Fernanda Durán
El Partido Acción Nacional se posicionó públicamente en contra de la propuesta de los concesionarios del transporte urbano para elevar la tarifa hasta 15 pesos, al considerar que un incremento de esa magnitud afectaría de manera directa la economía de las familias y no se encuentra justificado por la calidad actual del servicio.
Durante una rueda de prensa, la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que uno de los ejes centrales del partido para 2026 será mantener una comunicación constante con la ciudadanía y fijar postura frente a los temas que impactan la vida cotidiana. En ese marco, afirmó que el blanquiazul rechaza el aumento propuesto por los permisionarios y llamó a la sensibilidad tanto del gremio transportista como de la autoridad estatal.
“La prioridad de Acción Nacional siempre será defender el bolsillo de las familias potosinas, y ante la propuesta de los permisionarios de elevar la tarifa al transporte público a 15 pesos, Acción Nacional le decimos no al tarifazo”, expresó, al advertir que los retos económicos que enfrentan las familias no pueden resolverse trasladando mayores costos a los usuarios.
Rodríguez Hernández sostuvo que, aunque se reconoce el incremento en los costos de operación del servicio, no puede perderse de vista la realidad de los hogares. En ese sentido, citó datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, al señalar que “un hogar en el sector de menores ingresos de nuestro estado percibe apenas 14 mil 287 pesos al trimestre”, y que el transporte representa uno de los gastos más importantes, por lo que un aumento de esta magnitud “no es un ajuste técnico, es un golpe directo a su capacidad de llevar el alimento a las mesas de sus hogares”.
La dirigente panista subrayó que el rechazo al incremento también está vinculado a las deficiencias estructurales del sistema.
“No se puede cobrar una tarifa de primera por un servicio que sigue atrapado en el pasado”, afirmó, al recordar que San Luis Potosí mantiene una de las peores evaluaciones nacionales en accesibilidad al transporte, particularmente para personas con discapacidad y adultos mayores.
Añadió que, antes de plantear un aumento, debe garantizarse que las unidades cumplan con condiciones mínimas de seguridad y legalidad, pues “actualmente existen más de 350 unidades operando de manera ilegal al haber superado los diez años de vida útil que marca la ley”.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, explicó que el marco legal vigente limita los incrementos tarifarios y obliga a que cualquier ajuste se base en criterios técnicos.
“No puede haber este aumento de 12.5 a 15 pesos, porque se rige bajo la Ley del Transporte Público que solamente puede haber un aumento como máximo del índice nacional de precios”, señaló, al precisar que dicho índice rondó el cuatro por ciento el año anterior.
Guajardo Barrera recordó que el transporte público es un servicio concesionado y que corresponde al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vigilar que los concesionarios cumplan con los requisitos legales para mantener sus permisos.
En ese sentido, adelantó que desde el Congreso se promoverán exhortos para que se garantice un servicio conforme a derecho, al reconocer que existen unidades que actualmente no cumplen con la normatividad.
El posicionamiento del PAN se da en un contexto en el que la discusión sobre la tarifa continúa abierta. La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Jacqueline Jáuregui Mendoza, ha señalado previamente que el servicio actual no justifica un aumento de 2.50 pesos y que un alza de ese tamaño tendría un impacto negativo en familias con ingresos bajos, estudiantes y trabajadores que dependen diariamente del transporte público.
Aunque en días previos la diputada Jáuregui Mendoza había sostenido que el servicio de transporte urbano no justificaba un incremento debido a las deficiencias operativas y al impacto que tendría en la economía familiar, este lunes matizó su postura tras la entrega de nuevas unidades.
Durante el evento encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la legisladora reconoció que la incorporación de 50 camiones nuevos representa “un gran inicio” en la renovación del parque vehicular. Ante el cuestionamiento directo sobre si esta modernización podría justificar un ajuste tarifario, señaló que “yo imagino que sí”, al considerar que la mejora en seguridad y condiciones del servicio podría modificar la percepción ciudadana, aunque la definición final del aumento corresponde a la autoridad estatal.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, Araceli Martínez Acosta, afirmó este lunes que el incremento a la tarifa sigue en análisis, pero descartó que el pasaje urbano vaya a subir hasta los 15 pesos, además de que este se realizará con base en el Índice Nacional de Precios y aún continúan las reuniones técnicas con los concesionarios para definir el monto.
“Los permisionarios quisieran un 50 por ciento de aumento, todo el tiempo están pidiendo más y más, pero no hay manera. Se tiene que hacer lo correcto y lo justo”, puntualizó, al señalar que la entrega de nuevas unidades forma parte de las contraprestaciones exigidas al sector transportista y que el compromiso es alcanzar al menos cien camiones nuevos, aunque reconoció retrasos atribuibles a las armadoras.
En este escenario, el PAN reiteró que su bancada en el Congreso del Estado no avalará un aumento de tarifa que no esté sustentado en un análisis técnico serio ni vinculado a una mejora real del servicio, y llamó a que el transporte público sea una herramienta que facilite la movilidad de las familias potosinas, no una carga adicional para su economía.
