María Ruiz
Ruth Reina Rosas contó que ya no puede salir tranquilamente con su hijo, llevarlo a cualquier lugar o hacer las actividades cotidianas de una madre sin pensar en la posibilidad de encontrarse con su exesposo, el hombre al que denunció por violencia familiar y amenazas.
Desde que estaba embarazada, aseguró, él le advertía que le quitaría al niño; después, cuando el pequeño tenía menos de dos meses de nacido, presuntamente los amenazó con un arma de fuego. Ahora, con dos denuncias presentadas desde 2024 y medidas de protección que considera insuficientes, la mujer asegura que ha tenido que aprender a vivir con miedo.
Este martes acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la capital potosina, para pedir que las autoridades intervengan en su caso. No fue la primera vez que hizo pública la violencia que denuncia, pues anteriormente se manifestó en Rioverde, municipio donde inició los procedimientos. Sin embargo, decidió acudir a la sede central de la institución porque, además de las amenazas, enfrenta obstáculos para que una de las investigaciones avance.
“He tenido que vivir escondida. No puedo salir con libertad con mi hijo porque me amenaza con que me lo va a quitar”, relató.
Su hijo tiene actualmente dos años y diez meses. Ruth explicó que, aunque existe una orden de protección en materia familiar y medidas de protección dentro del procedimiento penal, su vida se ha reducido prácticamente a trasladarse entre su casa y su trabajo. Evita acudir a otros lugares por temor a que el hombre se acerque o intente llevarse al menor.
La situación también ha alcanzado las decisiones relacionadas con la convivencia entre el niño y su padre. La denunciante señaló que, pese a los antecedentes de violencia que había expuesto ante las autoridades y a las restricciones existentes, inicialmente se propiciaron encuentros entre ambos. Por esa razón promovió un amparo para solicitar que las convivencias no se permitieran hasta que se resolviera la situación penal y pudiera acreditarse que el menor estaría seguro.
Ruth considera que la exposición del niño a este entorno también tiene consecuencias, aunque reconoce que no puede determinar cómo le ha afectado.
“Yo creo que de alguna forma el no ver segura a su mamá debe de impactarle, el no poder llevarlo con tranquilidad donde cualquier mamá va”, expresó.
Uno de los episodios que forman parte de las denuncias ocurrió el 18 de febrero de 2024. De acuerdo con la información de la carpeta de investigación 1261/2024, ese día el hombre presuntamente la apuntó con una pistola mientras ella se encontraba en una habitación. Por estos hechos fue judicializada la investigación y se obtuvo la vinculación a proceso del imputado, dentro de la causa penal 115/2026, cuyo Ministerio Público responsable es Aarón Salvador Monroy Muñiz. En este procedimiento está por concluir el periodo de investigación complementaria.
La segunda denuncia corresponde a la carpeta 2722/2024, también por violencia familiar. Esta investigación fue judicializada por el Ministerio Público Abel Almanza Villanueva y recibió el número de expedientillo 167/2026 en el Centro Integral de Justicia Penal con sede en Rioverde. Sin embargo, el procedimiento no ha podido avanzar hacia la audiencia inicial.
La primera audiencia fue programada para el 27 de julio de 2026, pero no se realizó debido a la inasistencia del agente del Ministerio Público. Una segunda fecha, el 6 de octubre, tampoco permitió el desahogo de la diligencia por la ausencia del imputado. El 6 de noviembre se programó nuevamente, pero el procedimiento volvió a detenerse porque Abel Almanza Villanueva no acudió.
La siguiente audiencia quedó fijada para el 11 de diciembre de 2026, a las 9:00 horas. Ante las dos inasistencias del funcionario, Ruth solicita que la fiscal general María Manuela García Cázares, el vicefiscal Rubén González o el titular de la Fiscalía de Municipios, Christian Ulises Sánchez, designen a un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer para que acuda a la diligencia y se haga cargo de la carpeta.
La petición responde a que, para Ruth, no se trata solamente de fechas que se recorren en el calendario. Cada suspensión significa continuar sin una resolución sobre hechos que denuncia desde hace casi dos años, mientras las amenazas y el temor siguen presentes en su vida.
“Estoy cansada de estar yendo a los citatorios, de estar presionando en Fiscalía, de estar haciendo publicaciones y de que no sea visibilizada la situación. Estoy cansada de exponer mi mente y mi corazón”, dijo.
A la demora en las investigaciones se suma su preocupación por la relación que, asegura, el imputado mantiene con personas de la Fiscalía. Según su testimonio, el hombre se presenta como policía de investigación de la FGE, aunque actualmente no trabaja de manera oficial en la institución. No obstante, afirmó que continúa presentándose como integrante de esa corporación y que dice tener una empresa de seguridad privada, cuya existencia cuestionó.
Ruth sostuvo que el hombre tiene amistades y compromisos con funcionarios que, desde su perspectiva, han influido en la manera en que se han atendido sus denuncias. Como ejemplo, recordó que durante el seguimiento de la primera carpeta buscó información durante meses sin obtener avances y posteriormente supo que el entonces delegado de la Fiscalía en Rioverde tenía el expediente en su escritorio, con una propuesta de no ejercicio de la acción penal.
Aseguró que fue después de hacer público el caso cuando consiguió que esa investigación avanzara hasta la vinculación a proceso. Sin embargo, la segunda carpeta continúa enfrentando retrasos.
La denunciante también ha presentado grabaciones de amenazas ante las autoridades. Afirmó que, aunque procura mantener contacto cero con el imputado, los mensajes y advertencias llegan por medio de otras personas. Sin embargo, señaló que en Fiscalía le han dicho que esas comunicaciones no pueden considerarse amenazas.
La presencia de un arma de fuego en los hechos que denuncia es otro de los aspectos que le preocupan. Aseguró que, pese a haber expuesto que el hombre los amenazó con una pistola cuando su hijo era todavía un bebé, no tiene conocimiento de que se le hayan retirado las armas o de que las autoridades hayan verificado su procedencia.
“Esta persona está armada, parece que goza de impunidad no solo en mi situación sino en muchos otros casos. Me ha amenazado. Tengo las grabaciones de esos videos donde me amenazan. Los he presentado ante las autoridades correspondientes y solo siguen las medidas de protección y que no se me acerquen. O sea, nada ha sido suficiente”, señaló.
Las medidas vigentes establecen que el hombre no debe acercarse a los lugares donde ella se encuentre. No obstante, Ruth considera que esa disposición no resuelve el problema de fondo, pues no puede desarrollar su vida con normalidad ni tiene la certeza de que las amenazas vayan a detenerse.
Su manifestación de este martes fue la primera que realizó frente a las instalaciones centrales de la Fiscalía en San Luis Potosí. Antes había recurrido a protestas públicas en Rioverde para exigir que se atendiera su caso. Ahora pide que la institución intervenga directamente en la segunda investigación, sustituya al agente del Ministerio Público que no ha acudido a dos audiencias y garantice que la diligencia del 11 de diciembre pueda realizarse.
“Si la institución está para proporcionar justicia, pues que eso haga y que se me designe un MP desde aquí, que pueda llevar a cabo las audiencias y que tenga la voluntad de hacer su trabajo”, expresó.
