Fernanda Durán
Tras tres años de espera desde que se comenzaron a gestar los primeros trabajos en la legislatura pasada, este 30 de septiembre se reiniciaron las mesas de trabajo para la elaboración de la nueva Ley Ambiental del Estado.
Según lo expuesto en la reunión, su objetivo es actualizar el marco jurídico en materia ambiental para responder a los retos actuales del estado y garantizar la protección de los recursos naturales.
La diputada Martha Aradillas Aradillas, presidenta de la Comisión de Ecología, destacó la importancia de la colaboración y la inclusión de todas las voces.
Entre los objetivos planteados se encuentran garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano; promover la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, suelo y agua; regular la prevención y control de la contaminación; y fortalecer la participación de la sociedad en la protección ambiental.
La secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, enfatizó la necesidad de delimitar responsabilidades y atender vacíos legales.
“En la práctica encontramos muchos vacíos legales (…) creemos que es un muy buen momento para armonizar las normas y capacitar a los municipios sobre sus alcances, desde la gestión de residuos sólidos hasta la regulación de emisiones industriales y actividades como las ladrilleras. La coordinación entre autoridades estatales y municipales será clave para que las acciones sean efectivas y socialmente viables”.
Esto incluye la gestión de residuos sólidos, el control de emisiones industriales y la regulación de actividades con impacto ambiental, como la operación de ladrilleras; contempla la creación de mecanismos de coordinación, programas de contingencia ambiental y esquemas de mediación para resolver conflictos sin recurrir necesariamente a procedimientos administrativos complejos.
Otro de los ejes de trabajo es la regulación de aspectos cotidianos que impactan directamente a la ciudadanía como el control vehicular; el uso de pirotecnia en festividades y la correcta implementación de la prohibición de bolsas de plástico, buscando mayor eficiencia y claridad en la norma.
Además, se pretende establecer categorías y procedimientos para la protección de áreas naturales, incluyendo manejo participativo y registro estatal de dichas áreas.
Representantes municipales destacaron la importancia de contar con leyes claras y aplicables que permitan responsabilizar a los generadores de residuos, industriales o domésticos, bajo principios de prevención y financiamiento sostenible.
También señalaron que la armonización normativa entre distintos niveles de gobierno es clave para enfrentar problemáticas locales. Alejandro Leal Espinosa, director de Ecología de Villa de Pozos, destacó la necesidad de que la ley sea clara y aplicable en la práctica, especialmente para los municipios recién creados o con limitaciones de experiencia legislativa.
Mencionó que actualmente existe una deuda histórica en la gestión ambiental local, donde frecuentemente se trasladan responsabilidades entre municipios, estado y Federación, en particular el desafío que representa la sobrepoblación de perros en situación de calle en la zona conurbada de San Luis Potosí, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, pues se estima que hay un perro por cada dos habitantes.
Subrayó que esta problemática, sumada a la escasa infraestructura y financiamiento municipal, requiere un marco legal que permita responsabilizar de manera efectiva a los generadores de residuos, así como atender la protección animal y la regulación del uso del suelo de forma coordinada entre los diferentes niveles de gobierno.
