José de Jesús Ortiz
El doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud en el Estado, cumplió este domingo 16 meses recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila, acusado de los delitos de uso abusivo de funciones y asociación delictuosa por su posible participación en una supuesta compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue en la época en que fue director de Salud Pública.
Vinculado a proceso desde el nueve de mayo de 2022, el suyo es de algún modo un caso que exhibe diversas anomalías procesales y la aplicación selectiva de la ley, pues no hay un dato de prueba que acredite que firmó documento alguno para la compra de dicho plaguicida a la empresa Public Health Supply and Equipment de México S.A, o que obtuvo un beneficio económico; tampoco hay más exfuncionarios procesados por ese caso, pese a que para la configuración del tipo penal de asociación delictuosa que se le imputa se requiere —según el Código Penal Federal— de la existencia de un grupo de tres o más personas que se reúnan de manera formal o no con el propósito de delinquir.
Fue detenido la mañana del tres de mayo de 2022, más de siete meses después de la llegada de Ricardo Gallardo Cardona al gobierno estatal, con su discurso efectista en contra de la “herencia maldita” con que resumió el sexenio corrupto encabezado por el priista Juan Manuel Carreras y sus antecesores. Su detención se dio 20 días después de que fuera también detenida Mónica Rangel Martínez, titular de Salud durante la mayor parte del gobierno carrerista, en una causa penal diferente, aunque relacionada con otra compra simulada a la misma empresa.
La excandidata a la gubernatura apenas pisó la cárcel: obtuvo su libertad a los pocos días de ser detenida luego de declararse culpable de los delitos que se imputaban y acordar un procedimiento abreviado para devolver 22 millones de pesos como reparación del daño.
Lutzow Steiner ha descartado apegarse a la misma ruta del procedimiento abreviado, en los hechos sería reconocer su responsabilidad en los delitos que se le imputan, lo cual ha rechazado en cada una de las audiencias judiciales de la causa penal. De acuerdo con lo que afirman en su entorno, tampoco cuenta con un patrimonio de decenas de millones de pesos para la reparación del daño como lo hizo Mónica Rangel, pues según la Fiscalía General del Estado la afectación al erario fue por más de 32 millones de pesos, cantidad que se pagó a la empresa en la compra simulada en que se le implica.
“No robé nada, nunca robaría, nunca traicionaría mis principios. Mi familia sabe que no cometí delito alguno. Llevo una vida íntegra, todos saben que no cometí el delito, soy un funcionario público de carrera, aborrezco la corrupción y la avaricia”, expuso Lutzow Steiner ante el Juez de Control durante una audiencia judicial efectuada el pasado 26 de enero. Una postura que ha mantenido intacta desde el primer día. También, ha denunciado que la Fiscalía ha actuado con dolo en todo este tiempo, obstaculizando la investigación, dedicada a “inventar un culpable más que investigar un delito”.
Médico cirujano y homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en epidemiología por la UNAM y maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, llegó a San Luis Potosí en 2019 procedente de la Ciudad de México donde había hecho ya una carrera profesional a nivel federal en el campo de la salud desde más de una década atrás. Entre otros cargos —en esencia de carácter técnico—, se desempeñó como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (2014 a 2018) y subdirector de Prevención de Cólera en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (2007-2009).
Más que un político de vocación o de militancias partidistas, quienes lo conocen lo definen sobre todo como un técnico del ámbito de la salud pública, apasionado por la promoción de la salud y prevención de enfermedades Una vocación surgida en el ámbito familiar.
Originario del estado de Tabasco, creció en un entorno de clase media: su madre, médica de profesión, especializada en obstetricia, trabajó durante décadas en el Hospital de Pemex en Tabasco; su padre se dedicó al comercio hasta que terminó como trabajador también en Pemex, en áreas de mantenimiento. Fue el menor de cuatro hermanos, el mayor, falleció muy joven de leucemia, en una época en la que aún eran incipientes los trasplantes de médula ósea en México, necesarios para el tratamiento de esa enfermedad. Una tragedia y experiencia familiar que lo marcó y definió su vocación por la medicina.
Como jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal (2014 a 2018), le tocó coordinar diversas estrategias de seguimiento y evaluación de programas de salud pública, además de ser enlace con los titulares de las secretarías de salud en el país. En ese contexto es en que conoció a Mónica Rangel Martínez, quien al término del sexenio federal lo invitó a trabajar en los Servicios de Salud del Estado, inicialmente como consultor y asesor externo.
En agosto de 2019 se incorporó de tiempo completo a la Secretaría de Salud como director de Salud Pública, hasta febrero de 2021 cuando fue designado titular de la dependencia luego de la renuncia de Rangel Martínez para iniciar su aventura fallida como candidata a la gubernatura del estado, en medio no solo de la crisis por el Covid, sino también de reiterados señalamientos públicos de corrupción.
De poder inmenso, en los Servicios de Salud en el Estado no se movía nada sin la autorización de Mónica Rangel, un poder que buscó extender más allá de su permanencia como titular de esa dependencia. Al dejar la Secretaría, heredó una estructura de mando en las principales áreas burocráticas que fue con la que tuvo que trabajar Lutzow Steiner. Semanas después se daría una ruptura con ella al tratar de remover a los responsables de algunas áreas.
En diversas ocasiones, como fue la comparecencia ante el Congreso del Estado el 25 de agosto de 2021 para la glosa del último informe del gobierno anterior, Miguel Ángel Lutzow dio cuenta del desorden administrativo que encontró en la Secretaría de Salud y el desaseo en el manejo de recursos. En esa misma comparecencia, reveló que “de forma inédita” al asumir la titularidad en dependencia se hicieron observaciones al acta de entrega-recepción, documentando múltiples inconsistencias y se informó de ello al Órgano Interno de Control. “Tomamos las riendas de las áreas administrativas para corregir cualquier deficiencia administrativa, tomamos control de los pagos, había poca claridad y poca transparencia para poder integrar los expedientes para los pagos, no había consistencia entre el destino de los recursos presupuestales y el ejercicio del gasto”, señaló.
El exgobernador Juan Manuel Carreras López no fue ajeno a todo ello, como titular del Ejecutivo supo de ese desorden administrativo en Salud y de las denuncias documentadas de corrupción. Un quebranto, según lo reveló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona —durante su toma de protesta en septiembre de 2021— estimado en cerca de mil 700 millones de pesos, “desviados y saqueados” de la dependencia. Hasta ahora, Carreras López no ha sido investigado ni implicado judicialmente por caso alguno, pese al discurso del combate a la maldita herencia de los gobiernos anteriores que proclama Gallardo Cardona.
A la fecha, de los exfuncionarios de esa dependencia, solo Miguel Ángel Lutzow se encuentra bajo proceso penal. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo involucra en una compleja trama de compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue realizada en abril de 2020 por los Servicios de Salud, con Mónica Rangel como titular de la dependencia. Según la FGE, había un acuerdo previo con directivos de la empresa de no recibir el producto y simular la compra.
De acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía, como director de Salud Pública en el Estado, Lutzow Steiner participó —junto a otros exfuncionarios estatales— en tres reuniones que hicieron posible dicha operación simulada: la primera, en marzo de 2020 durante la sesión del Comité de Adquisiciones de los Servicios de Salud (integrado por nueve funcionarios de Salud) en la que se determinó autorizar la compra directa, sin licitación, de todo tipo de medicamentos e insumos para hacer frente a la contingencia por la pandemia de Covid19; la segunda a inicios de abril de ese mismo año en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), cuando se acordó la compra simulada de 193 tambos de 208 litros de “Mosquiticida” a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México S.A; y la tercera a finales de mayo, cuando se “reintegran” los más de 32 millones de pesos de dicha compra.
Esta última, una reunión en la Coepris en la que además de Lutzow —según la Fiscalía— participaron también la secretaria Mónica Rangel y otros funcionarios de la dependencia, entre ellos la subdirectora administrativa Patricia N., Francisco N., ex jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector y el apoderado de la empresa. Todo, con el objeto “de llevar a cabo la simulación de la compra” del plaguicida, “generando para sí un beneficio económico”.
De acuerdo a las exigencias que impone el sistema penal, corresponde a la Fiscalía la carga de la prueba y acreditar la culpabilidad de Lutzow Steiner en los delitos que le imputa. No lo ha hecho hasta ahora, ni ha acreditado tampoco la obtención de un beneficio económico, solo ha argumentado — en las audiencias judiciales— su participación en las supuestas reuniones en que se habría acordado y concretado la compra. Las dos últimas reuniones las sustenta a partir de los dichos de dos testigos que dicen haber visto ahí al exfuncionario, uno de ellos dice que supo de oídas sobre el cónclave.
Javier Pérez Contreras, el Juez de Control que lleva la causa penal reconoció incluso durante una audiencia judicial el pasado 25 de febrero, que no había un documento firmado por el imputado en que se demuestre su participación o autorización para la compra simulada del plaguicida. No obstante, adujo que este no es un requisito esencial pues “el mecanismo para realizar estas conductas es la simulación, que no es sinónimo de firmar”, por lo que mantuvo la vinculación a proceso.
En todo este tiempo, el proceso penal no ha estado exento de anomalías desde el mismo tres de mayo de 2022 cuando fue detenido el exfuncionario, vulnerado su derecho a una defensa jurídica adecuada con la asistencia de una defensora de oficio que desconocía la carpeta de investigación, lo que originó que un Tribunal Colegiado ordenara la reposición de la audiencia inicial y de vinculación a proceso; o una reciente evaluación de riesgo procesal realizada sin la presencia o notificación a sus abogados y que, de acuerdo con Miguel Lutzow, se le hizo de forma coaccionada.
También, en su mayoría el Juez de Control ha desestimado los argumentos de la defensa a cargo del despacho MLegal, como sucedió en la audiencia de reposición de la vinculación a proceso en que, ante la solicitud de la defensa para que no se declara una nueva vinculación, argumentó — entre otras cosas— que la “preponderancia probabilística” hacía más creíble la hipótesis de la FGE que la de la defensa. En la audiencia más reciente del pasado 24 de agosto, la defensa había solicitado que pudiera llevarse el proceso en libertad a partir de criterios recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva que vulnera derechos humanos. Ante ello, el juez determinó que el imputado no tenía “ningún vínculo” con San Luis Potosí (ni laboral, familiar o de bienes) al ser originario del estado de Tabasco y ratificó la prisión preventiva al considerar que había un “grado alto” de posibilidad de que se sustrajera a la acción de la justicia.
La compra simulada existió y afectó al erario, como lo ha documentado la Fiscalía General del Estado. Pero más allá de toda duda razonable, falta acreditar con datos de prueba e indicios contundentes, la participación de Lutzow Steiner en dicha operación, lo cual no ha sucedido hasta ahora. Pero también, la Fiscalía tendría que clarificar el por qué solo hay una persona procesada por esa compra simulada, lo contrario pareciera suponer el uso selectivo del aparato de justicia.
El uso de la imagen y el nombre completo de Miguel Ángel Lutzow Steiner en esta columna de opinión fue autorizado por su representación jurídica MLegal.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue reportero fundador de los diarios El Ciudadano Potosino y La Jornada San Luis, así como la revista Transición. Participó como becario de la Fundación Prensa y Democracia para realizar un programa académico en la Universidad Iberoamericana. Es autor del libro La batalla por Cerro de San Pedro, sobre la lucha social contra la Minera San Xavier. Actualmente se desempeña como profesor en distintas universidades.
