Por Victoriano Martínez

Describió con detalle la forma de operar de una red de blanqueo de cuentas públicas que aplicaba una cuota (moche) del 10 por ciento del monto de las irregularidades eliminadas con la participación de un grupo de diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que eran parte de la ecuación.

Señaló a sus compañeros diputados que, moche de por medio, formaban parte de esa fórmula puesta a disposición de los presidentes municipales, como el pase para recibir un certificado como el mejor alcalde del mundo. Es decir, que su cuenta pública de 2016 apareciera con cero observaciones.

Aquella explicación se la dio a Crispín Ordaz, alcalde de Ébano, quien video grabó la conversación y la convirtió en una confesión pública involuntaria al filtrarla al periódico Pulso, que la difundió el 12 de junio de 2017, lo que provocó la indignación pública y que desde entonces se conociera esa red como la ecuación corrupta, que se volvió el distintivo de la LXI Legislatura.

Enrique Flores Flores, el protagonista principal de la ecuación corrupta, es hasta ahora el único que fue vinculado a proceso penal por la red de complicidades para evadir responsabilidades sobre el mal manejo de los recursos públicos que describió con detalle y, casi tres años después, le llega la sentencia.

Ocho meses de cárcel en libertad.

De acuerdo con la información que difundió este martes la agrupación Ciudadanos Observando, “todo se resolvió por un procedimiento abreviado y no en un juicio, esto a solicitud del acusador dependiente del Fiscal Federico Garza Herrera”.

Han pasado casi tres años (mil 23 días para ser exactos) desde que se conoció públicamente la confesión de Flores Flores. Que la Fiscalía promueva un procedimiento abreviado resulta una burla menor que abrió paso a la burla mayor: ocho meses de cárcel en libertad.

No se requiere mucha imaginación para figurarse una reunión en la que Flores Flores, Garza Herrera, y los mencionados en el video (Manuel Barrera, Oscar Bautista y José Guadalupe Torres), encabezados por el gobernador Juan Manuel Carreras López, brindan por el triunfo de la impunidad pero, sobre todo, se carcajean de la indignación y movilización ciudadana de aquel momento.

Ocho meses de cárcel en libertad.

Una sanción tardía y poco proporcional con el grado del agravio a la sociedad, a la que se le manda el mensaje de que poco puede confiar en que los impuestos que tanto esfuerzo le implica pagarlos se manejarán correctamente.

Toda una red organizada para evadir las sanciones a que se pueden hacer acreedores quienes desvían recursos públicos a cambio de un 10 por ciento del botín, y sólo uno de los personajes involucrados resulta sancionado en completa libertad… con una cárcel de papel.

Mayor invitación a que ese tipo de mecanismos, depurados y con mejorados esquemas de opacidad, no puede darse. Las consecuencias son mínimas y sólo basta que entre todos los involucrados se haga una rifa a ver a quien le toca ser el chivo expiatorio.