Ni castración ni pena de muerte resuelven la violencia feminicida en SLP: activista

El pasado lunes, el gobernador hizo pública su intención de reformar el Código Penal de San Luis Potosí para castrar a violares y sentenciar a la pena de muerte a feminicidas.

María Ruiz

Castración a violadores y pena de muerte a feminicidas es una propuesta a reforma de ley que se aleja del centro de las víctimas, además de tener una perspectiva populista, así lo mencionó la especialista y defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres, Arely Torres Miranda.

Esto luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que estas dos opciones serían la única forma de acabar con los asesinos y agresores contra niñas, niños y mujeres en el estado.

Sin embargo, para Torres Miranda, quien ha colaborado en la elaboración de protocolos dentro del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, esta declaración carece de un análisis claro, responsable y serio sobre lo que significan los Derechos Humanos.

La también activista mencionó que el hacer pública esta propuesta, también resulta contrario al acceso a la justicia.

“Eso es seguir abonando a la criminalidad y al clima de odio. Me parece que el gobernador debería de asesorarse y entender que el tema de feminicidios debe ser atendido bajo una perspectiva que englobe una política transversal, con una mirada intercultural centrada en las víctimas y su necesidad”, explicó.

La experta indicó que el hecho de querer incrementar las penas está colmado de una mirada punitiva que no abona ni arregla la problemática.

“Lo que se tiene que hacer es trabajar desde cada una de las instituciones para evitar los feminicidios. El chiste no es detener a los feminicidas y dar penas enormes, o bien, castrar a los agresores y hasta cortarles la mano, lo primordial es buscar acciones enfocadas a erradicar esta violencia”.

Por lo que sería primordial que en San Luis Potosí las niñas, niños y mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia antes de pensar en la ejecución de una persona condenada.

“Se necesita trabajar en políticas públicas que abonen a la prevención y que cuando sucedan las violencias, podamos acceder a la justicia”.

Por último, Torres Miranda consideró que el hecho de que el gobernador haya decidido guardar silencio sobre este tema hasta después de los festejos patrios, habla de que no hay un interés real sobre esta problemática.

“Sus declaraciones van dirigidas hacia sus votantes y electorado. Está alejada de una realidad que nos atraviesa a las mujeres de San Luis Potosí en este clima de impunidad y violencia”, sentenció.

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