Por Victoriano Martínez
El gobierno abierto no existe en toda la administración pública del Estado. Pasó de actos de simulación durante el sexenio pasado a acciones aisladas que se cumplen por obligación legal, pero muy lejos de inscribirse en una estrategia para lograrlo.
Entre la simulación y la omisión, no resulta extraño que San Luis Potosí se ubique entre los últimos lugares en los indicadores de la Métrica de Gobierno Abierto 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Colegio de México.
Durante el sexenio pasado hubo dos presuntas acciones sobre gobierno abierto: una a través de la Secretaría General de Gobierno y la otra encabezada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), como parte de los compromisos adquiridos a partir de la Declaratoria Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto.
No obstante, en ambos casos las actividades que se realizaron tuvieron como característica sesiones y acuerdos sobre gobierno abierto tomados a puerta cerrada sin que se tomara en cuenta a los entes públicos involucrados, mucho menos se abrieron a la participación ciudadana mediante esfuerzos de difusión que la hicieran posible.
El Comité Institucional de Gobierno Abierto de la Secretaría de Gobierno inició actividades con la sesión del 6 de junio de 2017, en la que se exhibió la ignorancia sobre el tema al limitarlo, por ejemplo, a sorprender a la ciudadanía con una actitud en la que se le pueda atender sin que haga cita, según expuso Alejandro Leal Tobías, entonces secretario de Gobierno.
La última reunión de aquel Comité Institucional de Gobierno Abierto se dio el 9 de septiembre de 2021 con un acuerdo: “Dar continuidad con la próxima administración del cierre de estos trabajos dentro de la entrega-recepción”. No se conoce ninguna acción de continuidad, a menos que se siga en la línea de trabajar gobierno abierto a puerta cerrada.
En el caso de la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto a cargo de la CEGAIP, el 16 de enero de 2020 se publicó la Convocatoria para la Integración del Secretariado Técnico Local 2020 – 2021, Representante de la Sociedad Civil, el cual se instaló un mes después.
Como parte de las actividades, se realizó una Encuesta Ciudadana de Gobierno Abierto, el Gobierno a tu medida, y se abrió un micrositio web para dar seguimiento público a las actividades del secretariado técnico local. Hoy no se conocen los resultados de la encuesta porque no están disponibles y el micrositio web ya no funciona.
Sin Comité Institucional de Gobierno Abierto desde el Ejecutivo y sin Secretariado Técnico para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, es claro que el índice de 0.38 obtenido por las autoridades estatales en la Métrico de Gobierno Abierto 2023 es resultado del deficiente cumplimiento de obligaciones legales de transparencia, como se refleja en el resto de indicadores.
En el índice de gobierno abierto, San Luis Potosí se coloca en el penúltimo lugar, el 32 de 33 porque la relación de entidades analizadas incluye el ámbito federal, sólo por encima del Estado de México, con el indicador en 0.38, muy lejos del mejor evaluado, el estado de Guanajuato, que aparece con un 0.56.
En el índice de participación, San Luis Potosí se ubica en el lugar 23 con un indicador de 0.16, en tanto que el mejor evaluado fue la Ciudad de México con 0.34. Si se trata de participación desde la perspectiva ciudadana, el Estado se ubica en la posición 30 con un índice de 0.38, contra 0.56 de Querétaro, que fue el mejor evaluado.
En el caso del índice de transparencia, que evalúa el cumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio de información pública, San Luis potosí también aparece en la posición 30, con un índice de 0.18, bastante alejado de Guanajuato, el mejor evaluado, con un índice de 0.93.
Los indicadores y la posición que se alcanza en la Métrica no describen una deficiencia en las intenciones de lograr un Gobierno Abierto, sino una deficiente atención a las obligaciones de transparencia, de promoción de la participación ciudadana y de iniciar acciones en coordinación con la sociedad.
La baja evaluación obtenida no sólo muestra un preocupante grado de opacidad en la administración pública en el Estado, sino unas autoridades alejadas de la población a la que dicen representar, pero a la que no toman en cuenta para sus acciones.
