Estela Ambriz Delgado
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza una evaluación al Estado mexicano sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para la cual diversas organizaciones presentaron previamente cerca de 30 informes alternativos que documentan preocupaciones y vulneraciones en la materia.
Entre las agrupaciones que participaron en estos informes se encuentra la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la cual informó que este proceso de evaluación se realizó desde ayer 4 de noviembre y continúa este 5 de noviembre en sesiones públicas en la Ciudad de México. Dichos trabajos forman parte del 80º periodo de sesiones, iniciado el 2 de noviembre y que concluye el día 13, lapso en el que también serán examinados países como Austria y Pakistán.
El Comité DESC está integrado por 18 personas expertas independientes y funge como órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en los principales tratados y de velar por que las personas bajo la jurisdicción de cada Estado parte disfruten de los derechos amparados por estos instrumentos.
La AMCF explicó que, como sucede con otros tratados de derechos humanos, los Estados parte del PIDESC también tienen la obligación de presentar informes periódicos a su respectivo comité, sustentarlos en las sesiones celebradas en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, así como atender los motivos de preocupación y cumplir las recomendaciones formuladas por este órgano en sus observaciones finales.
El PIDESC ampara los derechos humanos a la libre determinación, a la igualdad y a la no discriminación, a la protección y asistencia a la familia, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a fundar y afiliarse a sindicatos, a la seguridad social, a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, al agua, al saneamiento, a la salud, al medio ambiente sano, a la educación y a la cultura, entre otros.
Las organizaciones puntualizaron que, desde que México ratificó el PIDESC en 1981, el Estado ha presentado seis informes periódicos al comité; la última vez ocurrió en marzo de 2018, cuando fue examinado su quinto y sexto informes periódicos combinados, de los cuales derivaron una serie de recomendaciones contenidas en sus observaciones finales de ese año.
Además de enfocar la evaluación en el séptimo informe periódico del Estado mexicano (E/C.12/MEX/7), presentado en 2024, el comité tomará en cuenta los informes alternativos y la información que organizaciones de la sociedad civil y la academia le hicieron llegar con antelación, así como los motivos de preocupación expresados durante las sesiones informativas previas sostenidas en privado los días 2 y 3 de noviembre.
La AMCF destacó que este proceso representa una oportunidad para visibilizar las demandas de la sociedad civil e impulsar recomendaciones internacionales que contribuyan al cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Entre las organizaciones que participaron figuran el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (CAM-UNAM); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el Colectivo de Abogadas Indígenas (Coai); y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (Codehutab).
Asimismo, intervinieron la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) – Sección 22; Deca, Equipo Pueblo A.C.; Defensa de los Derechos Humanos en el Sur de Veracruz A.C.; Digna Ochoa A.C. (Digna); el Equipo de Coordinación de Organismos Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC); el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes (Espacio Migrante); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y Greenpeace México A.C. (Gpmx).
El listado de organizaciones se complementa con Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (Imdec); el Observatorio Ciudadano de la Energía; el Observatorio de la Deuda en América Latina y el Caribe; el Observatorio de la Tierra y el Territorio (OTT); y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Finalmente, participaron la oficina regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC); la Red de Mujeres Sindicalistas; la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); SERAJ, Dignidad en la Infancia; Tejiendo Organización Social en el Campo (TOSC); Transparencia Mexicana; y la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas (UMIC).
