Por Victoriano Martínez
No son servidores públicos. Son vividores que simulan ejercer funciones públicas para repartirse el erario como botín y en los últimos días han exhibido hasta el descaro sus prioridades a la hora de determinar el destino de los impuestos, lo que muestra que la politiquería sólo puede dar paso a saqueadores y no a administradores de lo público.
Una banda de saqueadores que han llevado la premisa de J. Carmen García Vázquez que advertía que “la ideología los separa, pero el presupuesto los une” a eliminar la primera parte y centrarse sólo en el presupuesto para darle el uso que quien los lidera, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, determine.
Durante tres años, de 2022 a 2024, por inexplicado capricho de Gallardo Cardona el gobierno estatal le ha dejado de entregar 511 millones 671 mil 117 pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con lo que incumple con los anexos anuales de Ejecución del Convenio Marco de Colaboración con la Federación sin que se informe el destino de ese dinero.
¿Los devolvió a la Federación como se estipula en cada uno de los anexos de Ejecución? Si no lo hizo, cualquier otro uso que les haya dado es un desvío que ni la Auditoría Superior de la Federación ni el Instituto de Fiscalización Superior del Estado le han observado.
Este 2025, que sería el cuarto año de maltrato a la UASLP, la advertencia de una paralización de la UASLP por causa de ese adeudo obligó a Gallardo Cardona a realizar un pago de 206 millones 155 mil 546 pesos, que no cubre el adeudo total pero que sí fue tomado como una ofensa a la discrecionalidad con la que maneja el presupuesto.
Un oficioso y sumiso Congreso del Estado orquestó entonces una emboscada de linchamiento contra el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien no cayó, y ahora la UASLP lo pagará con nuevamente aparecer en el Presupuesto de Egresos con una asignación muy por debajo de la que seguramente se tendrá que pactar con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Gallardo Cardona, cuya firma en los anexos de ejecución del Convenio Marco con la SEP lo colocan como el principal responsable del maltrato presupuestal a la UASLP, pretende aparecer como ajeno a la actitud de sus sumisos diputados y pide dialogo entre la UASLP y el Congreso ante anuncio de recorte presupuestal.
Si no hubo sumisión, la consecuencia es el castigo presupuestal, por lo pronto en la asignación formal. Si no te sometes a las reglas de la banda de vividores, se enfrentan consecuencias. Una lógica que otros participantes como los consejeros electorales asumieron muy bien: le hacen el trabajo sucio a Gallardo Cardona con la iniciativa de la paridad electoral y reciben un pequeño premio.
El criterio para simular que son administradores de lo público nada tiene que ver con atender los requerimientos de la sociedad, sino que se enfoca en los caprichos e intenciones de quien lidera la gavilla que, a lo más, pacta con sus compinches obras que, en el colmo del cinismo, se mantienen en secreto “para evitar amparos”. Mayor confesión de que trabajan de espaldas a los ciudadanos no podría haber. Para ellos no hay erario, hay botín.
Se trata de ejemplos del uso discrecional del erario que repercuten en las funciones de la UASLP, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pero que son modus operandi en prácticamente toda la administración pública, sin importar independencia de poderes o autonomía de organismos públicos.
Un manejo del erario como botín que ha perdido totalmente el respeto a la ciudadanía al transformar sus aportaciones para el beneficio público en beneficios personales: rifar de dos camionetas Nissan —una Kicks y una Frontier— entre los sumisos diputados con un valor estimado entre 700 mil y un millón de pesos cada una.
¡Fuera máscaras! Ya no simularon repartir el erario para fines públicos, sino que directamente se rifaron parte del botín.
“Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle para con nosotros”, dijo la diputada Sara Rocha Medina al presumir, vía Facebook, que se ganó una camioneta. Una transmisión equivalente a presumir ante la víctima de un robo la parte que le tocó del botín.
Un alarde tan descarado sobre ser parte del grupo de vividores de la administración pública seguramente impulsado por la emoción del premio recibido que, pasada la euforia, la hizo reaccionar con un video de 10 segundos para afirmar que se trató de un adelanto del Día de los Inocentes”.
Adelanto o no del Día de los Inocentes, el hecho es que Gallardo Cardona y los 27 diputados están obligados a transparentar todos los detalles sobre la posada privada que tuvieron este martes en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, dentro del Parque Tangamanga I, cuya sola realización exhibe el grado al que pueden llevar su actitud de vividores de la administración pública.
