Plataforma Anticorrupción: exhibición de opacidad

Por Victoriano Martínez

Si algo suelen exhibir las plataformas que por ley se ponen a disposición del público para que se pueda consultar información pública son las maniobras que realizan los servidores públicos para evadir la transparencia.

El pasado 10 de junio, en el Periódico Oficial del Estado se publicó la declaratoria de inicio de operaciones del Sistema I de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, cuyo portal de internet se puede consultar en la dirección electrónica https://www.plataformadigitalestatalslp.org.

Y aunque desde el 22 de mayo se publicó el acuerdo del Comité Coordinador del SEA que estableció la plataforma digital estatal y emitió las bases para su funcionamiento, además del Catálogo de Perfiles de Usuarios, a la fecha, según se ha informado, sólo se han incorporado seis dependencias y publicado, según un recuento propio, 230 declaraciones patrimoniales y de intereses.

Los entes incorporados son la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con 87 declaraciones publicadas; la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), con 68; el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con 71, y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), con 4 declaraciones publicadas.

Aunque el Congreso del Estado y el ayuntamiento de Huehuetlán ya fueron incorporados, aún no publican ningún documento. En el caso de Huehuetlán su incorporación se dio la semana pasada. El Congreso del Estado tiene más de un mes.

Rafael Rodríguez López, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), dijo al presentar el sistema que se espera la publicación de 87 mil declaraciones 3de3. Eso representa que las con las 230 publicadas hasta ahora se tiene un avance en dos meses de apenas el 0.26 por ciento.

Al 30 de junio no había publicado ningún documento.

Cuarenta días después es posible consultar 230 declaraciones 3de3 que permiten reconocer la calidad de la información que se presenta, entre lo que destaca una omisión en la plataforma: una vez que se consulta la información sobre un servidor público específico sólo presenta pestañas sobre declaraciones patrimoniales y de intereses, y no para ver la declaración fiscal.

De los seis entes sobre los que ya hay declaraciones 3de3 publicadas, sólo en tres casos (CEDH, CEGAIP y TEJA) los titulares presentan su información. En el caso del CEEPAC, entre las cuatro declaraciones que presenta no aparece uno solo de los consejeros electorales.

Aunque aparece la pestaña para consultar las declaraciones de intereses de los servidores públicos, de los titulares de los tres entes que publican sus 3de3, sólo Jorge Vera Noyola, magistrado del TEJA, reporta datos sobre posibles conflictos de interés. Su compañera magistrada, los tres comisionados de la CEGAIP y la presidenta de la CEDH presentan ese apartado en el equivalen a en blanco.

En todos esos casos, la información que reportan dice “El servidor público declara que no cuenta con…”: Participación en empresas, sociedades o asociaciones, Participación en instituciones, Apoyos o beneficios públicos, Representación, Clientes principales, Beneficios privados y Fideicomisos.

Es más fácil encontrar datos relacionados con esos posibles con ese tipo de posibles conflictos de interés en personal de menores rangos.

A 78 días de concluir su mandado, el gobernador Juan Manuel Carreras López está por alcanzar a transitar todo su sexenio con la simulación del combate a la corrupción y liberarse de las obligaciones que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), creado más por obligación de armonización con el sistema nacional, no sólo con la publicación de las declaraciones 3de3.

De haber operado el SEA durante su sexenio, además tendría que haber hecho públicos quiénes intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, la lista de servidores públicos y particulares sancionados, el Sistema Estatal de Fiscalización, abrir la opción de denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción, y la información pública de contrataciones.

Si Carreras López evadió toda esa información desde el momento de no incorporarse a la plataforma anticorrupción, los diputados, a 67 días de concluir la LXII Legislatura, evitaron hasta la publicación de la 3de3 que, en la Plataforma Estatal de Transparencia, evaden por la vía de presuntas versiones públicas que son formatos en negro, es decir, con toda la información testada.

A 48 días de la declaratoria de inicio de operaciones del Sistema I de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, la posibilidad que representa para que los servidores públicos demuestren su convicción por la transparencia –si se cuantificara por la respuesta a la fecha– es de apenas un 0.26 por ciento. En oposición, con 99.74 por ciento opacos.

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