Desiree Madrid
La creación de delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial (IA) puede generar autocensura y agravar la falta de cobertura periodística en municipios de San Luis Potosí, advirtieron participantes del panel Derechos Humanos Digitales frente a la penalización de la inteligencia artificial: impactos en la libertad de expresión, el periodismo y la defensa de derechos, convocado por la Red Voces Libres en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
La moderadora Fátima Albizo, de Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., recordó que San Luis Potosí tuvo un antecedente con el tipo penal de halconeo y cuestionó que la actual legislatura también aprobara disposiciones para penalizar determinados usos de inteligencia artificial, conocidas como parte de la llamada Ley Serrano. Aunque esos artículos fueron derogados en julio pasado, señaló que el debate sobre sus alcances dejó preguntas sobre los límites de la intervención penal en la libertad de expresión.
“En San Luis Potosí tenemos mucho desierto informativo”, advirtió al señalar que existen municipios sin cobertura periodística. En ese escenario, expuso, las restricciones legales al uso de herramientas digitales pueden inhibir la publicación de información y reducir todavía más los espacios para conocer lo que ocurre en distintas regiones del estado.
Marco Clavel, representante de Artículo 19, sostuvo que recurrir al derecho penal no debe ser la primera respuesta ante los problemas relacionados con la inteligencia artificial. Explicó que el principio de ultima ratio obliga a considerar alternativas menos restrictivas antes de recurrir a sanciones penales, especialmente cuando están en juego derechos como la libertad de expresión.
“Tu libertad es una precondición para poder realizar otro tipo de cosas, llámese trabajo, educación”, afirmó. También cuestionó los riesgos de aplicar normas ambiguas en un contexto de desconfianza hacia las instituciones encargadas de investigar los delitos. Una legislación mal redactada, dijo, puede producir un efecto inhibitorio tanto en las personas que deciden expresarse como en el conjunto de la sociedad, que pierde información necesaria para tomar decisiones.
Alejandra Valduvín, de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) y DUSIAC, vinculó la discusión con el diagnóstico de una década de políticas públicas de protección a periodistas, elaborado antes de la formación del grupo ciudadano Crecer las Redes, integrado por periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Garantizar derechos humanos no es, no puede ser y jamás debería de ser un sinónimo de crear más delitos ni de inflar las penas en el Código Penal”, sostuvo.
Valduvín advirtió que la amenaza de una sanción puede llevar a periodistas y ciudadanos a abstenerse de publicar contenidos por temor a ser investigados. También cuestionó que cualquier imagen alterada mediante inteligencia artificial pueda considerarse delictiva sin examinar la intención, el contexto y las circunstancias en que fue producida. A su juicio, concentrar la responsabilidad en quienes utilizan estas herramientas deja fuera a las empresas que desarrollan los algoritmos.
Dardo Emanuel Neubauer, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y codirector de Archivero, relacionó el debate potosino con iniciativas legislativas de otras entidades. Mencionó la persecución contra el periodismo desde el gobierno estatal en Campeche y un proyecto sobre acoso digital en Puebla, cuyos términos consideró ambiguos.
También recordó que existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen que las personas públicas deben tener “una mayor recepción a las críticas”, debido a su posición y al interés público de sus actividades. En ese sentido, cuestionó que las propuestas regulatorias sobre inteligencia artificial coloquen en condiciones equivalentes a funcionarios y ciudadanos, sin considerar las diferencias entre ambos.
Neubauer agregó que la falta de precisión en las normas puede afectar el debido proceso y advirtió sobre el riesgo de que “se invierte la carga de la prueba”. Al referirse a los Principios de Chapultepec en materia de inteligencia artificial, que describió como compromisos no vinculantes, señaló que “las buenas prácticas dejan de ser buenas prácticas cuando alguien decide que ahora son malas prácticas”.
Desde SocialTIC, Óscar Rosales pidió revisar primero si existen condiciones suficientes para garantizar los derechos digitales antes de avanzar hacia nuevas restricciones. Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan periodistas indígenas de la Sierra Tarahumara y consideró que México todavía tiene pendientes importantes en esta materia.
“Todavía estamos en pañales aquí en México para empezar a hablar de este tipo de regulaciones”, afirmó.
Rosales alertó que un marco regulatorio sobre inteligencia artificial podría convertirse en un pretexto para revisar dispositivos electrónicos, en un país donde, dijo, hay evidencia de confiscaciones de computadoras y teléfonos celulares a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Sobre el trabajo en las redacciones, señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de las herramientas que se utilizan para producir información. “Ya se volvió parte de nuestra sopa”, dijo, y comparó una eventual restricción con quitarle al periodismo sus instrumentos de trabajo: “como si nos quitaran la grabadora, como si nos quitaran la cámara fotográfica, como si nos quitaran la pluma”.
Para el analista, limitar esas herramientas sin distinguir sus usos podría dificultar todavía más la labor informativa y contribuir a ampliar el desierto informativo en zonas donde la presencia periodística ya es reducida.
Valduvín cuestionó la diferencia entre la rapidez con la que se impulsan nuevas disposiciones penales y las deficiencias que, sostuvo, persisten en los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras.
Calificó de “paradoja ética, política e inaceptable” que el Congreso avance con rapidez en la creación de delitos mientras el mecanismo de protección permanece, en sus palabras, “omiso, desfinanciado, opaco y capturado”.
“Somos muy eficaces y veloces para girar órdenes de aprehensión contra quienes comuniquen, pero vamos a ser profundamente negligentes e incapaces cuando se trata de salvaguardar la vida y la integridad de esos periodistas y personas defensoras”, afirmó.
El representante de Artículo 19 añadió que han documentado un uso creciente de inteligencia artificial generativa para agredir a periodistas. Consideró que estas herramientas no originan por sí solas las desigualdades y los problemas sociales, sino que pueden amplificarlos: “La IA no opera por sí misma, amplifica las desigualdades y los problemas que ya tenemos”.
Durante la segunda parte del panel, la moderadora cuestionó el argumento de proteger a las mujeres frente a la violencia digital cuando, señaló, se utiliza para justificar la permanencia de disposiciones que pueden afectar otros derechos. Consideró que no es válido presentar la defensa de un derecho como justificación para vulnerar otros.
Entre las alternativas planteadas estuvieron definir con precisión los daños que ameritan una respuesta penal y distinguirlos de aquellos que pueden resolverse por la vía civil; establecer excepciones para la sátira, la caricatura y el periodismo de investigación; y fijar obligaciones para las plataformas digitales.
También se propuso impulsar la alfabetización digital crítica, promover la transparencia sobre el uso de inteligencia artificial en la elaboración de contenidos y conocer con claridad el problema que se busca resolver antes de aprobar nuevas regulaciones.
Marco Clavel enumeró cuatro criterios que, señaló, debe cumplir una norma penal: claridad, objetivo legítimo, necesidad y proporcionalidad. Añadió que, en asuntos relacionados con el honor y la desinformación, ya existen mecanismos legales como el derecho de réplica y las acciones civiles por daño moral.
“Lo que se presenta como un problema de fondo es más un tema de mala técnica legislativa”, sostuvo. Concluyó que “la criminalización no es una solución” y advirtió sobre la saturación de las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos:
“Las cárceles ya están llenas, las fiscalías ya están rebasadas”.
En la ronda de preguntas, asistentes plantearon cómo regular una tecnología que cambia en cuestión de meses y cómo proteger a las personas frente a los deepfakes sin restringir la libertad de expresión.
Una de las personas panelistas respondió que los derechos humanos existen en el marco legal, pero su garantía no está asegurada en la práctica, y propuso abordar la regulación también desde la perspectiva de los derechos colectivos.
