Modifican integración de la Comisión de Justicia de la UASLP por caso de acoso laboral

Fernanda Durán

Tras varias propuestas de sustitución sin concretarse en casi tres meses, finalmente el Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aprobó la sustitución del director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Enrique Delgado López, en la Comisión Institucional de Justicia Universitaria debido a que está involucrado en un expediente por acoso laboral.

De acuerdo con lo determinado por este órgano interno, en casos que deban ser analizados por la Comisión de Justicia y en los que esté involucrado algún directivo, será el abogado general de la Universidad, Joel González Miranda, o en su caso el secretario general, quienes tomen el lugar a fin de dar transparencia al proceso.

La Comisión Institucional de Justicia Universitaria está conformada por abogadas, como lo señala el artículo 139 del Estatuto de la UASLP, la directora o director, consejeras maestra y alumna de la facultad implicada, así como la presidenta de la Federación Universitaria Potosina, quienes analizarán el caso y, en su momento, recomendarán una sanción.

La integración tardó en concretarse debido a que fueron propuestas distintas autoridades para formar parte, entre ellas el director de la Facultad de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán, pero debido a que la especialidad en Derecho dentro de la Comisión de Justicia ya estaba completa con la presidenta y la secretaria, las denunciantes propusieron como integrante sustituta a la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Ana Gabriela Palestino Escobedo, sin embargo, se excusó para no formar parte bajo el argumento de dar certeza al caso.

Ante las dificultades para integrar la comisión, con tres votos en contra, el CDU accedió a la propuesta de designar al abogado general como nuevo integrante.

Las víctimas han señalado que desde el 8 de mayo en el que se emitió la recomendación del expediente CIJU/E1/001/2023 atribuido al director de Ciencias Sociales y Humanidades, el seguimiento ha sufrido omisiones y equivocaciones por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios respecto a su caso, que se han reportado a la Comisión de Justicia y a la Secretaría General de la UASLP.

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