Estela Ambriz Delgado
El integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), Juan Felipe Cisneros Sánchez, señaló que el partido Morena utiliza los programas sociales como moneda de cambio para justificar el extractivismo.
Esto luego del anuncio realizado por el Gobierno Federal sobre el análisis de reactivar proyectos de fracking para extracción de hidrocarburos, y las posturas políticas desde el Senado de la República.
El activista hizo mención de que los senadores, tanto de Morena como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representan una claudicación ideológica y constitucional, al ignorar la jerarquía de los derechos humanos y la naturaleza pluricultural de la nación.
Además de que ambos bloques ignoran que la verdadera soberanía reside en la protección de la gente y su territorio. Al entregar el subsuelo a la fracturación hidráulica y al capital privado, sacrifican la simiente de la nación, que son los pueblos indígenas, por una modernidad energética que es insostenible y excluyente.
Apuntó a que el discurso de Morena justifica el fracking bajo el argumento de financiar programas sociales y “crecer económicamente”, lo que representa una visión utilitarista, con la que el Estado sacrifica derechos fundamentales como salud, medio ambiente sano, y acceso al agua.
Señaló que esto se hace en aras de un beneficio económico transitorio, pues los puntos donde se aplica la técnica de extracción en yacimientos no convencionales tienen una vida útil de apenas cinco años en promedio, pero deja el territorio devastado para siempre.
“No se puede defender la ‘soberanía nacional’ vulnerando la seguridad ambiental y alimentaria de los ciudadanos. Al permitir la inversión mixta y el capital privado en proyectos de extracción agresiva, la soberanía se convierte en una retórica de fachada que oculta la entrega de recursos a dinámicas de mercado que el mismo movimiento prometió combatir”.
En este sentido, Cisneros Sánchez consideró que los representantes populares, que ahora se presentan como “representantes de las trasnacionales”, olvidan lo establecido en el artículo 1 constitucional sobre el acceso de todas las personas a los derechos humanos reconocidos, así como el artículo 2, que reconoce la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, quienes tienen autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
Explicó que si bien el artículo 27 constitucional otorga a la nación el dominio directo de los hidrocarburos, el artículo 2 y el Convenio 169 de la OIT obligan a la consulta previa, libre, Informada, culturalmente adecuada y de buena fe. La consulta fue omitida en tiempo y forma, y por lo tanto, las comunidades indígenas han expresado su no consentimiento a la exploración y explotación petrolera.
El integrante del OIM subrayó que ambos bloques políticos omiten que gran parte de las reservas de gas no convencional se encuentran en territorios indígenas, como la Huasteca o el Totonacapan.
Situó a Morena en un “progresismo extractivista” que usa la ciencia para renombrar el fracking y hacerlo digerible, e intenta omitir que la técnica, por más “evolucionada” que sea, compite directamente por el agua de las comunidades. Mientras que el PRI exhibe un oportunismo cínico, al no criticar el daño al territorio, sino la demora en la entrega del recurso al capital privado.
“La retórica senatorial intenta colocar la ‘autosuficiencia energética’ como un bien superior a la integridad de los pueblos. Sin embargo, conforme al bloque de constitucionalidad, la utilidad pública no es un cheque en blanco para el Estado. (…) los pueblos indígenas son los propietarios ancestrales de los territorios donde se pretende intervenir. Al priorizar la ‘inversión voraz’, el Senado reduce a los pueblos originarios a simples obstáculos para el desarrollo, violando el espíritu del artículo 2 que los mandata como sujetos de derecho público”, concluyó.
