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México, D.F (28 de agosto de 2015).- Un juez mexicano libró orden de captura por tráfico de menores contra un ex funcionario del área de protección a la infancia del estado de Sonora y otras quince personas por la presunta venta de nueve niños a padres que querían adoptar.

El procurador de justicia de Sonora, Carlos Navarro, presentó cargos contra el ex subdirector de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, un gestor y otras 14 personas, incluidos los registrados de manera fraudulenta como padres biológicos de los niños.

Las investigaciones comenzaron en marzo a partir de una denuncia anónima y los casos se remontan hasta 2012. No se indicó cuál es la situación actual de los niños, pero Navarro dijo que todos están identificados.

Un portavoz de la fiscalía dijo que bebés que debían quedar bajo custodia de las autoridades eventualmente para ser dados en adopción, eran entregados por sumas de hasta 150 mil pesos. De esta manera eran entregados directamente a las personas que querían adoptar, otorgándoles un “trámite exprés”, y se le registraba como padres biológicos a cambio de un pago.

Según un comunicado oficial, el funcionario y un cómplice trabajaban con un médico que les proporcionaba un “aviso de nacimiento” con el nombre de la madre falsa, “listo para que se plasmara su firma y la huella de la planta del pie del bebé; en seguida, se llevaban a los menores a registrar al Registro Civil y obtenían un acta de nacimiento como si fuera un hijo biológico”.

La red contaba supuestamente con complicidad de empleados del Hospital Infantil, que avisaban cuando mujeres embarazadas con problemas de droga o alcoholismo ingresaban a dar a luz, para quedarse con los niños.

También se sospecha que están implicados funcionarios del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo público encargado de las casas-hogar.

“En muchos casos no entraban al sistema, sino que se entregaban de manera directa a parejas que lo habían solicitado”, dijo Navarro a Milenio Televisión.

De acuerdo con la fiscalía, el funcionario enfrenta penas de hasta 40 años de cárcel. Los niños “no fueron abusados ni entregados a personas para su explotación por lo que no estamos hablando de delito de trata”, aclaró Navarro.

No obstante, las personas que recibieron a los pequeños en condiciones ilegales hicieron “un magnífico trabajo de tutela”, afirmó.

La investigación comenzó después de que una persona denunció de manera anónima que estaba reteniendo a un bebé de manera ilegal. Las autoridades indagan si otros niños fueron entregados de manera irregular y si hay más involucrados.

Fuente: Emeequis.

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