Fernanda Durán
Aunque la reforma que tipifica el delito de halconeo fue aprobada recientemente en el Congreso del Estado, el diputado morenista Carlos Arreola Mallol advirtió que su bancada no está en contra del fondo de la propuesta, sino de la forma en que fue redactada, al considerar que abre la puerta a interpretaciones que podrían vulnerar derechos humanos y libertades informativas. Por ello buscarán trabajar nuevas adecuaciones con los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Arreola Mallol explicó que su abstención en la votación no fue un rechazo a la necesidad de regular esta conducta, sino una posición crítica frente a la ambigüedad del texto aprobado, ya que es necesario dotar tanto al Poder Judicial como a los elementos de seguridad de “un marco jurídico claro”, por lo que es “importante que las normas penales sean taxativas, específicas con qué conducta se va a penar”.
El legislador señaló que, aunque el dictamen incluye una salvedad respecto a que no aplicaría en el ejercicio del periodismo o los derechos humanos, la redacción inicial es preocupante.
“De entrada se puede prestar a algunas interpretaciones, como ya ha pasado en controversias constitucionales en otros estados”, advirtió.
Previo a la votación, Morena envió un análisis jurídico detallado a la Junta de Coordinación Política, en el que identificó al menos cinco riesgos sustantivos en el dictamen aprobado:
- Violación al principio de legalidad penal. La redacción del tipo penal contiene expresiones imprecisas como “facilitar la ejecución de un delito”, “obstaculizar las labores de seguridad” o “dispositivos equiparables o emergentes”, que permiten interpretaciones discrecionales y abren la puerta a la arbitrariedad.
- Criminalización del periodismo y la participación ciudadana. Los legisladores advirtieron que, tal como fue aprobado, el artículo podría ser utilizado para perseguir a periodistas, activistas o ciudadanos que documenten operativos o detenciones arbitrarias, contraviniendo criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
- Presunción de inocencia en riesgo. El dictamen no exige la comprobación de dolo o finalidad delictiva, lo que permitiría detenciones basadas únicamente en la posesión de dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares.
- Penas desproporcionadas. Las sanciones establecidas —de cinco a 12 años de prisión, y hasta 18 con agravantes— fueron calificadas como excesivas al no corresponder con la gravedad del daño causado, en violación al artículo 22 constitucional y criterios de proporcionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Ineficacia de la cláusula de exclusión. El párrafo que supuestamente protege a periodistas y defensores de derechos humanos condiciona la protección a que “no tengan fines delictivos”, lo cual según Morena, es ambiguo y deja la interpretación en manos del Ministerio Público.
Arreola adelantó que su bancada analiza la posibilidad de presentar una nueva iniciativa para modificar la redacción del delito aprobado, con el fin de garantizar que no se criminalice de forma injusta a ciudadanos, periodistas o activistas.
“Podemos trabajarlo dentro de estos temas con el grupo parlamentario del Verde y si logramos un consenso me parece que podemos modificar la redacción en su momento ya se avanzó no no nos oponemos a ello. Sin embargo, vamos a proponer una redacción diferente para que se ajuste a los criterios de derechos humanos a los que creemos hay que ajustarse”, afirmó.
También insistió en que la postura de Morena está alineada con la política federal en materia de seguridad, y que su intención no es bloquear herramientas jurídicas, sino perfeccionarlas.
El diputado lamentó que no se haya logrado un acuerdo previo para modificar el dictamen antes de su votación, por lo que espera que en el futuro se genere más diálogo entre las bancadas antes de aprobar reformas sensibles.
“Me parece que ha hecho falta el diálogo entre fuerzas políticas para los asuntos legislativos. A veces vamos demasiado rápido y nos incluimos las reformas constitucionales, a veces llegan y se va todo muy rápido, y a lo mejor hay que ir trabajando previamente la agenda legislativa entre la alianza que logra la mayoría de la Cuarta Transformación también en el Congreso de San Luis”, comentó.
La reforma que tipifica el halconeo, entendido como el espionaje o vigilancia delictiva hacia cuerpos policiales, fue aprobada con mayoría, pero generó divisiones en la votación, especialmente entre los partidos aliados.
