Carlos Rubio
La discordia entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) se ha consolidado en el informe individual de auditoría que finalmente se ha hecho público y que establece un pliego de observaciones por 658 millones 175 mil 306 pesos, referentes a los ingresos propios de la máxima casa de estudios, los cuales han sido objeto del debate sobre si el organismo debe revisarlos o no.
El informe de la auditoría número AEFPO-25-UASLP-2022 detalla que en su Cuenta Pública 2022, la UASLP reportó haber tenido ingresos por más de 658 millones de pesos, mismos que el organismo fiscalizador determinó auditar en su totalidad.
El 17 de abril de 2023, el IFSE requirió a la UASLP información para iniciar la auditoría, sin embargo, la Universidad no presentó ninguna información sobre el destino de sus ingresos. Posteriormente, tampoco otorgó documentación para solventar el resultado.
En el pliego de observaciones, el IFSE determina que “se presume un probable daño o perjurio a la Hacienda Pública por un monto de $658,175,306 (…) lo anterior en virtud de que no se cuenta con documentación que compruebe y/o justifique las erogaciones efectuadas con los ingresos propios reportados en la Cuenta Pública 2022”.
La UASLP se ha negado a demostrar el destino de sus ingresos propios ante el IFSE, ya que afirma que esta revisión se encuentra fuera de sus facultades, pues los recursos no se encuentran previstos en la Ley de Ingresos de San Luis Potosí, por lo que asegura que este proceso concierne únicamente al Órgano Interno de Control de la Universidad.
De acuerdo con un boletín enviado por la UASLP en agosto, se le requirió a la entonces llamada Auditoría Superior del Estado el fundamento legal mediante el que pretendía fiscalizar los ingresos propios de la institución, pero no hubo respuesta.
La Universidad promovió un juicio de amparo debido de las actuaciones que realizaba la Auditoría Superior con la entonces encargada de despacho Edith Virginia Muñoz, mismo que derivó en un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado.
La UASLP ha sido enfática en mencionar que no busca una confrontación con el Gobierno estatal ni con el Instituto de Fiscalización. Sin embargo, a través de sus comunicaciones, este último ha insistido en exhibir a la Universidad al hacer público el monto de las observaciones tiempo antes de que la institución fuera notificada y los documentos publicados.
La Universidad presumió no tener observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación, lo cual se ha reiterado durante los últimos tres ejercicios fiscales.
“Para el ejercicio 2022, el más reciente, la muestra auditada fue de 2,274,365.5 miles de pesos, de un universo seleccionado de 2,516,630.5 miles de pesos, es decir, el 90.4 por ciento del monto”.
Este debate sobre la fiscalización de ingresos propios de las universidades autónomas se ha extendido en el país. Recientemente, la Universidad Autónoma de Sinaloa dio a conocer que un Tribunal ha fallado siete veces a su favor, al señalar que la Auditoría Superior de dicha entidad no tiene competencia para revisar sus recursos propios.
El último fallo del Tribunal determinó que los recursos propios de la Universidad no son otorgados directamente por el Estado, sino autogenerados, y por tanto son derechos privados que no son sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría.
