Leticia Vaca
Ex trabajadores del Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab que fueron despedidos al inicio de la actual administración, denunciaron que además de quitarles sus empleos, no se les quiere entregar su liquidación correspondiente.
“El día dos de octubre nos presentamos y las puertas de la presidencia fueron cerradas con candados, no nos dejaron entrar (….) no se nos entrega lo que nos corresponde y tampoco nos quiere reintegrar”. Explicó Teresa de Jesús Espinosa Meraz, quien se desempeñaba como secretaria en el área de Obras Públicas.
Comentó que también existe el temor a las represalias, “íbamos a venir más compañeros pero por temor y amenazas del alcalde, no vinieron, somos varios los afectados”.
Dijo además que su intención no es buscar problemas, pero el alcalde Josué Soni Cortés, no se ha prestado para llegar a un acuerdo, como solución en un primer momento ofreció dar 8 mil pesos como liquidación, posteriormente bajó su oferta a 5 mil pesos, cuando algunos llevaban hasta 20 años laborando en la presencia municipal.
En ese sentido el abogado de los denunciantes, Juan Manuel Lara Lugo, explicó que el trabajador que percibía el salario más bajo como mínimo, debería recibir 15 mil pesos. Asimismo detalló que ya se presentaron las demandas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por el despido de 200 personas, más las que se agreguen, ya que los afectados fueron más de 400. “Resulta ser la única forma de defender sus derechos; quiero hacer notar que hay temor para su seguridad personal (…) hacemos responsable al presidente municipal de lo que les pudiera pasar y a las autoridades estatales por no atender la problemática a tiempo”.
Refirió que el presidente municipal advirtió a los afectados, que solo perderían su tiempo al demandar ante un Tribunal donde se tardan mucho en resolver. “Es cierto que el tribunal tiene muchas demandas, pero estoy hablando de que en la demanda son 200 personas, más los que se van a agregar, fue un despido masivo”.
El abogado pidió la intervención del Congreso y de Gobierno del Estado, para que actúen en favor de los despedidos. “Si él quería que no continuaran trabajando, simplemente debió hacer las cosas conforme a la ley, el gobernador y el Congreso del Estado como mediadores deben intervenir porque es un problema social”.
