Alejandro Rubín de Celis
¿Podemos imaginar por un momento la incertidumbre que muy probablemente padecerá el año próximo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con un presupuesto de 320 millones de pesos aportado por el gobierno estatal, o aunque fueran los mismos 506 millones de este año pero entregados a destiempo, a cuenta gotas, como en este 2025?
La burda maniobra emprendida con amplios márgenes de sospecha por el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, de enviar una propuesta al Congreso del Estado para que la Universidad recibiera 506 millones 155 mil 546 pesos en 2026 como parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y que finalmente el Poder Legislativo lo redujera a 320 millones (186 millones 155 mil 546 pesos menos), coloca en una situación de zozobra al rector, Alejandro Zermeño Guerra y a la comunidad universitaria en su conjunto, sin poder ejecutar adecuadamente una planeación en materia académica y administrativa para el próximo año.
Este 2025, el Congreso sólo le autorizó al Ejecutivo 300 millones, pero, como en el Convenio Marco de Colaboración entre la federación, el estado y la UASLP el gobierno gallardista se comprometió a entregarle 506 millones 155 mil 546 pesos (la misma cantidad que ahora le pidió a los diputados para el 2026), la administración estatal tendría que pagar los 206 millones 155 mil 546 pesos restantes.
La advertencia del rector en agosto pasado en el sentido de que la Universidad sólo tenía recursos para hacer frente a sus compromisos de nómina y pensiones hasta la primera quincena de noviembre, y las vacilantes y hasta contradictorias declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre si se debía o no dinero a la máxima casa de estudios, hicieron angustiantes los último meses, al menos hasta que simbólicamente se pagó la cantidad restante el 17 de noviembre pasado, pues todavía están pendientes por liquidar 24 millones 980 mil 985 pesos.
La gran duda ahora es en qué términos se va a firmar el Convenio Marco en enero de 2026. ¿Lo propondrá y firmará Gallardo en los 506 millones 155 mil 546 pesos que engañosamente propuso al Congreso local en el Presupuesto de Egresos de su gobierno del próximo año? Si fuera así, ¿repetirá las prácticas especulativas y maliciosas que puso en marcha este año como una venganza porque el rector Zermeño no se pliega a su propósito de tener bajo control a todas las instituciones y los tres poderes del Estado?, ¿solicitará Gallardo que en el nuevo Convenio Marco se le permita al gobierno estatal pagar sólo los 320 millones que le aprobó el Poder Legislativo?, ¿pedirá el gobernador que se incorpore nuevamente la leyenda “sujeto a la disponibilidad presupuestaria” que se incluyó en el acuerdo de 2024 pero que ya no apareció en el de este año, para no tener el compromiso de pagar completo?, ¿qué va a ser de la Universidad, con tantas necesidades de infraestructura, equipamiento moderno y una administración eficaz y oportuna, si se repitiera la historia de este año o una similar?
Han sido cuatro años de penurias para la UASLP. En ese lapso, nadie con capacidad de decisión hizo algo por buscar una solución de fondo a la problemática financiera que año con año viene padeciendo esa casa de estudios. Ni la federación, ni el congreso federal o el local y, mucho menos, el Gobierno del Estado. El rector lo intentó con una iniciativa de ley para que la UASLP lograra su independencia financiera, pero el revanchismo y el control político que el gobernador ejerce sobre la mayoría de los legisladores, ni siquiera permitió que se discutiera.
Quizá una opción pudo haber sido negociar previamente el Convenio Marco entre las partes involucradas, en noviembre, digamos, antes de que el Congreso de San Luis Potosí aprobara el Presupuesto 2026, aunque se firmara formalmente hasta enero (y que así quedara en años posteriores), e igualar las cantidades para que cuadraran y no suceda ese desfase anual, pero a nadie se le ocurrió o no quiso plantearlo (para no incomodar al jefe supremo), al menos como una posibilidad.
Por lo pronto, bajo el argumento de que el rector no ha querido acudir a una reunión a la que lo han convocado los diputados, en su terreno, con la supuesta intención de aclarar dudas presupuestales (trampa que fue detectada por el doctor Zermeño y sus cercanos que tenía el afán de exhibirlo mediante cuestionamientos por negarse a que se auditen externamente los recursos propios de la Universidad, por los altos salarios de funcionarios universitarios y más) la gran mayoría de los integrantes de la LXIV legislatura del estado (25 votos a favor y una abstención. La diputada Gabriela López Torres no asistió) le aprobaron sólo 20 millones de pesos más que este año a la UASLP, para 2026.
“De la información que tenemos, la federación está entregando más de 2 mil 500 millones de pesos a la Universidad (…) lo que da el Estado es lo de menos”, dijo el operador político más importante de Gallardo en el Congreso y presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano. ¡¿Lo de menos!? Tan solo la falta de los 206 millones extras a los 300 aprobados este año por el Congreso, generaron una angustia innecesaria al rector y a la comunidad universitaria, por razones políticas atribuibles al gobernador. Todavía se atrevió a decir, como si fuera cualquier cosa: “Ustedes díganme, ¿qué representa 320 millones del Estado contra 4 mil millones en promedio que puede estar recibiendo la Universidad?”.
Un par de días antes de la aprobación del presupuesto 2026, Gallado Cardona conminó a las autoridades universitarias competentes a reunirse con los diputados pare exponer sus necesidades presupuestales para el año entrante. Y en un acto de cinismo monumental tuvo la desfachatez de decir: “Nosotros vamos a apoyar a la universidad, siempre lo hemos hecho, lo han visto; por nosotros no va a quedar”, para luego señalar que la solución está en un diálogo entre el Congreso (dominado por él) y la UASLP.
Mientras la gallardía siga gobernando, ya sea sólo hasta el 2027, y más aún si el Verde (solo o en coalición con otros partidos excepto Morena) gana la gubernatura con la esposa del gobernador, Ruth González o incluso con otra candidata o candidato, al menos hasta el 2028 que termina la gestión de Alejandro Zermeño Guerra, la UASLP y su rector padecerán los caprichos y la falta de escrúpulos de un cacique que se niega a respetar la autonomía universitaria y, con amplias posibilidades de hacerlo, impondrá desde las sombras en la rectoría a uno de sus incondicionales en menos de tres años.
Está claro que no es lo deseable. Los ciudadanos y los partidos de oposición tendrían que hacer todo lo que esté en sus capacidades políticas y en el ejercicio de sus derechos políticos (lamentablemente no tenemos una oposición real que señale y cuestione los enormes excesos de la gallardía) para que el escenario cambie y la UASLP pueda ver otros horizontes que faciliten la búsqueda de una solución estructural a sus problemas financieros y, sobre todo, para que se respete plenamente su autonomía.
