Astrolabio

Angélica Campillo

El fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, aseguró que en la institución de procuración de justicia a su cargo no existe orden de aprehensión en contra de la exsecretaria de Salud de la administración 2015-2021, Mónica Rangel Martínez, a pesar de que hay una denuncia en su contra desde agosto de 2019.

Ruiz Contreras dijo desconocer si la doctora tiene una orden de aprehensión, pero “por parte de la Fiscalía no hay mandamiento judicial de esa naturaleza”.

Además, el fiscal aseguró que hasta el momento no hay ninguna investigación directamente en contra de la exsecretaria de Salud.

La ex candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena promovió un amparo en contra de una orden de aprehensión que presuntamente se habría intentado ejecutar hace unos días.

Dicho amparo fue promovido el pasado viernes 7 de enero por Mónica Rangel, y el Juzgado Segundo de Distrito le otorgó la suspensión provisional ante cualquier orden de captura.

Según el documento, la ex candidata a la gubernatura se amparó contra la garantía de no ser molestada por la autoridad, hasta que se presente un documento que funde y motive el procedimiento judicial.

No obstante, en la solicitud, Mónica Rangel reconoce saber de procedimientos en su contra al especificar que “los razonamientos hechos por el tribunal no son del todo acabados o entendibles”.

Denuncia contra Mónica Rangel se presentó en agosto del 2019 ante la FGE

En agosto de 2019, la empresa Quick Shine del Potosí denunció penalmente a Mónica Rangel y al representante de Invercorp, quien actualmente está vinculado a proceso, Gabriel “N”, por estar presuntamente involucrados en la utilización de documentos fiscales, sin el consentimiento de los dueños de la compañía.

La Secretaría de Salud pagó en 2017, sin protocolos previos o revisiones de cuenta, una factura de 3 millones 54 mil 783 pesos a QuickShine, cuya contabilidad en ese entonces estaba a cargo de Gabriel “N”, y fue saldada el mismo día que se emitió, de acuerdo con el representante legal de la empresa, Tomás Ricardo Coronado Zárate.

De acuerdo con el abogado, el ex fiscal general Federico Garza Herrera congeló la denuncia, y para ellos quedó claro que existía una protección a Gabriel “N” desde la Secretaría General de Gobierno y de los Servicios de Salud.

Ante dicha situación, el representante legal de Quickshine solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la denuncia en contra de Mónica Rangel y Gabriel “N”, sin embargo, la dependencia federal dijo que esta era responsabilidad de la FGE.

El 12 de marzo del 2021, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción interpusieron denuncias contra Rangel Martínez, Gabriel “N” y varias personas físicas más, así como en contra de quienes aparecen como socios en más de 20 razones sociales ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La organización civil solicitó investigar el presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones, defraudación fiscal a través de la emisión de facturas de empresas presuntamente “fantasma” o “fachada”. Esto con el objetivo de dar seguimiento al flujo del dinero depositado inicialmente por los Servicios de Salud del Estado a las diversas cuentas fiscales, su dispersión, detectar esas cuentas y el destino final de los recursos públicos.

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