Fernanda Durán
Ante las impugnaciones por la presunta inelegibilidad de al menos cuatro magistraturas electas para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por no cumplir con el promedio mínimo de calificación exigido en la convocatoria, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aseguró que la revisión documental de requisitos, incluidos los académicos, no fue su responsabilidad legal, sino de los Comités de Evaluación de cada poder; mientras el Tribunal Electoral del Estado (TEE) continúa en la etapa de sustanciación de los juicios.
La consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, sostuvo que “conforme a lo que disponen la ley electoral del Estado y la Constitución local, la verificación del cumplimiento de requisitos, incluidos los académicos, es atribución de los comités de evaluación”.
Detalló que estos comités —que fueron los responsables de emitir la convocatoria y recibir los expedientes— determinaron la idoneidad y elegibilidad de las personas aspirantes y posteriormente enviaron al Ceepac, por conducto del Congreso del Estado, los listados de candidaturas al Poder Judicial.
“Sin que esto signifique que Ceepac cuente con los expedientes, ya que la ley no establece que deban ser entregados a este organismo”, enfatizó.
En ese sentido, descartó que el Ceepac haya solicitado constancias de estudios o promedios escolares, dado que no le correspondió la etapa de registro.
“No podemos asumir facultades que no nos han sido expresamente conferidas por la ley”, añadió.
Recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó este criterio en el juicio 1950/2025, al confirmar que el Ceepac solo debe verificar que las personas electas no estén impedidas conforme al artículo 38 de la Constitución Política de México.
Consultada sobre si el organismo debió alertar o solicitar revisión ante una irregularidad evidente, Blanco respondió que solo recibieron “los listados que contenían los nombres de las candidaturas” y no tuvieron acceso a los documentos con los que acreditaron sus requisitos constitucionales.
“Finalmente, considero que este caso se encuentra ya en los tribunales, quienes deberán resolver de acuerdo con los criterios que establezcan de conformidad con estos casos”, puntualizó.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denisse Porras Guerrero, confirmó que el caso se encuentra en sustanciación y que aún no hay una resolución definitiva, pero no puede “adelantar ningún juicio porque sería pues justamente prejuzgar acerca del asunto o revela el sentido este que tendrá el proyecto”.
Afirmó que, hasta ahora, las tres magistraturas que integran el órgano electoral han acordado recibir directamente a las personas involucradas, sin importar en cuál ponencia recae el caso.
“La sentencia será tomada por el colegiado, entonces lo que hemos hecho hasta ahora es eso, es privilegiar; primero allegarnos de todos los elementos necesarios en el expediente y después escuchar a las partes”.
Asimismo, aseguró que no esperarán hasta el último día legal para resolver, sino que emitirán la sentencia en cuanto concluyan las diligencias:
“Estamos haciendo lo propio, lo estamos estudiando con mucha responsabilidad con mucho compromiso y en cuanto se cierre instrucción, en nosotros esperemos también que sea con la mayor prontitud posible para que pueda seguir puesto toda la cadena impugnativa”.
