Abelardo Medellín
La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado aseguró que no puede investigar si un proveedor o licitante está vinculado con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como ocurrió en el caso de la empresa RUPA EDIFICACIONES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V., la cual ha recibido en el actual sexenio una serie de contratos por más de 21.4 millones de pesos.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, el oficial mayor, Noé Lara Henríquez, comentó el trabajo de la dependencia no es indagar vínculos entre funcionarios y las empresas contratadas: “Nosotros nos dictamos estrictamente a la cuestión legal”.
El pasado 20 de junio, Astrolabio reveló el vínculo entre RUPA EDIFICACIONES DEL POTOSÍ, empresa beneficiada por la administración estatal con contratos que suman 21 millones 486 mil 823 pesos, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho.
Pese a afirmar que la Oficialía no indaga sobre los vínculos que puedan tener empresas proveedoras del Gobierno, el funcionario aceptó que tenía conocimiento que uno de los domicilios de la empresa está relacionado con la familia del gobernador, pero negó que eso fuera asunto de su dependencia.
“Alguien me comentaba que una de esas empresas tiene su domicilio en un inmueble que es propiedad de los señores [Gallardo] lo desconozco, porque nosotros tampoco andamos indagando en dónde está establecido y quién es el dueño y a qué se dedica, simplemente vemos que sea una empresa seria, legalmente constituida y que sea una empresa solvente”, afirmó.
Al cuestionarle si en el proceso de contratación no se aplica algún filtro para evitar posibles casos de conflicto de interés, respondió que “la verdad no”, puesto que la administración pasada dejó un padrón de proveedores.
“Sí se han agregado más, están en su derecho (…) lo que buscamos es la correcta administración del recurso público, antecedentes en cuanto a quiénes la constituyen, quiénes son los socios, en fin, lógicamente si son empresas que han incurrido en alguna responsabilidad están vetadas y no podríamos tratar, pero imagínese que investiguemos a todos los proveedores, no terminaríamos, sería complicado”, explicó Lara Henríquez.
Sobre la posibilidad de que el procedimiento de invitación restringida DGA-DCO-IR-00013-22, a través del cual el Gobierno del Estado pagó 21 millones 486 mil 823 pesos a RUPA EDIFICACIONES DEL POTOSÍ, levante suspicacias por el vínculo con el gobernador, el oficial mayor comentó:
“La verdad no, nosotros estamos para satisfacer los reclamos de las diferentes dependencias (…) lo que buscamos es que el proveedor nos de la calidad que necesitamos y desde luego un mejor precio, si eso lo reúne esa empresa ella sale beneficiada con el fallo. Insisto, lo que hacemos es administrar en forma correcta los recursos públicos”.
