Por: Oswaldo Ríos
Twitter: @OSWALDORIOSM
Este martes 12 de enero, 1,314 personas perdieron la vida en México por causa del coronavirus, la cifra más alta en los casi 300 días que llevamos de pandemia.
1,314 vidas arrebatadas en tan solo 24 horas y lo más preocupante, es que la lógica nos dice que esa cifra tenderá a subir sostenidamente durante las próximas semanas.
La funesta tendencia que se asoma, amenaza con colapsar el sistema de atención hospitalario y llenar aún de más luto y dolor a cientos de miles de familias, ante la negligencia de un gobierno que ha actuado de forma irresponsable, errática y deliberadamente miserable, al minimizar discursivamente la magnitud del problema, a costa de agravarlo en la sociedad, al promover la ignorancia, la indolencia y el valemadrismo en millones de mexicanos.
Para que se den una idea de la magnitud de la tragedia, el promedio de homicidios dolosos durante 2020 fue de 78 asesinatos por día, apenas el 6% de las muertes por Covid19 de este martes negro. No por nada, según la Universidad Johns Hopkins, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en letalidad entre las 20 naciones más afectadas por el virus con 8.8 fallecimientos por cada 100 contagios registrados.
Al usar esta comparativa, es inevitable recordar que López Obrador y su movimiento social, promovieron enjuiciar al expresidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos crímenes de lesa humanidad derivados de su guerra contra la delincuencia organizada.
Quién diría que solo en los primeros 25 meses de gobierno de López Obrador se cometerían 72 mil 170 homicidios dolosos, ¡el 60% de todos los asesinatos que se cometieron en el sexenio de Calderón!
Por la misma causa (difícilmente acreditable desde el punto de vista de la responsabilidad penal), el tabasqueño sería más punible que el michoacano ante un tribunal internacional.
Pero si hablamos de la gestión de la crisis sanitaria por coronavirus, la probabilidad de acreditar responsabilidades por la toma de decisiones en el proceso de implementación de política pública, las cosas son muy diferentes.
Para acreditar que el gobierno de López Obrador tiene una responsabilidad directa, causal, correlacional e incontrovertible en el mal manejo de la pandemia y sus fatales consecuencias, basta observar su comportamiento público desde el inicio y darse cuenta que:
Privilegió la no aplicación de pruebas para ahorrar dinero.
No aplicó protocolos sanitarios en vuelos provenientes del extranjero.
Fue ineficaz e ineficiente para proveer a médicos, enfermeras y trabajadores, del equipo necesario para atender a los enfermos sin arriesgar su integridad, tanto que nuestro país ocupa la tasa de mortalidad más alta del personal de salud.
Su método “Centinela” fue un fracaso que subestimó el número de contagios y víctimas, al punto que tuvo que aceptar su error, descartarlo y admitir una cifra exponencialmente mayor de contagios y decesos.
Fue criminal y grotescamente ambivalente en el uso del cubrebocas.
Descalificó sus propios mecanismos de control de movilidad social como el “semáforo epidemiológico”, generando desinformación, caos y desdén en la sociedad.
Sus funcionarios no acataron sus propias recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas o evitar los viajes de placer o las vacaciones.
Minimizó los efectos de las nuevas cepas del virus y nunca aplicó mecanismos para detectarla y controlarla.
Fue incapaz de imponer mecanismos que inhibieran el descontrol social y además permitió diferentes problemas que incidirán en un mayor número de contagios como el atrofio de las líneas del Metro en la Ciudad de México o no exigir las pruebas en viajes internacionales, tal como lo hacen otros países del mundo.
Y finalmente, hablando de las vacunas, el gobierno mexicano es de los que tienen los peores porcentajes de cobertura, eso sin contar con el uso político y propagandístico que le ha dado a su aplicación.
Con los mismos criterios con que López Obrador y Morena pretenden que Calderón sea juzgado, queda claro que el actual presidente reúne mayores méritos en cantidad y solidez, para enfrentar un escenario justiciable realmente adverso una vez que deje el poder.
Quizá por eso ese afán enfermizo de concentrar todo el poder y usar todo el presupuesto para comprar voluntades.
El primer vacacionista de México, Hugo López-Gatell dijo alguna vez que un escenario verdaderamente “catastrófico” sería llegar a 60 mil fallecimientos.
El día que escribo esta columna (13 de enero de 2021) hemos acumulado 135 mil vidas arrebatadas por el coronavirus, pero hay que recordar que, a principios de julio del año pasado, el declamador Gatell dijo que para conocer la cifra real de fallecimientos habría que multiplicar la cifra oficial por tres.
Sí, 400,000 mexicanos han perdido la vida por una enfermedad devastadora, es cierto, pero que pudo ser atendida de una forma más asertiva, más profesional, más humanista, más diligente, más seria y mucho más responsable que lo que fue manejada por un par de sujetos sin escrúpulos.
Uno que al día de hoy se niega a usar el cubrebocas y el otro, su patiño, ese que le dijo que no había problema en que fuera irresponsable porque “su fuerza era moral y no una fuerza de contagio”.
No sé si la oposición tendrá la energía que tuvo López Obrador cuando alentó la promoción del juicio contra Calderón en la Haya. Pero hay algo que sí sé y que probablemente al presidente le pueda más, incluso que las implicaciones legales de su responsabilidad enfrentando al Covid19: el juicio de la historia.
La historia no lo absolverá y su sentencia será inapelable.
López Obrador: genocida.
