José de Jesús Ortiz
El doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud en el estado, solicitó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sea revisado el proceso penal que se sigue en su contra, pues reiteró que es un preso político del gobierno estatal, denunció que se han violentado de forma grave sus derechos humanos y advirtió que desde mayo de 2022 se le tiene recluido con mentiras y pruebas falsas.
“Me encuentro injustamente recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila, en San Luis Potosí, detenido y acusado por un delito que no cometí, en un proceso que ha sido violatorio de mis derechos humanos, sustentado en testimonios falsos, abusos y vejaciones en mi contra, así como múltiples artimañas del Gobierno actual en San Luis Potosí y el Poder Judicial del Estado. En el proceso penal en mi contra se ha utilizado todo el poder del Estado de San Luis Potosí para criminalizarme y justificar, por parte de la administración estatal, el supuesto combate a la corrupción”, señaló.
A través de una carta de dos cuartillas entregada a la Presidencia de la República el pasado 13 de marzo, el ex funcionario estatal resumió el caso por el cual se encuentra detenido y enumeró lo que considera diversas anomalías procesales y violaciones a derechos humanos que han afectado su salud física y emocional, por lo cual pidió que sea revisado su caso “para que el proceso en su contra se realice de una forma justa, expedita y conforme a derecho, sin dilaciones en los tiempos y sin afectar de manera directa mi persona y mi entorno familiar.
Lutzow Steiner fue vinculado a proceso el 9 de mayo de 2022 acusado de los delitos de uso abusivo de funciones y asociación delictuosa por su posible participación (según la Fiscalía General del Estado) en la compra simulada de un plaguicida a la empresa Public Health Supply and Equipment de México S.A, que se utilizaría para combatir el dengue en la época en que fue director de Salud Pública, lo cual, de acuerdo a la Fiscalía, supuso una afectación al erario fue por más de 32 millones de pesos.
En la carta enviada a la Presidencia de la República denunció que hasta ahora es “el único exfuncionario de Salud que se encuentra en prisión por este supuesto delito, pese a que el Código Penal Federal establece que para la configuración del tipo penal de asociación delictuosa que se me imputa se requiere de la existencia de un grupo de tres o más personas que se reúnan de manera formal o no con el propósito de delinquir. No hay más exfuncionarios procesados por ese caso. Incluso el Juez de Control reconoció durante una audiencia judicial el pasado 25 de febrero, que no había un documento firmado por mí como imputado en que se acreditara mi participación o autorización para la compra simulada del plaguicida. Aun así, de forma facciosa, resolvió mantener la vinculación a proceso”.
“Se ha violado de manera grave el derecho a la verdad, dado que me tienen encerrado con mentiras, pruebas falsas, sembradas, que me han desgastado física y mentalmente”, puntualizó.
También, advirtió que “la Fiscalía General del Estado ha contado con el acompañamiento de una parte del sistema judicial del estado (jueces y magistrados parciales), que sin autonomía ni independencia actúan a favor de intereses oscuros, alejados de los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, que debería regir la impartición de justicia. Como yo, aquí hay cientos de personas presas, inocentes, víctimas del sistema judicial, que retrasa todo para desgastar y quebrar física, emocional y económicamente a las personas y sus familias”.
Por ello, se asumió como un perseguido y preso político del gobierno estatal y agregó: “a lo largo de estos meses he sufrido violaciones a mis derechos humanos, cometidas desde el día mismo de mi detención en que se me vulneró el derecho de contar con una defensa jurídica adecuada, con la asistencia de una defensora de oficio (no de mi abogado particular) que desconocía la carpeta de investigación y la imputación. También, entre muchas anomalías, a lo largo de estos meses, el juez de control que ha llevado la causa penal lejos de ser un juez imparcial, ha trabajado en conjunto con los agentes de la Fiscalía General del Estado para negarme mi libertad y sostener mentiras irracionales, que no se sostienen con ningún dato de prueba”.
“Como Presidente de México, y desde antes cuando vivió en carne propia la persecución política, usted ha mantenido un compromiso con la justicia y ha impulsado la reforma al Poder Judicial y la denuncia de sus prácticas viciadas. También, ha dicho en distintas ocasiones que la esencia de la cuarta transformación debe ser la lucha por la justicia en un país lleno de injusticias. Apelo, por ello, a su compromiso para que se atienda mi suplica y se ponga fin a la persecución en mi contra y a las injusticias cometidas a lo largo de todos estos meses”, concluye la carta.
El documento fue recibido por Gabriela Martínez, directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia.
