Por Victoriano Martínez
Si algo favorece la transparencia a la que están obligados los entes públicos con la difusión de oficio de información con respaldo documental es dejar una huella pública del cumplimiento o no de otras disposiciones legales. Una ventaja de verificación para la población interesada que, de parte de los funcionarios, también suele verse como una amenaza.
El caso que, de simplificarse su consulta, podría atraer más la atención de la ciudadanía, es el de las contrataciones para adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas, por ser larga la lista de desplantes de un derroche de recursos, como los gastos de los festivales de Invierno y Navideño del pasado diciembre, organizados por el gobierno estatal y el municipal.
Publicar los contratos de cada una de las adquisiciones como les ordena la Ley de Transparencia es, para los responsables de hacerlas, la mejor oportunidad de demostrar públicamente la correcta aplicación del erario, pero al mismo tiempo tendría que representar el mejor candado que les impidiera el uso discrecional de los recursos públicos.
Lamentablemente, lo que exhiben los portales de transparencia –y las respuestas a solicitudes de información– es la opacidad con la que prácticamente todas las dependencias evitan ese candado, lo que deja ver necesariamente la intención de ocultar violaciones a la Ley de Adquisiciones.
Lo poco que suelen revelar confirma la sospecha que abre la opacidad. La información proporcionada por la Secretaría de Cultura con relación a los contratos y el costo de la Villa Navideña, el pirulí más grande del mundo y la pista de hielo es un claro ejemplo.
La Administración Pública Estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, según consulta al Portal Nacional de Transparencia, oculta la totalidad de los contratos. De ese tamaño es la violación a la Ley de Adquisiciones que se busca ocultar.
También se debe tener en cuenta que la publicación de los contratos por sí mismo no es garantía de cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, sino –como ha quedado señalado– abre la posibilidad de una verificación ciudadana con posibilidades de detectar irregularidades.
Una posibilidad que se vuelve más accesible con el uso de los buscadores temáticos que recién se han incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Usar los filtros de ese buscador permite, por ejemplo, detectar que la administración de Gallardo Cardona oculta todos los contratos, en tanto que la municipal de Enrique Galindo Ceballos publica 341 contratos de octubre a diciembre de 2021, los primeros tres meses de su gestión.
¿Mayor cumplimiento a la Ley de Transparencia por parte del alcalde? Sí, pero de manera engañosa: se trata de un listado de los 341 contratos, pero en la gran mayoría no aparece el documento y en su lugar se presenta un aviso que señala que “el contrato que se reporta se encuentra en proceso de recabación de firmas y/o versión pública” (sic).
Además, no se publica la totalidad de los contratos, lo que resulta evidente por gastos tan ostentosos y sobre los que incluso por vía de solicitud de información no se proporciona la información completa, como los relacionados con los más de tres millones de pesos en el pasado Festival Navideño.
De una revisión de los montos reportados para cada uno de los 341 contratos que aparecen en la PNT, se puede hacer la siguiente clasificación sobre el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones:
- Adjudicaciones directas que cumplen la ley (montos menores al límite de 100 mil 800 pesos) 310, por un total acumulado de 2 millones 21 mil 215.18 pesos.
- Adjudicaciones directas que debieron ser por invitación restringida (con montos entre 100 mil 801 y 1 millón 209 mil 870 pesos) y en consecuencia violan la Ley: 14, que acumulan un monto acumulado de 6 millones 447 mil 225.29 pesos.
- Asignaciones por invitación restringida que debieron ser licitaciones (montos mayores a 1 millón 209 mil 870 pesos) que también violan la Ley: 3, que acumularon un monto por 3 millones 951 mil 124.74 pesos
- Adjudicaciones directa que debieron ser licitaciones, una violación más a la Ley: 7, con un acumulado de 64 millones 428 mil 384.13 pesos.
Es decir, de una verificación sobre la información publicada con relación a los contratos se puede detectar la aplicación de 74 millones 826 mil 734.16 pesos al margen de la Ley. ¿Con cuánto más se violó la Ley de Adquisiciones en los contratos que mantuvieron ocultos? ¿Con cuánto viola esa ley Gallardo Cardona, quien oculta la totalidad de los contratos?
Sin duda un ocultamiento que busca impedir que la ciudadanía tenga la posibilidad de verificar no sólo el apego a la Ley de Transparencia, sino también el apego a otras leyes.
Un ocultamiento tolerado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), encargada de hacer cumplir la Ley de Transparencia, que favorece una fiscalización cómplice por parte del Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado.
Una opacidad que deja ver la estructura de encubrimiento armada entre sujetos obligados – órgano garante de transparencia – órgano de fiscalización. Un campo totalmente abierto a la corrupción y la impunidad.
