Ciudad de México (25 de mayo de 2016).- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a ofrecer una disculpa pública a Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena condenada a prisión por un delito que no cometió.
Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.
La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía detrás de los participantes en la protesta. En sus declaraciones originales, del 27 de marzo de 2006, los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones no mencionaron en ningún momento a Jacinta Francisco Marcial. Fue un mes después, al mostrarles dicha fotografía, cuando la acusaron de haber tomado parte en el presunto delito
Jacinta fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra. Sin embargo, la dependencia se negó a reconocer su inocencia.
Amnistía Internacional, que junto al Centro Prodh ha acompañado el caso, nombró a la mujer presa de conciencia el pasado 18 de agosto de 2009 por la condenada a 21 años de prisión que recibió.
La organización dijo que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
Este martes, a una década de su detención, la justicia le ordenó a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.
“La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la vía de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos”,explicó Amnistía Internacional.
De esta manera, detalló, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.
La organización detalló que esta decisión judicial es inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado.
En ese sentido, Amnistía y el Centro Prodh exhortaron a qué través de las instancias competentes, se giren las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla.
Las organizaciones recordaron que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos.
Por ello confiaron que tal como sucedió en el caso de Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas.
Fuente: NW Noticias.
