nublado. El diputado Héctor Serrano entra al aire en vivo en el noticiero de Luis Cárdenas en MVS. Es una réplica a lo que dijo ahí mismo la creadora de contenido, Anahí Torres.
Serrano abre la conversación con su estilo avasallador intentando instalar la idea de que la imagen del oficio de la Fiscalía con la lista de los once, que acompañó el inicio del escándalo por la aplicación de la reforma al Código Penal, #LeySerrano, fue creada supuestamente con inteligencia artificial.
–Quiero decirte que circuló una lista (hecha) con inteligencia artificial.
Cárdenas, descolocado, se detiene ahí mismo en seco:
–¿También la lista está (hecha) con inteligencia artificial?
–Correcto. Porque pusieron los sellos de la fiscalía, la circularon y entonces involucraron a todos los periodistas que quisieron.
El periodista suelta una risotada y un “ajá” suspicaz.
Aquella afirmación se convertirá en uno de los puntos más controvertidos del debate. Tanto que un mes después, la pregunta sigue en el aire sin respuesta: ¿qué parte de esta historia fue realmente producto de la inteligencia artificial?
La lista, contenida en un documento con fecha del 17 de diciembre de 2025, era una solicitud para actos de investigación contra once personas, firmada por el agente del ministerio público José Rubén González Ramos.
De la entrevista el diputado se despide sonriente, con el aire de quien las tiene todas, aunque en redes sociales pocas horas después, abundan las críticas.
Las horas pasan. El escándalo rebasa las fronteras de San Luis Potosí.
Ahora es sábado 6 de junio. Qué ironía: previo a la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, las generadoras de contenido Alejandra Hermosillo y Eréndira Reyes detenidas dos semanas atrás, son liberadas tras un acuerdo que, según se informa públicamente, incluye la reparación del daño a la víctima.
¿A quién? Oficialmente no se sabe; de manera extraoficial, la misma Anahí Torres menciona como parte acusadora a la senadora Ruth González.
Tres días después, el martes 9 de junio el cielo sigue nublado y en la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo en el auditorio de la Universidad Politécnica, el gran ausente es el gobernador del estado, Ricardo Gallardo.
En su representación, el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez pronuncia un discurso que suena conciliador; un periodista curtido en banquetas, lo escucha sosteniendo un canapé y con el ceño fruncido, hace su lectura mirando al infinito: “es un hipócrita”.
Mientras tanto, en la Plaza del Carmen y en el estadio Libertad Financiera, dos de los antagonistas políticos, el alcalde capitalino Enrique Galindo y el gobernador Ricardo Gallardo, se miden los tamaños de las pantallas para ver el mundial; en las oficinas de comunicación social del Poder Ejecutivo Estatal esperan con ansia el silbatazo inicial del México vs Sudáfrica con la esperanza de que sirva, de menos, como una pausa de hidratación mediática.
No pasará. El Mundial no consigue desplazar la conversación. Mientras las pantallas se encienden, en la Fiscalía comienza otro capítulo.
Al día siguiente, miércoles 10 de junio, el sol se asoma, pero los chubascos y las tormentas vespertinas se mantienen. Sin saber aún de qué se le acusa, el periodista Juan Pablo Moreno, director de la revista La Noticia, acude a una cita en la Fiscalía General Estado para comparecer ante un agente del ministerio público.
Ahí aparece en escena la abogada Natalia Castillo. Odiada por muchos, amada por otros, ha conseguido, a punta de transmisiones en vivo, una buena cantidad de seguidores en su cuenta personal de Facebook.
Usa esa misma herramienta ahora y convoca a sus seguidores a conectarse: en primer plano está ella, a su lado el periodista, ambos frente al escritorio del ministerio público que firmó la citación. El propio agente les informa que la cita para comparecer por una denuncia contra el periodista ha sido cancelada. La causa no la tienen muy clara, el argumento es que la carpeta de investigación fue dejada sin efecto.
¿Qué carpeta? ¿Por qué delitos? ¿quién acusa? Son preguntas que Natalia y Juan Pablo no planean dejar sin respuesta estando ahí.
A los pocos minutos de iniciada la transmisión, los espectadores, los shares y los likes se suman por centenares. La abogada insiste en conocer la denuncia. El agente se resiste. Castillo, que hasta ese momento había respetado la identidad del ministerio público, con voz rasposa y golpeada, se desespera:
–¿Por qué recula señor ministerio público? No, no, no, ahora sí ya lo voy a poner, ¡aquí está el ministerio público!
Y entonces ocurre un giro inesperado: el agente del ministerio público que tienen enfrente es el mismo cuya firma aparece tanto en la solicitud de actos de investigación que dio origen a la lista de los once como en los citatorios dirigidos al periodista Juan Pablo Moreno.
¿Dónde estuvo la inteligencia artificial? Un sello se puede replicar digitalmente. Lo que permanece sin explicación es la continuidad entre el documento atribuido a la inteligencia artificial y actuaciones posteriores suscritas por el mismo agente.
Con información del vicefiscal Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, la abogada y el periodista salen de la fiscalía general del estado con una certeza: el denunciante es el diputado Héctor Serrano Cortés.
A partir de ahí la polémica deja de crecer por inercia y comienza a alimentarse a sí misma. El diputado, empoderado, amenaza con seguir denunciando periodistas; el alcalde Enrique Galindo ya trepado en el debate cruza declaraciones a tres manos con los verdes, con el líder Ignacio Segura, con el gobernador Ricardo Gallardo y con el diputado Héctor Serrano; los tres le responden, y él vuelve a reaccionar.
Así dos semanas más.
Aunque el debate es sobre libertad de expresión, la realidad confirma otra cosa: la disputa es política, los medios están en medio y el periodismo, en la lona, desmoralizado.
Pero para la frustración del poder, ni un puente sinuoso, ni una detención arbitraria a manos de la policía capitalina contra una defensora de derechos humanos, ni un reloj con diamantes en la muñeca de un diputado opaco, ni la calidad del futbol del Mundial, le han quitado su lugar en la agenda a la Ley Serrano, ni aquí, ni fuera de aquí.
La liberación obtenida bajo condición de no recibir denuncias ciudadanas durante un año, para el creador de contenido vallense Cristian Herrera, detenido igualmente el 21 de mayo, alimenta la percepción de control político que rodea al conflicto que deriva en la protesta del martes 23 de junio, un mes después del inicio del escándalo, en el Congreso del Estado.
La polémica entra ya en su segundo mes. Y la salida no parece sencilla ni pronta.
Se insiste: ¿dónde estuvo la inteligencia artificial?
Los citatorios existieron, el agente del ministerio público que los firmó resultó ser una persona plenamente identificable, las carpetas existieron y al menos uno de los denunciantes fue identificado públicamente. Hasta ahora no se han presentado pruebas que respalden la afirmación de que el material que detonó el escándalo fue generado mediante inteligencia artificial.
A la luz de las acusaciones conocidas hasta ahora tampoco resulta evidente cuál era la lógica que unía a los integrantes de aquella lista de once personas.
Las imputaciones que han trascendido públicamente parecen responder a conductas distintas entre sí, lo que vuelve menos evidente el criterio mediante el cual fueron agrupadas originalmente en una misma solicitud de actos de investigación: Eréndira y Alejandra fueron señaladas por manipulación de imágenes; Juan Pablo Moreno por presuntos delitos digitales y extorsión; y Cristian Herrera, que ni siquiera figuraba en la lista, terminó acusado de usurpación de funciones.
Un mes después, la inteligencia artificial sigue siendo apenas una de las preguntas sin respuesta. Junto a ella permanecen otras: ¿quién o quiénes fueron realmente las víctimas?, ¿con qué criterio se integró la lista de los once?, ¿por qué fueron agrupados casos tan distintos? Las respuestas siguen siendo menos numerosas que las interrogantes.
