María Ruiz
El colectivo Vida Sobre Ruedas manifestó que cualquier proyecto que contemple cambios en la infraestructura vial en la capital debe atender como prioridad las necesidades de aquellos usuarios más vulnerables con enfoque de género y Derechos Humanos; esto incluye a peatones, ciclistas y personas que utilizan el transporte público.
Esto después de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Gobierno del Estado presentaran el proyecto Vialidades Potosinas, el cual está enfocado en la restructuración de la infraestructura vial, sin embargo, no contempló la construcción de ciclovías.
Por esta razón, el colectivo hizo hincapié en que la construcción de vialidades que beneficien al automóvil implica pasar el problema a generaciones futuras, pues ampliar el número de vialidades y carriles sólo invita a aumentar el parque vehicular y las consecuencias negativas que vienen consigo, como el tráfico, contaminación atmosférica y auditiva, la necesidad de cajones de estacionamiento y deterioro de la salud pública, entre otras.
De acuerdo con el documento “Anatomía de la Movilidad en México”, alrededor del 30 por ciento de la población de San Luis Potosí utiliza la bicicleta como medio de transporte para llegar a la escuela. El porcentaje de usuarios que la utilizan para llegar al trabajo es del 50 por ciento, uno de los más altos del país.
Para Vidas Sobre Ruedas, es fundamental un proceso de construcción de infraestructura para movilidad ciclista y peatonal que, de no continuar con su desarrollo, representaría un retroceso en términos del logro y cumplimiento de derechos humanos.
“El proyecto de vialidad idóneo sería el que incluyera la construcción de una red de ciclovías con mayor número de kilometraje. Así también como el formular políticas públicas de ciclismo urbano orientado a la mujer; implementar políticas que fomenten el ciclismo en un entorno seguro y privilegiar la implementación de redes de ciclovías segregadas”, manifestaron integrantes del colectivo.
Por otro lado, el colectivo manifestó que la toma de decisiones debe basarse en estudios, además de atender los acuerdos y tratados internacionales de los que México es parte.
“El no contar con un pulso de la ciudad impide dimensionar adecuadamente las oportunidades y los retos que enfrenta el municipio, decisiones y ciudadanía”, señalaron.
Cabe recalcar que las diversas organizaciones que se dedican a la movilidad, accesibilidad y género en el estado y la ciudad, en colaboración con el IMPLAN, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y Policía Vial, llevaron a cabo nueve mesas de trabajo, cuyo resultado final fue el “Reglamento Ciudadano de Tránsito”, fundamentado en la Pirámide de la Movilidad y el principio de movilidad sustentable, cuya aprobación final quedó suspendida en la administración anterior.
