Alejandro Rubín de Celis

Diputados, funcionarios de gobierno, grupos políticos y miembros del Poder Judicial colocan parientes y allegados en distintos cargos públicos sin que haya un solo caso de sanción por estas cuestionables prácticas.

Al inicio de la actual legislatura del estado la diputada petista, Paola Arreola, metió en la nómina del Congreso del Estado a su cuñado, Kevin David Gloria Ibarra, con el cargo de secretario técnico del Comité de Orientación de Gestoría y Quejas. Claro, su pariente político fue despedido hasta que se hizo pública su irregular contratación, de otra manera seguramente ahí seguiría.

Obtenida por vía de solicitudes de información, la organización Ciudadanos Observando documentó y denunció el abultamiento de la nómina del Poder Legislativo mediante la contratación de familiares, amigos, prestanombres y aviadores que representan una erogación de 3 millones 500 pesos mensuales del erario público a favor de 140 personas pagadas por honorarios, muchas de las cuales no llenan el perfil para el que fueron contratadas.    

Se acaba de conocer que hermanos de los diputados Sonia Mendoza y Rubén Guajardo ocupan puestos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos con un sueldo bruto de 14 mil 314.50 pesos cada uno. Ambos legisladores han negado haber intervenido en su contratación. La diputada panista ha sugerido que si hubiera hecho uso de sus influencias le hubiera conseguido a su hermana Alma Delia un puesto con un salario mucho mejor, pero también pudo haberlo hecho así para no hacer mucho ruido y no despertar sospechas. Además, ¿cuántas personas en la actualidad tienen acceso a una remuneración superior a las 14 mil pesos? No es un ingreso tan bajo como ella lo quiere hacer ver.

En una más de sus oscuras maniobras, los diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado buscan colocar gente de sus confianzas o a la que le deben favores políticos en la Unidad de Evaluación y Control. El gallardismo pretende colocar a dos de sus personeros y hasta el súper delegado de programas federales, Gabino Morales, anda metiendo su cuchara a través del presidente de la Jucopo, el morenista Edson Quintanar Sánchez.  

Anaís Capablanca fue contratada por la administración municipal en turno como jefa de diseño de la dirección de Comunicación Social. Anaís es nada menos que la cuñada del secretario general del ayuntamiento de la capital, Sebastián Pérez García. Cuando se reveló el caso, el funcionario afirmó que desconocía de su contratación. ¿De verdad no sabía que su cuñada ya cobraba en la nómina municipal? ¿Habrá abierto carpeta de investigación el contralor José Mejía Lira sobre el caso?

En el Gobierno del Estado, el contralor general, Gabriel Rosillo Iglesias, quien debería identificar y en su caso sancionar administrativamente casos de nepotismo (figura jurídica que no existe en la ley pero que es identificada entre los delitos de cohecho) ¡Tiene a su esposa Myriam Ivonne Pérez, y a su hermana Martha Luz Rosillo Iglesias, en la nómina estatal!

Dice el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí: “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda… servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios…”

El mismo ordenamiento establece sanciones que van desde la suspensión del empleo y la sanción económica, hasta la inhabilitación de uno a 10 años como servidor público, según lo juzgue el tribunal competente. ¿Algún sancionado por nepotismo en el ámbito estatal? ¿Dónde han estado los organismos sancionadores del Sistema Estatal Anticorrupción?

Para cerrar con broche de oro, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acaba de publicar el reportaje Los Virreinatos del Poder Judicial en el que magistrados y ex magistrados de San Luis Potosí han acomodado familiares en distintas instancias del Poder Judicial Federal.

Los anteriores son casos que ya se conocen gracias a la labor de investigación de periodistas y organizaciones sociales. ¿Cuántos más habrá que por la discrecionalidad y complicidad que existe a su alrededor, se desconocen?

El nepotismo y el amiguismo causan graves daños a la sociedad porque en muchos casos hay ineficacia en el desempeño de sus funciones por parte de los funcionarios, auxiliares o asesores que se contratan sin cumplir el perfil profesional o técnico necesario, y porque producen un mayor gasto público en detrimento de la atención de necesidades sociales.

Pero, además, son el mejor incentivo para que funcionarios y servidores públicos sigan buscando la manera ꟷdiscrecionalmente por supuestoꟷ de colocar a los suyos en puestos públicos por encima de quienes por meritos propios deberían ocuparlos para beneficio de la sociedad.