Por Victoriano Martínez
En ejidos y comunidades son las áreas de uso común con potencial de explotación para grandes negocios, por ilícitos y dañinos para el medio ambiente que sean, las que atraen el interés de grandes empresarios por despojar a ejidatarios y comuneros, no sin la complicidad de autoridades municipales, estatales y algunos infiltrados en dependencias federales.
En las zonas urbanas, la llegada, como si se tratara de paracaidistas, de personal del gobierno del Estado a un terreno en el fraccionamiento El Sauzalito para lotificar un área verde y presuntamente pretender afincar en terreno ajeno a beneficiarios del programa “Tu casa, Tu apoyo”, revela otro tipo de interés por despojar a la población de sus áreas de uso común.
Sea por lucro económico abusivo y desproporcionado o por lucro político de proyección de imagen y clientelismo electorero, las superficies de terrenos de uso común en el Estado hoy están en riesgo… y la reacción comunitaria en su defensa, también.
Apenas hace un par de semanas, el Ejido Corcovada se convirtió en la sede de un modelo de defensa del territorio ejidal ante un intento de despojo empresarial extractivista que hoy la Procuraduría Agraria Nacional pone como ejemplo de lo que se debe hacer en el país como “la mejor defensa frente a acciones especulativas y privatizadoras que no se van a detener”.
En el caso del Ejido Corcovada, la postura del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona resultó abiertamente en favor de la depredación empresarial, al grado de que el propio gobernador argumento a favor del grupo empresarial al afirmar que los ejidatarios que defendían su territorio eran apoyados por quienes permitieron la destrucción del Cerro de San Pedro.
Las empresas defendidas por Gallardo Cardona incurrieron en invasión y destrucción del territorio ejidal sin autorización de la asamblea ejidal ni de ninguna autoridad ambiental, como si las tierras de uso común no fueran de nadie y se pudiera disponer de ellas simplemente por tener libre acceso.
Un modo de operación que Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, replicó en días pasados en el fraccionamiento El Sauzalito. El objetivo: apropiarse de un área de uso común de propiedad municipal para lotificar y entregar como parte de un programa social.
Una forma de operar que abre la sospecha sobre lo que pueda hacer detrás de la incorporación de municipios al programa de donación gratuita de terrenos por parte de Gallardo Cardona, en un programa distinto al federal denominado Vivienda del Bienestar.
¿De qué manera se va a contar con 500 terrenos en Tamuín, 2 mil 500 en Rioverde; 2 mil en Tamazunchale y en Ciudad Valles; mil en Aquismón y en Xilitla; 500 en Matlapa y en Axtla, y 2 mil en Soledad de Graciano Sánchez? Sobre los tres mil anunciados para entregar en esta ciudad, el caso de El Sauzalito da un indicio sobre la forma en que se contará con parte de ellos.
Los vecinos del fraccionamiento, es decir, la comunidad afectada, reaccionó y frenó los trabajos encabezados por abogados que nunca esperaron esa reacción y no atinaban a identificarse como particulares o como representantes de una empresa anónima para terminar autoadscribiéndose como empleados de SEDUVOP y de CEFIM.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el predio es propiedad municipal como área verde del fraccionamiento, que no existen permisos para obra alguna y que ya se tomaron medidas para actuar legalmente ante los daños provocados en el terreno, incluidos 100 árboles de un programa de reforestación municipal.
Al margen de que el caso se pueda inscribir en el contexto de la politiquera confrontación Gallardo-Galindo, lo destacado es que la comunidad salió en defensa de su derecho a la ciudad y logró frenar el pretendido abuso por parte de la autoridad estatal.
Bien podría llegarse a considerar lo de El Sauzalito como un caso aislado, pero más vale que los colonos de toda la ciudad se mantengan en alerta para cuidar sus áreas verdes de uso común.
