Estela Ambriz Delgado
Ante la simulación democrática en torno al fracking y lo que consideran una traición del gobierno federal a las comunidades indígenas (mediante el uso de programas sociales en la Huasteca Potosina para exigir lealtad política) el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) hizo un llamado a fortalecer las asambleas comunitarias ante una inminente imposición gubernamental que buscará dividir a la población.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM, apuntó que, en el debate sobre proyectos extractivos como la fracturación hidráulica, la discusión suele reducirse a cifras o discursos vacíos sobre una supuesta soberanía energética, dejando de lado el impacto psicosocial y político sobre las comunidades indígenas y campesinas.
Cisneros considera que el problema central no radica únicamente en la amenaza ambiental, sino en la simulación democrática y el incumplimiento de la palabra empeñada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en campaña se comprometió a consolidar la prohibición de esta devastadora técnica y de la minería a cielo abierto, pero que ahora recurre a una retórica de “soberanía energética” por encima de la salud, la vida, el territorio y el agua.
Aseguró que esta dinámica atrapa a las comunidades y personas indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema en un dilema perverso, donde una parte de su subsistencia depende de los programas sociales del mismo gobierno que las amenaza y chantajea.
“A pesar de que la Constitución y sus leyes reconocen formalmente a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, en la práctica cotidiana se les sigue tratando como sujetos de interés público: entes pasivos desprovistos de autonomía, cuyas vidas y territorios quedan a merced de lo que el Estado determine unilateralmente”.
En su análisis, el activista estimó que dicha agresión no ocurre por accidente, sino que es el resultado de un modelo gubernamental que instrumentaliza la vulnerabilidad. Señaló que la estructura estatal mantiene a las comunidades sin acceso a medios independientes para verificar la información sobre los riesgos reales del despojo.
Además, denunció que se les niega sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, y que estos ejercicios solo se realizan cuando se busca legitimar leyes que benefician exclusivamente al gobierno, lo que calificó como un atropello a los derechos comunitarios más allá de una simple simulación.
Cisneros agregó que, en la mayoría de los recientes eventos organizados en la Huasteca Potosina para defender la “soberanía”, el gobierno federal utiliza los programas sociales para exigir lealtad política, silencio y resignación.
“El Gobierno, que no ha cumplido su palabra, apela ahora al patriotismo y a la defensa contra presiones extranjeras para justificar el sacrificio de los pueblos originarios en el altar del desarrollo”.
El activista advirtió que las consecuencias de esta violencia son devastadoras para el tejido social, ya que en el plano individual genera ansiedad, estrés, impotencia e incertidumbre, mientras que a nivel comunitario provoca la ruptura de la asamblea, la polarización entre vecinos y familias, y la pérdida total de confianza en la palabra del gobierno.
“El efecto más severo que busca imponer el Gobierno es dividir a la comunidad entre quienes aceptan la imposición por necesidad y quienes resisten por supervivencia, logrando que el conflicto se traslade al interior y no al exterior; por otra parte, busca entretener con consultas falsas relativas a sus derechos”.
Frente a este escenario, destacó que la única vía confiable es la asamblea y la organización comunal. Por ello, consideró necesario que la población indígena reconozca que los programas sociales son derechos constitucionales pagados por el pueblo, y no dádivas partidistas ni un cheque en blanco para entregar el agua, la tierra y la vida.
En este sentido, indicó que la asamblea comunitaria autónoma cobra mayor relevancia, pues es el espacio donde se define el destino de la comunidad, la información se transmite en lengua indígena y las decisiones se toman en favor del bien común bajo los sistemas normativos internos.
“Las comunidades indígenas entienden que el vecino cooptado por la necesidad es una víctima más, pero que hay que evitar la manipulación manteniendo la unidad, porque esta es el escudo contra la entrada de las empresas extractivas como Pemex. Ante la amenaza, las comunidades indígenas se han cuerpeado: revalorizan la milpa, el intercambio local y las redes de solidaridad mutua para reducir la vulnerabilidad frente a las presiones del poder político”.
